El conservador Macri restringe los casos en los que las mujeres violadas pueden interrumpir el embarazo
Fue empresario y presidente del Boca Juniors, es alcalde de Buenos Aires y quiere convertirse en la alternativa al kirchnerismo en las elecciones presidenciales de Argentina de 2015. Se llama Mauricio Macri, conduce la conservadora Propuesta Republicana (PRO) y este miércoles vetó la ley municipal por la que se reglamentaba la despenalización del aborto en caso de embarazos fruto de una violación o ante el riesgo de salud de la madre. En sus cinco años de gobierno, Macri lleva 107 leyes vetadas, incluidas algunas normas que el Poder Legislativo local, donde carece de mayoría absoluta, había aprobado con el voto de sus correligionarios del PRO. En este caso, Macri vetó la posibilidad de que las mujeres violadas puedan abortar después de la semana 12 del embarazo o que las jóvenes de 14 a 17 años que hayan sufrido abuso sexual lo hagan sin consentimiento de sus padres.
La ley que vetó el líder conservador también definía el protocolo para los abortos en caso de riesgo de vida de la madre. Además, obligaba a los médicos de los hospitales a manifestar por escrito en los 30 días siguientes si se excusaban de interrumpir embarazos por cuestiones de conciencia. Con el veto de Macri quedará vigente un protocolo que redactó su Gobierno y que establece que la decisión del profesional no debe acogerse a plazos y puede mantenerse en la esfera privada. La oposición al alcalde advirtió que así la paciente desconoce si su obstetra le practicará o no el aborto. Pero el alcalde justificó su oposición en el argumento de que la ley excedía la despenalización del aborto en casos de violación que había decidido la Corte Suprema de Argentina en marzo pasado. Sus detractores sostienen que el protocolo de Macri restringe el fallo del máximo tribunal de este país de Latinoamérica, una región en la que solo Cuba, Guyana, Puerto Rico y ahora Uruguay han despenalizado de forma amplia la interrupción del embarazo.
Desde 1920 el Código Penal argentino permite los abortos en caso de peligro para la vida o la salud de la madre o si el embarazo proviene de una violación a una mujer “idiota o demente”. Pero hasta marzo pasado, las embarazadas por una violación y con alguna discapacidad mental o menores de 18 años debían recurrir a la justicia para pedir permiso para la operación. Desde entonces ha dejado de ser así porque la Corte Suprema determinó que podía practicarse el aborto sin trámite judicial en todos los casos de violación, incluidas las mujeres mentalmente sanas e incluso menores de edad. A partir de la sentencia del máximo tribunal de Argentina, la capital y cada una de las 23 provincias debían redactar sus protocolos para los llamados abortos no punibles.
De momento, solo cuatro provincias han redactado protocolos que se adecuan de forma correcta al fallo de la Corte Suprema, según la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Otros seis distritos, incluida la capital, redactaron los suyos, pero restringen lo estipulado por el tribunal, según la ADC. Macri había resuelto que solo pudiesen abortar las mujeres violadas en las primeras 12 semanas de embarazo y, en el caso de las menores de 18 años, solo con el consentimiento de sus padres. Sus opositores lo criticaron porque la Corte Suprema había fallado en marzo a partir de un caso de una adolescente de 15 años que llevaba 19 semanas de embarazo. También recordaron que muchas jóvenes son violadas por sus propios familiares. El alcalde alegó que el Código Civil de Argentina establece que las menores de 18 años no pueden decidir por sí solas "actos de la vida civil". Sus detractores además criticaron que el protocolo porteño establece que en los hospitales se establezcan comités de ética que autoricen los abortos y obliga a los médicos a escribir en la historia clínica de la paciente los fundamentos de la interrupción del embarazo.
La oposición al alcalde Macri, integrada por el kirchnerismo, el centro y la izquierda, había promovido entonces una ley en el Poder Legislativo de Buenos Aires que eliminaba las restricciones impuestas por el protocolo del alcalde. La ley se aprobó por 30 votos a favor y 29 en contra. El pasado día 4 Macri anunció que vetaría la norma y que el primer aborto no punible se iba a practicar el 9 de octubre en el hospital Ramos Mejía.
La precisión del día y el lugar permitió que una asociación católica llamada Pro Familia impidiera esa interrupción del embarazo justo cuando la paciente se encontraba en el quirófano. Una juez detuvo la intervención a petición de Pro Familia. La mujer había sido secuestrada por una red de trata de blancas. Obligada a prostituirse, quedó embarazada, pero logró escapar. Quiso abortar, pero el día 9 no pudo hacerlo. Finalmente lo logró tres días después, tras la autorización de la Corte Suprema de Argentina, que insistió en que casos como este no debían pasar por los tribunales.
