El miembro de la plataforma para la titularidad pública del monumento Rafael Mir Jordano y el asesor jurídico del Cabildo, Manuel Espejo, exponen sus puntos de vista sobre la polémica
Desde hace unos años, Córdoba vive intensamente un debate sobre la naturaleza jurídica de la Mezquita Catedral. Hace más de dos años una plataforma cívica nació para reclamar la titularidad y gestión pública del monumento, al considerar que la Iglesia hacía un uso excluyente del mismo. la iniciativa cuajó y más que en foros locales, comenzó a discutirse en ámbitos nacionales e incluso internacionales. Este martes, el intercambio de pareceres ha vuelto a Córdoba. La Cadena Ser y la UCO han organizado en la Fundación Cajasol, un encuentro con el miembro de la plataforma para la titularidad pública del monumento Rafael Mir Jordano y el asesor jurídico del Cabildo, Manuel Espejo.
En un primer momento se había anunciado que por parte de la Iglesia estaría el miembro y portavoz del Cabildo José Juan Jiménez Güeto pero a última hora se ha excusado por razones personales. En todo caso, Mir y Espejo han expuesto sus visiones opuestas antes de que los seis miembros del grupo de debate de la Universidad -que les acompañaban en escena, divididos en dos equipos- entrasen en acción.
En la exposición de sus tesis, Mir y Espejo han seguido el guión conocido por todos. Por un lado, el representante de la Plataforma ha buscado destruir los elementos jurídicos que esgrime la Iglesia. Por un lado, ha señalado que no se puede decir que Fernando III el Santo donase la Mezquita a la Diócesis tras la conquista de Córdoba por los cristianos porque no existe documento alguno que lo avale. “Por contra son numerosos los ejemplos manuscritos de donaciones en Córdoba de otras propiedades”, esgrime.
Mir Jordano ha señalado que el documento de inmatriculación del edificio por parte del Cabildo, fechado en 2006, en el que se explica cómo se consagró el templo musulmán en cristiano, “es propio del hechicero de la tribu”. En ese sentido, ha defendido que el edificio nunca fue propiedad de la Iglesia, ni siquiera en época de Franco, hasta el cambio de la ley hipotecaria de Aznar. Por tanto, ha recordado que el mantenimiento del inmueble milenario ha corrido en gran parte a cuenta del Ayuntamiento, el Gobierno de España o la Junta. “Mientras que el dinero de las entradas era para la Iglesia”, señala.
Por su parte, Manuel Espejo, ha querido acotar un debate al que, afirma, “le sobra pasión y le falta sosiego ny serenidad”. El asesor ha querido desligar su tesis de la Iglesia y el obispo. “Este es un debate jurídico sobre quién es el propietario de la Iglesia”. Espejo ha reconocido que la inmatriculación del edificio en el Registro de la Propiedad no le daba la titularidad de dueño a la Iglesia. Pero sí lo hace, defiende, los 800 años que lleva haciendo uso del edificio como templo cristiano.
De la misma forma, Espejo ha señalado que las donaciones verbales del rey a sus súbditos eran corrientes y legales en el siglo XIII. “La Mezquita no era un bien de la Corona, era un bien personal del rey Fernando II por sus derechos de conquista y como hacía con otras propiedades podía donarlas. Y la ley 9 de la Partida Quinta señala que puede hacerlo de manera verbal, sin necesidad de carta real”, defiende para explicar la ausencia de un documento oficial acreditativo de que la Iglesia posea el inmueble.
