En estos momento se está produciendo un genocidio en Myanmar, un hecho que ignora la mayor parte del mundo. El 9 de octubre de 2016 un grupo armado desconocido atacó tres puestos fronterizos en el oeste de Myanmar y murieron nueve policías. Tras este ataque las fuerzas gubernamentales de Myanmar han llevado a cabo un ataque coordinado contra la población civil incluidos asesinatos masivos, violaciones, torturas y quema de casas y campos de cultivos. Resulta difícil verificar la información que llega sobre la violencia debido a que las fuerzas de seguridad han cerrado toda la zona. Basándose en fuentes independientes, Voice of America informa que hasta el momento podría haber entre 150 y 300 muertos. Basándose en imágenes tomadas vía satélite, Human Rights Watch (HRW) observó que a fecha del 18 de noviembre 1.250 casas o edificios habían sido destruidos.
A consecuencia de las duras medidas militares miles de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares y muchas tratan de entrar en el vecino Bangladesh cruzando el río Naaf. Sin embargo, el gobierno de Bangladesh se niega a aceptar más [personas de la minoría étnica] rohingya y afirma que su muy poblado país alberga ya a medio millón de personas rohingyas que habían huido anteriormente de la violencia.
Los ataques al pueblo rohingya en Myanmar no es un fenómeno nuevo. Los rohingya han tenido unas relaciones difíciles con el Estado desde la independencia de Myanmar en 1948. Los rohingya son una minoría étnica, lingüística y religiosa de Myanmar. Son seguidores del Islam sunní en un Estado de mayoría budista. El Estado de Rakhine (antiguamente Arakan), al norte, en el que viven la mayoría de los rohingya, está en medio de Asia del sudeste y del sur. El gobierno de Myanmar afirma que el pueblo rohingya emigró del vecino Bangladesh, por lo que les niega derechos de ciudadanía. Sin embargo, los orígenes del pueblo rohingya en el Estado de Rakhine se remontan a cientos de años atrás. El Estado de Rakhine fue un reino Arakan independiente que comprendía el noroeste de Myanmar y el sudeste de Bangladesh antes de que Birmania se apoderara de él en 1784.
Dentro de Birmania/Myanmar el pueblo rohingya sufrió una persecución generalizada en los años 1978, 1991-92 y 2012, además de la discriminación y la negación constantes de derechos básicos, como la libertad de movimiento, el derecho a tener unos medios de vida, a la educación, a tener hijos (los Rohingya solo pueden tener dos hijos por familia) y derechos referentes a muchos otros aspectos de su vida cotidiana. A consecuencia de ello muchos rohingya han abandonado sus hogares y emprendido peligrosos viajes en busca de seguridad. Hay cantidades significativas de personas rohingya en Bangladesh, Malaysia, Arabia Saudí, Pakistán, India, Tailandia e Indonesia. Algunas de estas personas incluso llegaron a Australia en barco, aunque muchas murieron en el camino. Con todo, en Myanmar quedan un millón cien mil rohingyas y el gobierno quiere expulsarlos del país. Un estudio reciente de la Clínica Internacional de Derechos Humanos Allard K. Lowenstein de la Facultad de derecho de Yale demuestra que tanto los actos como la falta de acción del gobierno cumplen los criterios de genocidio tal como los definió la Convención sobre el Castigo y Prevención del Crimen de Genocidio de 1948.
Otro estudio de Human Rights Watch de 2013 encontró pruebas sólidas de crímenes contra la humanidad y limpieza étnica cometidos contra los rohingya por las autoridades de Birmania, la población local de Arakan y bandas budistas. El informe señala un incidente ocurrido el 23 de octubre de 2013 en el que al menos 70 personas rohingya fueron asesinadas en una masacre en el pueblo de Yan Thei en Mrauk-U Township por bandas de población de Arakanese. Las fuerzas de seguridad del Estado ayudaron indirectamente a la masacre en vez de proteger a las personas. Entre los muertos había 28 niños que fueron asesinados a machetazos, incluidos 13 niños menores de 5 años.
Un artículo de investigación publicado por Pacific Rim Law & Policy Journal en 2014 también concluyó que en el Estado de Rakhine se está llevando a cabo un genocidio a cámara lenta. De los cinco actos de genocidio mencionados en la Convención sobre el Genocidio de 1948 cuatro se han cometido contra los rohingya en Myanmar desde 1978. El artículo concluye que “los birmanos en el poder, tanto la sociedad budista como el Estado budista, han cometido los primeros cuatro actos, incluidos el asesinato intencionado, el daño al cuerpo o la mente de las víctimas como grupo, infligir al grupo unas condiciones de vida pensadas para llevar a cabo su destrucción física total o parcial, e impedir los nacimientos”. Después de varios meses de trabajo de campo en el Estado de Rakhine el año pasado varios investigadores de International State Crime Initiative (ISCI) de la Facultad de Derecho de Londres en la Universidad Reina también concluyeron que “las políticas del Estado de Myanmar son genocidas”.
Está claro que se está llevando a cabo un genocidio del pueblo rohingya en Myanmar. El Estado no solo no ha cumplido con su deber de protegerlo sino que en ocasiones ha participado en las atrocidades. Sin embargo, eso no ha impedido que Estados poderosos y grandes empresas incrementen sus relaciones comerciales con Myanmar. La consejera del Estado de Myanmar y ganadora del premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi tampoco ha hecho nada para detener la destrucción generalizada de este pueblo y ni ha emprendido acción alguna contra las fuerzas militares.
La comunidad internacional ha hecho muy poco para detener el sufrimiento de los rohingyas. Estos han denunciado a Myanmar por haber cometido violaciones de los derechos humanos y han pedido una investigación independiente. No obstante, resulta ingenuo pedir a las autoridades que investiguen los mismos crímenes que ellas mismas apoyan o han perpetrado. Antaño el pueblo rohingya tomó las armas para solucionar sus problemas. Sin embargo, la “guerra contra el terrorismo” de después del 11 de septiembre convirtió a los musulmanes armados en terroristas guerrilleros a ojos de los medios del mundo y de los Estados occidentales. A consecuencia de ello actualmente no existe un movimiento fuerte en torno al pueblo rohingya. Los vecinos de Myanmar y las potencias regionales, como China e India, se dedican a asegurarse el mercado sin explorar del país.
La ONU y las organizaciones de derechos humanos se centran en los aspectos humanitarios del problema: urgir al gobierno de Bangladesh para que acojan a los rohingyas que han huido del país. No obstante, con frecuencia a estas organizaciones le falta la fuerza de voz necesaria para hacer frente a la violencia en el Estado de Rakhine. Myanmar no prestará atención a las peticiones de respeto de los derechos humanos si estos llamamientos no están respaldados por una potencia fuerte y creíble . Los actores regionales y globales no son lo suficiente sinceros para comprometerse fuertemente con Myanmar. Quizá la única solución que queda está en manos del pueblo, que puede presionar a sus gobiernos para que actúe inmediatamente de manera seria.
Ashraful Azad es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chittagong, Bangladesh.
