El arzobispado no devuelve la ermita de Muskilda pese a las reclamaciones de los vecinos de Otsagabia

Los vecinos de Otsagabia llevan reclamando la devolución de la ermita de Muskilda desde que conocieron que el arzobispado se había apropiado de ella, pero la jerarquía de la Iglesia católica en Nafarroa sigue negándose a devolver este emblemático templo y otros bienes que también privatizó.

Cuando la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro reveló que la ermita de Muskilda era uno de los numerosos bienes que la Iglesia católica había privatizado, los vecinos de Otsagabia no se lo creían, sobre todo porque sabían que este emblemático santuario del Pirineo navarro tenía un estatus diferente. Al margen de su valor artístico, varios historiadores han dejado claro que este lugar siempre ha sido de propiedad pública, y que las autoridades eclesiásticas nunca han tenido capacidad de decisión sobre los aspectos materiales y administrativos del mismo.

Para los vecinos de Otsagabia, la ermita de Muskilda ha sido un elemento importante de su identidad, y siempre la han cuidado con afecto. A pesar de no pertenecer a la organización parroquial, este santuario de montaña disponía de las rentas necesarias para mantener un capellán, un ermitaño y una señora que les atendía. «Esto era posible porque el Ayuntamiento se hacía cargo de su equipamiento y contribuía con una cantidad fija para dotar al capellán», según el historiador Mikel Sorauren. A su juicio, Muskilda representa «el paradigma del espolio de bienes públicos de carácter civil por parte de una institución eclesiástica», ya que ha sido el Ayuntamiento de Otsagabia el que se ha encargado siempre de todo lo referente a su administración.

Así se refleja en las actas notariales que se levantaban cuando el Ayuntamiento convocaba a los vecinos para nombrar al capellán. «El Concejo era el patrono único del santuario, especificando su carácter laico y sin intervención de ninguna autoridad eclesiástica», informa este historiador.

Pleitos desde el siglo XVII

Desde el siglo XVII la Iglesia ha pleiteado con el pueblo de Otsagabia por la administración de Muskilda, según recuerdan los miembros de la comisión de seguimiento que se creó en el pueblo para defender el carácter público de la ermita y realizar diversas actuaciones aparte de las que lleva a cabo el patronato de Muskilda. «Algunos de estos pleitos duraron años y siempre han sido favorables al pueblo, encontrándonos ahora en una situación similar», explican.

Estos vecinos tienen claro que la Iglesia «nunca ha participado en nada relacionado con Muskilda», y recuerdan que «siempre ha sido el pueblo, con el patronato al frente, el que la ha mantenido y mantiene, habiendo conseguido que en la actualidad siga funcionando de la misma manera que se ha hecho durante siglos».

Este patronato tiene la condición de «mere lego», es decir, laico. Está integrado por los miembros del Ayuntamiento que voluntariamente quieran, el mayordomo -que se elige cada año y tiene que ser una persona de Otsagabia o que esté vinculada con el pueblo-, el secretario municipal y el cura, cuya función es administrar todo lo relacionado con la ermita, como el culto, misas para los cofrades, la novena, etc. Según las normas internas del patronato, entre sus funciones está defender y conservar los bienes de Muskilda, bienes que la inmensa mayoría de los vecinos de Otsagabia entiende que son propiedad del pueblo.

A lo largo del último año el patronato y el arzobispado han mantenido conversaciones para tratar de buscar una solución a este conflicto, pero en estos momentos la situación se encuentra tal como la jerarquía de la Iglesia católica la dejó en noviembre de 1999, es decir, con la ermita de Muskilda en su propiedad. «El patronato viene realizando gestiones desde hace meses, pero de momento, por lo que nosotros sabemos, sin resultados», informan los miembros de la comisión de seguimiento.

En el mes de febrero el patronato invitó a representantes del arzobispado a debatir sobre este litigio en el pueblo, y dejaron muy claro que no devolverían Muskilda porque «no sería responsable» por su parte. El argumento que sostiene la Iglesia es que ahora es el pueblo de Otsagabia el que tiene que demostrar su propiedad sobre la ermita y sobre los demás bienes, privatizados mediante una simple gestión administrativa. En el Ayuntamiento han surgido propuestas para presentar una reclamación por vía judicial, y aunque todavía no se ha hecho, tampoco se ha descartado.

«En aquella ocasión los representantes del arzobispado nos dijeron que inmatriculación no implica propiedad, pero resulta que nosotros sí tenemos que demostrar lo que a ellos no se les ha exigido», lamentan desde dicha comisión vecinal.

Durante este tiempo, muchos habitantes de Otsagabia han continuado reivindicando la recuperación de Muskilda para el pueblo mediante pancartas colocadas en los balcones de sus viviendas. «Muskilda es nuestra. Gurea da», afirman de forma rotunda en estas pancartas.

El enfado de los vecinos ya quedó patente el pasado año durante la gran fiesta anual de Muskilda, que se celebra el 8 de setiembre. Allí, junto a la ermita levantada hace ocho siglos y sita a escasos cuatro kilómetros de Otsagabia, se bailan las conocidas dantzas salacencas, encabezadas por el personaje de El Bobo. En aquella jornada numerosas personas portaron pegatinas reclamando la devolución de la ermita, en una acción que tuvo gran eco. De momento, los vecinos no han decidido si realizarán algún acto reivindicativo el próximo 8 de setiembre, pero sí tienen claro que la solución es volver a la situación anterior a 1999.

También en otras localidades

La situación que se vive en Otsagabia se repite en otras muchas localidades navarras. Las charlas que imparten los miembros de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro y las presentaciones del libro «Escándalo monumental», del que ya se han hecho varias ediciones, están animando a los vecinos y a las corporaciones municipales a recuperar estos bienes patrimoniales.

Un caso significativo es el de Uharte, cuyo Ayuntamiento decidió presentar una reclamación en los tribunales para que el arzobispado devuelva la iglesia parroquial, un templo del que está acreditado históricamente que «la villa es la única patrona».

Por su parte, el Ayuntamiento de Aiegi se adelantó a la Iglesia y puso a su nombre la ermita de San Cipriano y los dos cementerios municipales, tras tener conocimiento de que el arzobispado ya había inmatriculado varios bienes públicos: la casa parroquial, la iglesia, el atrio y una dependencia anexa conocida como «El cuarto de los judíos». El caso del atrio es un ejemplo significativo de esta situación. Todos los años lo ha arreglado y pintado el Ayuntamiento de cara a las fiestas patronales, e incluso se encargaba de reponer los bancos, y ahora es propiedad de la Iglesia católica porque se adelantó en la inscripción.

Otros municipios también han reclamado en los últimos meses la devolución de los bienes inmatriculados por la Iglesia y se han adherido a la moción presentada por la citada Plataforma. Es el caso de Irunberri, donde se ha probado documentalmente el carácter público de las tres iglesias del pueblo, la parroquia de la Asunción y las ermitas de la Trinidad y San Bartolomé, cuya propiedad ha pasado al arzobispado. Por su parte, los ayuntamientos de Orkoien y Olazti aprobaron sendas mociones de adhesión a la defensa del patrimonio público. Ya son más de 120 los ayuntamientos y concejos que reclaman al Gobierno y al Parlamento de Nafarroa apoyo para intentar recuperar los bienes privatizados por la Iglesia.

También solicitan al Ejecutivo que informe de las inversiones realizadas en el arreglo, mejora y sostenimiento del patrimonio inmatriculado por el arzobispado desde 1998, especificando el destinatario de dichas ayudas y el porcentaje que suponen las aportaciones públicas con respecto al coste total. «Los navarros -afirman- deben conocer hasta qué punto siguen manteniendo casi en su totalidad unos bienes ahora privatizados, y obrar en consecuencia».

Por otro lado, la Plataforma está a la espera de que el Parlamento navarro aporte datos sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia antes de 1998. A partir de ese año se sabe de forma oficial que se ha apropiado de 651 templos parroquiales, 191 ermitas, 9 basílicas, 42 casas y viviendas y 2 atrios, además de locales comerciales, almacenes, garajes, terrenos y locales de diversa índole. «Seguimos esperando que nos den una respuesta sobre esos otros bienes», señala Pedro Leoz, presidente de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. Una moción similar ya fue presentada por EA en el Parlamento de Gasteiz, pero también en este caso se está a la espera de una respuesta.

Tres años después de salir a la luz el «expolio» patrimonial realizado por la Iglesia católica en Nafarroa, el propio Pedro Leoz pregunta a las autoridades civiles y eclesiásticas si «el pueblo no se merece una respuesta aclaratoria».

«¿No es posible la búsqueda de soluciones a un problema que afecta a todos los navarros, creyentos o no? Sobre todo -añade el presidente de la Plataforma- la autoridad eclesiástica nos debe una respuesta seria».

Y es que a Pedro Leoz no le parece nada seria la respuesta que da el arzobispado por medio de su vicario ecónomo, y que se resume en el siguiente argumento: «El pueblo que no está de acuerdo, que nos lleve a los tribunales y, si prueba que algo es suyo, se lo devolvemos».

«Silencio cómplice» del Gobierno

Del mismo modo, reclama una respuesta de las autoridades civiles (Parlamento, ayuntamientos, concejos), por entender que «tienen obligación, de oficio, de defender los derechos comunales».

«Hasta ahora sólo ha habido palabras de simpatía y posibles ofertas de ayuda, sobre todo a los ayuntamientos más débiles. Ahora pedimos respuestas y compromisos», insiste Pedro Leoz. La Plataforma que preside sigue denunciando que el Gobierno de UPN «permanece impasible ante el hurto y expropiación por parte del arzobispado» y que la Iglesia católica «nos está expoliando con el silencio cómplice de la mayor institución pública navarra».

La Iglesia también se apropió de la casa de la serora, la parroquia, fincas y varias «ollarceguías»

La Iglesia inmatriculó la ermita de Muskilda en el Registro de la Propiedad de Agoitz el día 9 de noviembre de 1999, al mismo tiempo que la Virgen de las Nieves, sita en Irati. Años antes había inmatriculado la casa contigua a Muskilda, conocida como Casa de la Serora, y varias «ollarceguías» (huertas).

Pero su afán privatizador no quedó ahí. En 2003 registró la parroquia de San Juan Evangelista, la casa parroquial y dos fincas, una de ellas conocida como Intxusdoia. Ningún vecino de Otsagabia se enteró de nada hasta el año 2007. I.V.

El trabajo de la plataforma sirve de ejemplo para otros territorios que reclaman sus bienes patrimoniales

La labor que viene desarrollando la Plataforma de Defensa del Patrimonio Público Navarro está sirviendo de ejemplo y modelo en otros territorios donde la Iglesia católica también ha realizado inmatriculaciones de forma sigilosa. En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no ha surgido, de momento, ninguna iniciativa de este tipo, mientras que en Valencia sí se ha creado una plataforma similar a la de Nafarroa. En esta comunidad el arzobispado ha llegado a reconocer que inscribió la iglesia de Xábia «por error», y la ha devuelto a la parroquia.

La Plataforma que preside Pedro Leoz está intentando que en otros territorios del Estado español consigan el listado de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria. «Estamos convencidos de que, en cuanto se conozcan esos datos, van a aumentar las protestas y la demanda de inconstitucionalidad de este artículo de la ley», afirma.

Mientras tanto, siguen surgiendo conflictos aislados entre los pueblos y la Iglesia católica en diferentes lugares del Estado español, como Ibiza, Soria, Extremadura o Palencia. I.V.

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