En un país como España, que durante tanto tiempo ha estado sometido a la influencia católica, y en el queda tanto -en realidad, todo- por hacer en materia de laicismo, creo que se podía empezar por que el Estado cuidase sus formas en lo que a la religión se refiere. Si las instituciones que representan al Estado en todos sus niveles, Administración central, autonómicas, ayuntamientos, tribunales, cuarteles, hospitales, escuelas públicas, etc., respetasen las formas externas del laicismo, la sociedad avanzaría en el mismo sentido, pues es sabido que, para una gran mayoría de la población, lo que es legal o arropado por el poder, es también ético y un modelo a imitar. Estamos en un país en el que no se presta importancia a las formas en general y en el que la mayoría de la sociedad olvida que éstas no son más que la expresión externa de un cierto grado de civilidad y de cultura. Si todos deberíamos estar obligados a guardarlas, mucho más la institución que nos representa.
Ciñéndonos al caso concreto de la religión, el Estado está obligado a mostrar deferencia para con los ciudadanos que lo forman y lo sostienen, y debe ser deferente incluso aunque no se le demande. Basta que un solo español no sea católico (y hay cientos de miles) para que no tenga ningún derecho a imponer la simbología de esa religión en ninguna de sus dependencias. En tanto no lo haga así, está incurriendo en una tremenda descortesía para con todos aquellos que no profesan el catolicismo, y que colaboran al sostenimiento del Estado. Si, como en el caso español, además de no hacerlo así, les obliga, lo quieran o no, a sostener económicamente a la Iglesia católica, la descortesía se transforma sencillamente en insulto.
Esta deferencia que el Estado debe tener con sus ciudadanos, no sólo debe manifestarse en la simbología externa de sus edificios públicos, ni en la “neutralidad” económica, sino que también tiene que hacerlo en el comportamiento de las personas que lo representan, desde la más alta magistratura hasta la más baja. Ningún cargo público tiene derecho a hacer ninguna reverencia ante ningún obispo o cualquier otra autoridad religiosa, y mucho menos ante el Papa católico-romano que, por cierto, es Jefe de Estado de un país extranjero; no están legitimados para humillarnos a todos haciéndolo. Poniendo un ejemplo: se debería impedir -y deberíamos movilizarnos por ello- que el Rey de España vuelva a besarle jamás el anillo al Papa; los españoles no católicos, a los que también representa, no tienen por qué hacerlo con él cada vez que lo hace, que es siempre, por cierto. Es una exigencia mínima de la dignidad nacional. Eso ni siquiera lo hacía el Rey Balduino de Bélgica que, como es bien sabido, era extremadamente católico, ni, por supuesto, lo hace J. Chirac, que también lo es, ni el resto de los gobernantes católicos del mundo civilizado. Si cualquier Jefe de Estado de cualquier país democrático tiene un exquisito comportamiento en esta cuestión, por qué no va a tenerlo el Rey de España. Y en su caso además, y aparte de por las razones expuestas, yo diría que está aún más obligado que los otros porque -y esto es una opinión muy personal, seguramente compartida por muchos- tiene una especial obligación moral con los españoles, en razón de su “particular” forma de llegada al trono: debería ser particularmente cuidadoso. Y lo que sirve para él, sirve también para el presidente del gobierno, los ministros, presidentes y consejeros de las CC.AA., delegados y subdelegados de gobierno, alcaldes, jueces, militares, embajadores, etc.
Otra reclamación, de las muchísimas que le podríamos hacer al Estado en este terreno: que ningún cargo público asista, en calidad de tal, a ninguna celebración religiosa con motivo de ninguna fiesta patronal, ni a ningún otro de los muchos actos que la Iglesia católica organiza a lo largo y ancho del país, un día sí y el otro también, para mostrarnos su inmenso poder.
Y qué decir de la presencia del ejército en muchísimas procesiones, por no hablar de la que ya de por sí tiene la religión católica dentro del ejercito mismo. Y de los crucifijos en los juzgados, hospitales, escuelas públicas, etc., etc. Y dejo, para quien entienda más que yo de leyes, el tema de los acuerdos con el Vaticano, tan relacionados por cierto con la, en la práctica, obligatoriedad de la enseñanza religiosa.
En fin, que en lo tocante al laicismo, ÚNICA forma que el Estado tiene de respetar la conciencia de sus ciudadanos, en España está casi todo por hacer. Me asombra lo poquito que hemos avanzado tras 25 años de democracia y me asombra aún más que, algo tan de mínimos como el Estado laico, no provoque mas que indiferencia en la mayoría de nuestros compatriotas, seguramente porque no han tomado conciencia de hasta qué punto se les está insultando con un Estado semiconfesional, por no decir confesional del todo.
O sea, que tenemos tarea para… ¡décadas!
