Una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU de hace tres años dictaminó que la obstrucción del aborto fue una violación de los derechos humanos de la joven
En un acto con representantes del Estado Nacional y de la provincia de Buenos Aires, se le pidió perdón a una chica con retraso madurativo que fue violada a los 19 años, quedando embarazada. Tenía derecho a realizarse un aborto, pero desde las instituciones nadie se hizo cargo. Este jueves se oficializó la reparación para esta mujer de 27 años.
A Micaela un tío la violó y embarazó en 2006. En ese momento tenía 19 años y, por un retraso madurativo, una edad mental de 10. Durante 37 días su mamá Vicenta y su hermana Verónica recorrieron hospitales y despachos judiciales de La Plata para que pueda acceder a un aborto legal. No lo lograron. La primera barrera la encontraron en el Hospital San Martín de La Plata cuando el embarazo tenía 14 semanas de gestación y la segunda la puso la jueza de Menores, Inés Siro, que intervino y prohibió la interrupción. Vicenta, que no sabía leer ni escribir y trabajaba como doméstica, pidió ayuda a las organizaciones de mujeres.Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, empezó a acompañarla y el caso llegó a la Suprema Corte bonaerense, que avaló con un fallo su reclamo y aclaró que no era necesaria la autorización judicial. Ocho años después, representantes del Estado Nacional y provincial le pidieron perdón en un acto por haber obstruido el acceso a un derecho vigente en el Código Penal desde 1921. Es la primera vez que en el país se hace un acto de reparación simbólica por una violación de los derechos sexuales y reproductivos
Hasta esta tarde Mica era conocida como L.M.R., sus iníciales. Ayer llegó desde Guernica, la ciudad bonaerense donde vive con su mamá, con sus anteojos de marco grueso y las uñas prolijamente decoradas con florcitas. También se encargó del maquillaje de su mamá. La acompañaban Vicenta, Verónica y sus tres sobrinos. Desde el lunes había avisado a la escuela que iba a faltar porque tenía que viajar a La Plata. Ahora tiene 27 años y Mica le gusta pintar todo lo que puede. Sus cuadros de acrílicos de selvas, duendes, mujeres y paisajes estuvieron expuestos en el Salón Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense donde se hizo el acto. Cuando terminó el evento había vendido toda su obra. Hace un año que pinta. Nunca había pensado en ponerles un precio. Se fue contenta porque esa plata la va a guardar para volver en remis de las clases de dibujo y no tener que caminar tanto. Su mamá Vicenta también estaba emocionada. “El Estado abandonó a mi hija y ahora viene a reparar ese daño. Las disculpas son para ella”, dijo a Infojus Noticias antes del encuentro.
En Argentina el aborto es legal cuando está en riesgo la salud o la vida o en casos de violación. El pedido de disculpas públicas a Mica forma parte de una serie de obligaciones que tiene que cumplir el Estado argentino por no haber cumplido con su derecho a interrumpir su embarazo. Una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU de hace tres años dictaminó que la obstrucción del aborto fue una violación de los derechos humanos de la joven y le ordenó al país proporcionarle “medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada” y “tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro”. Además de la ceremonia pública de resarcimiento, en agosto de este año el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Carvalho, y Ana Oberlín la coordinadora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se comprometieron a brindarle cobertura de salud, la posibilidad de inserción laboral, becas para su educación, una vivienda y una reparación pecuniaria. También se publicará la decisión del Comité en medios de tirada nacional y provincial.
“Me decían que lo diera en adopción pero yo contestaba que había una ley para defender a mi hija y no se estaba cumpliendo”, recuerda la mamá de Mica.
Las vidas de Vicenta, Verónica y Micaela cambiaron por completo después de haber peleado el acceso a este derecho. Las tres batallaron solas como familia. La pareja de Vicenta y padre de sus dos hijas se fue del hogar hace veinte años. No tenía una buena relación con su mujer: la maltrataba y golpeaba.
Después de recorrer hospitales públicos, despachos judiciales y salir en los medios, la mamá de Mica se quedó sin trabajo. Por mucho tiempo tuvo que ir a comprar ropa a La Salada con la plata que recibía de la pensión por discapacidad de su hija y revenderla a domicilio. Hoy trabaja como portera en un jardín de infantes. Tiene 59 años y va en bicicleta a todos lados. Pedaleando acompaña a Mica a sus clases de pintura y danza. Ahora sabe leer y escribir. El caso la comprometió con la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. A Vicenta se la puede ver en alguna marcha camuflada entre las mujeres de pañuelos verdes.
Vicenta, Verónica y Micaela tuvieron que enfrentar, también, a la parte paterna de la familia, de donde provenía el tío abusador. Cuando el caso se hizo público, ellas sufrieron amenazas verbales y hasta llegaron a tirarle piedras a su casa. Hoy viven a tres cuadras del hombre. Por eso, esperan con ansias que llegue la posibilidad de la vivienda que incluye la reparación integral.
“Las mujeres que llegan a un Hospital violadas tienen que ser atendidas en el momento. No puede ser que no cumplan, que nos humillen. A mí me despreciaron en todos lados”, dice Vicenta cada vez que habla del caso de su hija. En esos momentos frunce el ceño.
En 2006, la interrupción del embarazo se consiguió de manera privada. Fue gracias a las organizaciones de mujeres que se acercaron y acompañaron a Vicenta. Después de lograr la realización del aborto también la acompañaron en la vía judicial. Así, iniciaron una demanda contra el Estado argentino que fue promovida en 2007 por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario (Insgenar), el Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, de Córdoba.
“En nombre del Estado pido perdón por el horror y el error de este caso”, dijo Carlos Pisoni, subsecretario de Promoción de Derechos Humanos en el acto de esta tarde. En la mesa lo acompañaban Maria Grass, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres y Kibo Carlotto, secretario de derechos humanos bonaerense.
Entre los presentes estaba Lucía Portos, la diputada del Frente para la Victoria que presentó un proyecto de ley para la regulación al acceso del aborto no punible en la provincia de Buenos Aires. “Es necesario darle una solución integral al tema porque los casos como L. M. R. siguen pasando en la provincia”, dijo a la salida.
En el acto se multiplicaban los pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Vicenta también reclamó ese derecho: “Por favor, que no pase más lo que le pasó a mi hija”.
