El Estado laico en México lo podemos ubicar en un recorrido histórico desde el siglo XIX con las Leyes de Reforma, pero a lo largo de los años los mexicanos hemos hecho de los principios de libertad de culto, libertad de conciencia, separación Iglesia-Estado, educación pública y laica parte de nuestra esencia como mexicanos libres.
La importancia de releer nuestro pasado, recordar a Benito Juárez con las Leyes de Reforma que separaron los ámbitos de competencia de la iglesia y el Estado, y reconocernos como una república con autoridades civiles nos obliga a hacerlo, sobre todo cuando algunos representantes de la Iglesia católica cuestionan decisiones del gobierno de esta ciudad y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de los matrimonios libres y su derecho a adoptar.
Estos principios se han ido perfeccionando a lo largo de las décadas, a pesar de las tentaciones de retroceso que hemos visto en las últimos gobiernos, desde la reforma al artículo 130 constitucional hasta el rostro que quiso imprimirle Vicente Fox a su sexenio o el silencio complaciente del actual gobierno federal ante la participación de la Iglesia en temas de gobierno.
Esta relación con la Iglesia católica ha tenido varios desencuentros, podemos recordar la negativa de la Santa Sede a reconocer la Independencia de México, la Guerra de los Tres Años, la Guerra Cristera; el trayecto ha sido complicado, pero al final dos decisiones son claras: muchos mexicanos decidimos ser católicos, pero todos suscribimos nuestro régimen jurídico actual y nos constituimos en república.
A diferencia de otras naciones donde los preceptos religiosos son los que rigen el actuar de un gobierno, porque su pueblo así lo decide, nuestro artículo 40 constitucional dice: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior”, porque nuestro pueblo así lo decidió.
La libertad de culto está garantizada constitucionalmente: de los 107 millones 978 mil ciudadanos registrados en el Censo Nacional de Población del INEGI, más de 70 millones se asumen como católicos. Entonces vale la pena hacer una reflexión, la reforma que impulsó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Código Civil para reconocer los matrimonios libres colocó en condiciones de igualdad ante la ley a todos los capitalinos. Sin discriminación y con absoluto sentido de equidad.
Pero la respuesta por parte de algunos representantes de la Iglesia católica fue la división, que se expresa con actos de confrontación abierta, no sólo con los poderes del Estado, sino entre la población y ahí está el ejemplo de lo ocurrido el sábado pasado a un costado de la Catedral de Guadalajara.
Hoy los hogares no sólo los integran las parejas heterosexuales, la gente elige libremente a quién amar y con quién hacer una convivencia independientemente de su preferencia sexual.
La incomprensión e intolerancia de algunos sectores de la sociedad, entre ellos algunos representantes de la Iglesia católica, lastimaron a un sector de la población, que seguramente también es mayoritariamente católico.
Sin embargo, no todo queda en el terreno de las creencias y dogmas religiosos; se rebasó la línea del Estado laico al cuestionar una reforma legal, una acción de gobierno y una resolución del máximo órgano jurisdiccional.
Se cometió el delito de difamación al acusar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard de haber sobornado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por legitimar esta reforma y a estos jueces de haber aceptado ser “maiceados”, sin que hasta el momento hayan presentado una sola prueba.
Es momento de hacer un alto, volvamos a leer nuestra historia y que cada quien ocupe su ámbito de competencia.
