El acceso al aborto legal y seguro forma parte del conjunto de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud sexual y reproductiva. En los últimos 25 años, más de 50 países de todos los continentes han modificado su legislación para permitir el acceso al aborto. Casi la mitad de esos países están en África. Asia representa una quinta parte de los países liberalizadores. En América Latina, la legislación ha avanzado en Chile, Argentina, México y Colombia. Europa es el continente donde el derecho al aborto seguro está más extendido e Irlanda fue el último país en despenalizarlo, a finales de 2018.
Pero al mismo tiempo se están produciendo graves retrocesos, como en Polonia, donde en 2020 se eliminó uno de los únicos tres supuestos en que estaba permitido abortar. Recientemente hemos conocido la filtración de la posible sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos con la que decaería el derecho al aborto logrado en 1973 a partir de otra sentencia de ese mismo Tribunal, conocida como Roe contra Wade.
El lobby antiaborto mundial lanza mensajes y bulos repetidos una y otra vez sin datos ni base científica, en sus campañas de presión a la ciudadanía para estigmatizar el derecho al aborto, para lograr que los gobiernos lo prohíban o que eliminen leyes que garantizan este derecho.
Hobie Wolff y Violeta Martos gritan consignas por los derechos reproductivos en una manifestación por el derecho al aborto, el 14 de mayo de 2022, en la Plaza Kiener en el centro de San Luis. © Laurie Skrivan/St. Louis Post-Dispatch vía AP
Bulos contra el aborto
Estos son ocho de esos mensajes falsos que queremos contrarrestar con datos y ejemplos de casos concretos:
1. La única forma de acabar con el aborto es prohibirlo
Pero esto no es lo que afirma la Organización Mundial de la Salud: “los datos demuestran que las políticas restrictivas no solo no reducen el número de abortos, sino que también afectan a la posibilidad de que se practiquen de forma digna y sin riesgos. La proporción de abortos peligrosos es significativamente más elevada en los países que imponen leyes restrictivas, que en aquellos dónde estas leyes son más laxas”.
Según estudios del Instituto Guttmacher, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, se estima que las tasas de aborto son de 29 por mil mujeres en edad reproductiva en África y 32 por mil en América Latina, regiones ambas donde el aborto está severamente restringido.
En España, según datos del Ministerio de Sanidad, el número de abortos en mujeres entre 15 y 44 años disminuye en el periodo entre los años 2011 y 2020 (la actual Ley de plazos es de 2010). La tasa por mil mujeres en ese último año es de 10,33 frente al 12,47 en 2011.
También el Relator especial de la ONU, la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa ratifican que la prohibición del aborto no hace que desaparezcan ni acaba con la necesidad de las mujeres y adolescentes a recurrir a este derecho.
Por el contrario, una política de salud sexual y reproductiva integral, desde la formación e información hasta la atención sanitaria, garantiza la toma de decisiones responsables sobre el embarazo y la maternidad. Qué gran contradicción que gobiernos como el de Polonia o el de Paraguay, que establecen una política muy restrictiva de aborto, prohíban al mismo tiempo la educación afectivo-sexual en las escuelas.
Manifestación a favor de un aborto legal y seguro, 4 de junio de 2022. © Lindsey Shuey/Republican-Herald vía AP
2. NO al aborto, SÍ a la vida. “Soy provida”
Es una falsa dicotomía, pero es el eslogan reiterado por el lobby antiaborto mundial.
¡Como si las mujeres no estuvieran a favor de la vida! Son precisamente ellas las que demandan a los gobiernos medidas que garanticen una maternidad responsable: acceso a la salud sexual y reproductiva y disponer de las condiciones económicas básicas que les permitan asegurar el bienestar de su familia.
Todas las personas, en virtud del derecho internacional, tienen derecho a la vida desde el momento de nacer, y ningún organismo de derechos humanos ha dicho que el aborto sea incompatible con el derecho a la vida. Pero también el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha reiterado que lo que es una amenaza para la vida y la salud de las mujeres y las adolescentes es prohibir el acceso a un aborto legal y seguro al obligarlas a recurrir a abortos clandestinos, insalubres y de riesgo.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo se producen 25 millones de abortos peligrosos.
Defender el derecho a un aborto legal y seguro respetando la autonomía de las mujeres no está en contradicción con la defensa del derecho a la vida en el marco de los derechos humanos, independientemente del respeto que merece la posición moral, ética o religiosa de cada persona en conciencia.
Una mujer sostiene una pancarta que dice en español «Ni muerta ni presa», durante una manifestación por el derecho al aborto en el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina, en Ciudad de México, el 28 de septiembre de 2021. © AP Photo/Ginnette Riquelme
3. El aborto es un asesinato y debe estar en el Código Penal
Es el mensaje tremendista que oculta que el derecho a la vida comienza al nacer la persona, como cualquier otro derecho humano. Por el contrario, ninguna mujer debe verse obligada a elegir entre morir o ir a la cárcel.
El derecho y las normas internacionales de los derechos humanos no reconocen los denominados derechos del feto ni otras aplicaciones de los derechos humanos a fetos, embriones, zigotos o gametos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una sentencia de 2004, señaló que «el feto no se considera como una persona directamente protegida por el artículo 2 de la Convención” (el referido al derecho a la vida), porque si así fuera, “se limitarían de manera abusiva los derechos establecidos a las personas ya nacidas”.
Por el contrario, son los Estados que prohíben y criminalizan el aborto en todos los supuestos, incluso cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la embarazada, los que pueden estar ejerciendo violencia de Estado contra las mujeres.
Según la Organización Mundial de la Salud, 47.000 mujeres embarazadas mueren cada año por complicaciones debidas a abortos en condiciones de riesgo.
Fue el caso de Savita, una mujer residente en Irlanda, de 31 años y embarazada de 17 semanas, que murió en 2012 porque los médicos se negaron a practicarle un aborto pese a que estaba muy enferma y el feto no podría sobrevivir. En aquel momento, en Irlanda estaba prohibido el aborto en cualquier circunstancia. Este terrible caso contribuyó a que desde diciembre de 2018 el aborto en Irlanda sea un derecho.
También forma parte de los derechos humanos preservar la salud de las niñas, y sabemos que los riesgos ante el parto de niñas embarazadas se multiplican por cuatro respecto a las mujeres adultas. Las complicaciones de embarazo y parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes.
Más de 16 millones de adolescentes cada año en el mundo dan a luz y los embarazos son principalmente no deseados o debidos a relaciones sexuales forzosas, según la Organización Mundial de la Salud.
En Paraguay las niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años representan una de cada diez muertes maternas. En 2015 el gobierno de este país no permitió abortar a una niña de 10 años violada por su padrastro.
Pero obligar a una niña a llevar a término su embarazo no sólo amenaza su vida y su salud, sino que destruye también sus oportunidades de vida futura, el abandono de la escuela, el estigma social, el daño psicológico y emocional. Son daños que representan una forma de violencia institucionalizada que puede ser considerada tortura. Porque ellas SON NIÑAS, NO MADRES.
Simpatizantes de Amnistía Internacional Argentina actúan para exigir el derecho legal al aborto, Buenos Aires, diciembre de 2020. © AI / Tomás Ramírez Labrousse
4. El aborto es la primera causa de feminicidio en el mundo
El mensaje se ha usado por quienes hacen campaña contra el derecho al aborto de forma provocadora, a sabiendas de que el concepto de “feminicidio” tiene otro significado.
Este concepto nace y es utilizado por los movimientos feministas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, para definir la violencia que, con el resultado de asesinatos, se ejerce sobre las mujeres por el solo hecho de serlo. México es uno de los países donde se contabilizan más feminicidios y la mayoría quedan impunes.
Un problema diferente es que en algunas sociedades como China e India, la discriminación de género hace que haya una preferencia por los hijos varones y esto ha contribuido a la práctica de abortos en función del sexo del feto. En estos casos la autonomía de las mujeres para decidir responsablemente sobre su embarazo se ve conculcada por la discriminación social hacia las mujeres y las niñas, a las que la sociedad puede considerar una “carga económica” y negarles su valor como seres humanos.
Aquí lo que está en juego no es sólo el derecho al aborto legal y seguro, sino la discriminación de género.
Una mujer grita consignas durante una protesta proaborto llamada ‘Maternar, abortar, decidir y luchar en comunidad’ el 28 de septiembre de 2021 en Quito, Ecuador. © Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images
5. Las mujeres y las adolescentes usan el aborto como cualquier otro método anticonceptivo
Con este mensaje se trata nuevamente de presentar a las mujeres como irresponsables, “menores de edad” e incapaces de discernimiento.
Pero el derecho al aborto no es un derecho aislado sino que forma parte de la salud sexual y reproductiva integral, de los derechos económicos y sociales, del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Esto significa que corresponde a los Estados garantizar a todas las personas el acceso a la educación afectivo-sexual, a métodos anticonceptivos, a los servicios de salud integral, incluido el aborto con garantías sanitarias, y todo ello asegurando la igualdad de trato y no discriminación por causas socioeconómicas, por ser minorías étnicas o por cualquier otro motivo inherente a la identidad de la persona.
Son las mujeres con menos recursos y más vulnerables las que se someten a abortos clandestinos arriesgando incluso su vida y su libertad en los países donde el aborto está prohibido o castigado por el código penal.
Por el contrario, son los gobiernos los que utilizan los derechos sexuales y reproductivos de la población en sus políticas demográficas basadas en intereses geoestratégicos o de “limpieza” étnica.
China, ha aplicado durante décadas políticas de reproducción restrictivas para controlar la tasa de natalidad, utilizando el aborto y los anticonceptivos para cumplir con su política de hijo único. En la actualidad, sin embargo, quiere acabar con la depresión demográfica y ha anunciado que limitará los abortos con “fines no médicos”.
En Irán, para proyectar una imagen de fuerza geopolítica, el gobierno quiere aumentar el número de nacimientos acabando con el acceso de las mujeres a los servicios de planificación familiar, prohíbe la esterilización voluntaria, bloquea la información sobre métodos anticonceptivos y discrimina a las mujeres solteras o sin hijos en el acceso al empleo público al dar prioridad a las mujeres que “procrean”.
En Perú, durante la década de 1990, más de 200.000 mujeres indígenas y campesinas fueron esterilizadas en el marco de la política del gobierno de control demográfico para las personas que vivían en la pobreza. Pero recordemos que estas esterilizaciones forzadas son crímenes de lesa humanidad y las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia y reparación.
“El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sostiene que es a la mujer embarazada a la que corresponde la decisión de continuar con el embarazo después de un diagnóstico de malformación del feto. ”
6. El aborto va contra las personas con discapacidad
Con este falso mensaje se pretende utilizar a estas personas para justificar la prohibición del aborto.
Porque establecer como una causal del derecho al aborto una grave malformación del feto o su inviabilidad hasta llevar a término el embarazo, no tiene nada que ver con defender los derechos de las personas con discapacidad.
La mejor forma de promover los derechos de estas personas y combatir su discriminación social es establecer políticas que apoyen su autonomía y su igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Una de estas medidas es garantizar su derecho a tener una vida afectivo-sexual plena, prohibiendo la esterilización forzada, asegurando el acceso a métodos anticonceptivos y el acceso al aborto sin riesgos.
El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sostiene que es a la mujer embarazada a la que corresponde la decisión de continuar con el embarazo después de un diagnóstico de malformación del feto.
Manifestantes protestan frente a la Corte Suprema de Estados Unidos. © AP Photo/Alex Brandon
7. Garantizar el derecho al aborto como un servicio de salud pública supone anular el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario
Esta dicotomía es falsa. En primer lugar porque no es un derecho humano negar la atención médica por motivos de conciencia o de creencias religiosas.
Pero además, en la práctica, ambos derechos son perfectamente compatibles y los Estados tienen la obligación de regularlos adecuadamente.
No podría suceder, como ha manifestado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que el acceso a los servicios de aborto se dejara de prestar porque la población médica es objetora de conciencia. Basta establecer las opciones alternativas de atención para sustituir al personal sanitario que se declare objetor, desde la información a la prestación del servicio. Y, en todo caso, el personal sanitario debe atender siempre en situaciones de emergencia y con independencia de sus creencias personales la vida de cualquier embarazada o evitar consecuencias graves, incluida la atención posterior al aborto en estos supuestos.
En España más del 80% de los abortos legales se realizan en clínicas privadas concertadas, fuera de los hospitales públicos, y no porque todo el personal sanitario de estos centros sea objetor de conciencia, sino porque no se quiere dedicar atención y recursos a este servicio. Actualmente hay una propuesta del Ministerio de Igualdad para que cada hospital cuente con la relación de personal sanitario objetor y poder así planificar la garantía de la prestación de interrupción voluntaria del embarazo.
Miles de personas y activistas de los derechos humanos asistieron a una manifestación por el derecho al aborto en todo el mundo el 7 de mayo de 2022 en Ámsterdam. © Pierre Crom/Getty Images
8. Defender el aborto es incompatible con defender los derechos humanos
Los derechos humanos son universales, indivisibles y están interrelacionados.
Esto significa que los derechos sexuales y reproductivos y la capacidad de las persona para controlar su fertilidad y reproducción, también mediante el acceso al aborto, son fundamentales para la realización plena de todos los demás derechos humanos: el derecho a la autonomía personal, a la intimidad, el derecho a la igualdad y no discriminación, a la igual protección ante la ley, al acceso a la salud, el derecho a no sufrir violencia, entre otros. Y sin embargo son estos derechos los que conculcan los Estados cuando criminalizan el aborto.
Las mujeres con menos información y con menos recursos económicos tienen mucho más difícil acceder a un aborto seguro; también es desigual su acceso a la justicia cuando son acusadas de abortar y se les imputa un delito; o su difícil acceso a la atención médica posterior cuando el aborto se ha producido en condiciones inseguras y su vida puede estar en riesgo.
En El Salvador el aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluso aunque la vida de la embarazada está en riesgo. Con esta prohibición, es el Estado el que vulnera varios derechos humanos a las mujeres y adolescentes. Como en el caso de Evelyn Hernández en 2016. Tenía 21 años cuando sufrió un aborto espontáneo. Cuando llegó al hospital el personal médico la denunció a la policía y fue arrestada, vulnerando así el derecho a su intimidad y el código médico que obliga a preservar el secreto profesional. En el juicio la sentenciaron a 30 años de cárcel por “homicidio agravado”, vulnerando así el derecho a un juicio justo y la obligación del Estado a protegerla.
Finalmente, la presión de organizaciones de mujeres y de derechos humanos de su país e internacionales consiguieron que se revisara el juicio y fue declarada inocente en agosto de 2019, pero ella ya había pasado tres años encarcelada y alejada de su familia.
Todavía hoy otras mujeres como Evelyn, todas ellas con vidas precarias y con escasos recursos económicos, siguen en la cárcel acusadas de “homicidios” que nunca pudieron cometer, porque el aborto no es un delito.
Lola Liceras Ruiz, Equipo de trabajo sobre los derechos de las mujeres en Amnistía Internacional
