El Arzobispado de Zaragoza se personará en la causa iniciada contra la nulidad de las inmatriculaciones para «controlar y ser beligerante» en la acción iniciada por el Ayuntamiento de Zaragoza. Según el abogado de la archidiócesis, Ernesto Gómez, el Gobierno de la ciudad no es el órgano competente para poder tomar una decisión de este calado.
«El consistorio no está legitimado para tomar esta decisión. Hay serias dudas de que el acuerdo sea ilegal al no tener las competencias», explicó. Ante este anuncio, el alcalde, Pedro Santisteve, respondió incluyendo Santiago el Mayor y San Juan de los Panetes en las acciones administrativas y judiciales para declarar la nulidad de su inmatriculación. A día de hoy, el consistorio todavía no ha presentado la demanda.
Gómez informó de que, en caso de tener que hacerlo, alegarán con «argumento de combate jurídicos contundentes» basados en el derecho de la Iglesia sobre ambos templos.
A este respecto, Isabel de Salas, registradora de Castilla-La Mancha, explicó que la Iglesia es propietaria desde «tiempos inmemoriales», incluso siglos antes de que se formalizara la inmatriculación. Por ello, vaticinó que la acción municipal «tiene poco o nulo recorrido jurídico». «No sé qué título piensa alegar el ayuntamiento, porque tendría que alegar que hay otro mejor que el actual», explicó.
Según De Salas, «no basta con la ilusión de la ciudadanía, a la que tienen que preguntar primero», puntualizó para acusar al Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) de estar utilizando la ley para «fines partidistas». «Están viviendo en el mundo al revés porque están discriminando por razones católicas», concluyó.
Ayer por la tarde el Gobierno de la ciudad decidió ampliar sus objetivos e incluir San Juan de los Panetes y Santiago el Mayor entre los templos a recuperar, tal y como adelantó EL PERIÓDICO. En el caso de la primera, desde el arzobispado explicaron que «hace cuatro años se decidió dar marcha atrás al registro porque se consideró que este templo, por su historia, debería pertenecer al Ejército». De hecho, aseguraron que están «en negociaciones» para retornarlo al Estado, pese a que desde Madrid se muestran reticentes. En el caso de Santiago el Mayor, aseveraron que es una propiedad de la Iglesia «desde 1902».
