El Estatuto reconocerá el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa

El camino para la aprobación de la reforma del Estatuto andaluz se despejó prácticamente ayer con la llegada del texto a la Comisión Constitucional de Congreso, donde se aprobó la mitad de su articulado. La voluntad de PSOE y PP para alcanzar un consenso global en el Estatuto cristalizó ayer en los pactos alcanzados por ambas formaciones en artículos que los separaban tanto como el derecho a una muerte digna o el carácter laico de la educación, apartado éste último en el que se abstuvieron IU y ERC.
 
 Una voluntad de acuerdo que podría extenderse, con toda probabilidad, a los espinosos asuntos de la «deuda histórica» y la realidad nacional» en segunda y última reunión de la Comisión el martes,en la que el texto podría quedar definitivamente aprobado.
Tras la primera sesión de la Comisión, donde se ha aprobado por consenso más de la mitad del Estatuto, parecen haber quedado atrás los movimientos que pretendían enturbiar la negociación, introducidos por dirigentes nacionales PSOE y PP los días previos, como los protagonizados, de un lado, por Alfonso Guerra y José Blanco, y, de otro, por Eduardo Zaplana.
Acuerdo final sin foto
A pesar de estas estrategias partidistas, al final, no se producía la reunión que deseaba el presidente de la Junta, Manuel Chaves, con los líderes de PP e IU, Javier Arenas y Diego Valderas, respectivamente, antes del inicio de los trabajos de la Comisión, para escenificar con una «foto» el acuerdo estatutario. Más bien, parece imponerse la tesis de Arenas de lograr, al final de los trabajos, un acuerdo global y no «troceado» de un Estatuto, «plenamente constitucional» y sin «foto».
Ayer, el líder del PP-A se felicitaba de que «estamos más cerca de un Estatuto de consenso y constitucional». Y es que, al final, el acuerdo con IU sólo sirvió al PSOE para sacar el texto en el Parlamento andaluz, mientras que la redacción definitiva se ha realizado al milímetro con el apoyo del PP modificando casi 120 artículos.
El «buen clima» de la negociación de la Ponencia se retomó ayer en la Comisión. La voluntad de acuerdo de PSOE y PP se manifestó en el Congreso, en el que se aprobaron, también con el apoyo de IU en la mayoría de los artículos, el título preliminar -con la excepción del artículo 1, que enfrenta a socialistas y populares y cuyo debate se aplazó para el martes-, de Derechos Sociales y de Deberes y Políticas Públicas, Competencias, Organización Territorial e Institucional y Poder Judicial. El PA se movió entre la abstención y el «no».
Acuerdo en educación
En el título de Derechos Sociales y de Deberes y Políticas Públicas, PSOE y PP alcanzaron acuerdos muy significativos en cuestiones que hasta hace unos días parecían casi irresolubles: el derecho a una muerte digna y el carácter laico de la educación. Sobre el primero de ellos, denominado ahora «testamento vital y dignidad ante el proceso de la muerte», los populares aceptaron una transaccional socialista en la que se reconoce «el derecho a declarar la voluntad vital anticipada que deberá respetarse, en los términos que establezca la ley y que todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y la plena dignidad en el proceso de muerte».
Más satisfechos, incluso, se mostraron los populares con las modificaciones introducidas al artículo sobre el carácter laico de la educación, donde se sustituye el segundo apartado por una nueva redacción, en la que se vincula ese carácter laico a la aconfesionalidad del Estado, se reconoce «el derecho de los padres para que sus hijos reciban formación religiosa», tanto en centros públicos como concertados, y la mención expresa a la «confesión católica». ERC e IU se abstuvieron en esta nueva redacción.
En el capítulo de Competencias, el PP no apoyó, entre otros, los artículos sobre transportes y comunicaciones, cultura y patrimonio -que incluye la competencia exclusiva del flamenco-, y cajas de ahorro. A pesar de ello, se modificaron 40 de los 44 artículos, entre ellos, la clasificación de competencias para que tuviera un mayor encaje constitucional.
En Organización Territorial e Institucional no se produjeron cambios sobre lo aprobado en la Ponencia. Sin embargo, en el capítulo del poder judicial hubo mayores diferencias entre socialistas y populares, que rechazaron 7 artículos, aunque se modificó uno de los que más distanciaba a ambos partidos: el correspondiente al Consejo de Justicia de Andalucía.
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