El primer ministro de Canadá Justin Trudeau prometía «el cambio real» durante la campaña electoral que le dio la victoria en las urnas en octubre de 2015.
Esa promesa quedó plasmada este jueves en el proyecto de ley C-14 que pretende regular el suicidio asistido para enfermos en fase terminal -en determinados supuestos- y también exonerar al personal sanitario que facilita o ayuda a proveer asistencia a los pacientes agonizantes.
Esta ley, que introduce modificaciones al Código Criminal y otra legislación, permitirá a los enfermos terminales «que están sufriendo de manera insoportable por una condición médica grave, elegir una muerte asistida médicamente«, señalaba el gobierno en un comunicado en el que recordaba que esa es una cuestión «difícil y profundamente personal».
En una rueda de prensa conjunta, la ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, y la ministra de Sanidad, Jane Philpott, explicaron que habían sido meses de trabajo conjunto con grupos de expertos, individuos, profesionales sanitarios hasta lograr «consenso respetuoso» entre las partes. «Creemos que este es el mejor enfoque para asegurar que los pacientes terminales que sufren un dolor insufrible tendrán la opción de una muerte tranquila», señaló Wilson-Raybould.
Para proteger a los vulnerables, la ley prevé que la muerte asistida sólo podrá aplicarse en adultos, «de al menos 18 años de edad y capaces de tomar decisiones sobre su salud», que padecen un sufrimiento insoportable y para quienes la muerte es «razonablemente probable».
También establece un «periodo de reflexión» obligatorio de 15 días para que los enfermos no tomen la decisión de manera apresurada. Los profesionales sanitarios que presten ayuda a estos pacientes podrán hacerlo sin el riesgo de ser acusados criminalmente; Según el Código Criminal -al que se han introducido enmiendas.
Decisión del Supremo
La ministra de Justicia subrayó que este legislación responde a la decisión del Tribunal Supremo de Canadá que anuló las leyes criminales contra la muerte asistida en febrero de 2015 -introducidas por el anterior gobierno conservador- y consideró inconstitucional denegar la opción de la muerte asistida para adultos que los solicitaban de manera consentida. Esta decisión dio lugar a que los jueces en diferentes partes del país concedieran permisos para practicar muertes asistidas de forma individual.
Con este nuevo texto se pretende unificar la legislación en todo el territorio canadiense reconociendo la jurisdicción de las provincias y territorios en la prestación de servicios sanitarios.
«Todos los canadienses merecen atención médica oportuna y de calidad, incluyendo al final de la vida», subrayó Philpott, en una emotiva comparecencia en la que calificó este día de histórico. «He visto a gente morir bien y morir miserablemente», dijo la ministra de Sanidad que habló de la enfermedad de degenerativa de su sobrina e insistió en que hay que proteger a los vulnerables. Philpott señaló también que el gobierno trabajará para «mejorar los cuidados paliativos como parte del debate sobre un nuevo acuerdo de salud».
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En la imagen: Edificio de la Corte Suprema de Canadá
