El Gobierno admite en el acuerdo que ordena la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos que necesita la autorización de la comunidad benedictina que custodia la Basílica para acceder al lugar de culto a ejecutar el desenterramiento o, en su caso, el visto bueno de la autoridad judicial competente, en este caso el Tribunal Supremo.
Esta circunstancia, argumenta el Ejecutivo, no impide al Gobierno acordar la exhumación, como ha hecho en el acuerdo aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros, pero sí conduce, reconoce, «a posponer a la fase de ejecución del acuerdo la habilitación correspondiente para la entrada en el referido lugar de culto de acuerdo con el ordenamiento jurídico, a partir del alcance expuesto a la inviolabilidad del mismo».
Así consta en el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros, en el que se da un plazo de 15 días a la familia para que elija otro lugar de inhumación alternativo a la cripta de la Catedral de La Almudena y que sea «viable», es decir, que no plantee problemas de seguridad y de orden público como, alega el Ejecutivo, presenta La Almudena.
A pesar de que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, intentó presentar el acuerdo como la decisión con la que se culmina el procedimiento, éste aún está lejos de concluir, como se reconoce en el propio acuerdo.
El Ejecutivo admite en esta fase del procedimiento que la inviolabilidad del lugar de culto prevista en los acuerdos firmados por el Estado con las distintas confesiones provoca un efecto, que no es otro que el de «la necesidad de requerir la autorización eclesiástica o de la confesión respectiva para acceder al lugar de culto y dar cumplimiento de una disposición legal».
Se ha requerido autorización
«En ningún caso -abunda el Gobierno en respuesta a las alegaciones recibidas por la abadía de los benedictinos- se ha cuestionado este efecto, y precisamente por ello se ha requerido la correspondiente autorización a la comunidad benedictina a cuyo cargo se encuentra la Basílica del Valle de los Caídos». El problema es que hasta la fecha, esa autorización se ha denegado.
No obstante, el Ejecutivo recuerda que esta inviolabilidad no se puede entender como que los lugares de culto estén al margen de la intervención de la autoridad civil, sino que ésta, de producirse, deberá ser acorde a la legalidad vigente.
Es decir, que si la autorización de los benedictinos sigue sin llegar, el Consejo de Ministros, según establece el propio acuerdo, podrá decidir «los actos que resulten necesarios» para ejecutar la exhumación, «incluyendo los relacionados con el acceso a lugares de culto según la normativa vigente». Pero estos actos, como cualquier decisión del Consejo de Ministros, pueden ser recurridos por las partes ante el Tribunal Supremo por la vía contenciosa administrativa.