Tras resurgir de sus cenizas el pasado fin de semana, el Movimiento 15-M se ha fijado como próximo objetivo boicotear la visita oficial del Papa a España en agosto. A través de las redes sociales y asambleas populares, se vienen movilizando en distintas campañas para llevar a cabo una gran manifestación el miércoles 17 de agosto, víspera de la llegada de Benedicto XVI y con el dispositivo de seguridad ya operativo. La petición del recorrido (desde Tirso de Molina hasta confluir en la Puerta del Sol) ya está hecha, y la delegación del Gobierno tiene la palabra. La Comunidad de Madrid insiste en que debe ser prohibida, y los sindicatos policiales denuncian la pasividad de la delegada del Gobierno con los indignados.
Hasta ayer, ya son más de 140 organizaciones las que se han adherido a la campaña "De mis impuestos al Papa, cero" y cientos de personas las que, a través de las redes sociales, han firmado un manifiesto en contra de la subvención pública de la visita "particular" del Pontífice, que costará unos cien millones de euros. Se han repartido carteles con una señal de prohibido sobre la figura de Benedicto XVI y se convoca también a una gran marcha de disfraces "de obispos, monjas y monaguillos". Se espera que la concentración sea multitudinaria aunque, eso sí, advierten que hay varios recorridos alternativos para evitar una posible prohibición de la autoridad gubernativa.
Y mientras los 'indignados', junto a movimientos laicistas, trabajan a su ritmo para boicotear la llegada del Papa, el sindicato policial Unión Federal de Policía (UFP) carga las tintas precisamente contra la "inacción" de la delegada del Gobierno. Previendo unos altercados mucho más graves que en las últimas manifestaciones del Movimiento 15-M, el sindicato culpa a la Delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, “por no enterarse de nada a pesar de ser la máxima responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Orden Público en la Región”. Según el sindicato, es Carrión quien tiene que decir “cuándo, cómo y por qué se carga o se desaloja”. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía son los que “ahora” se sienten “indignados” al ser “el centro de críticas, insultos, ataques, menosprecios y provocaciones” de los ‘indignados”.
En este mismo sentido, la Comunidad de Madrid está presionando a la Delegación del Gobierno para que impida el boicot de los "indignados" a la visita papal, desbordando la Puerta del Sol, como ya sucedió durante la jornada de reflexión de las elecciones municipales. Esperanza Aguirre asegura que "no entiende" que la delegada del Gobierno "se proponga" autorizar una manifestación "antipapa" y asegura que la Comunidad está "sorprendida" por la actitud de la Delegación ante este posible boicot. Ha señalado que "parece" que a la Delegación del Gobierno le falta un informe para consentir este acto de protesta y ha confiado en que "al final" no se produzca.
La manifestación interferiría en el sistema de seguridad dispuesto para la visita. El ayuntamiento ha anunciado la presencia en las calles desde el domingo anterior de 4.100 policías municipales, 1.360 turnos de efectivos sanitarios y casi 3.000 de Samur y Protección Civil, que cercarán el centro de Madrid durante la semana que dure las jornadas. Según Pedro Calvo, delegado madrileño de Seguridad y Movilidad, el objetivo es "velar por los participantes de la Jornada Mundial de la Juventud". En el plan, que tendrá una “estructura de círculos concéntricos”, participarán las tres administraciones.
"De mis impuestos, al Papa cero"
Bajo el lema “de mis impuestos, al Papa cero”, la manifestación que recorrerá el centro de Madrid está cerrada para el 17 de agosto, la víspera de la llegada del Pontífice. “Estamos en contra de esta forma de visitar un país a costa de los impuestos de toda la ciudadanía (…) y utilizando los centros públicos como albergues gratuitos para quienes vengan as verlo”, aseveran. Además, también denuncian que se reciba al Pontífice con honores de jefe de Estado, ya que se reunirá con los Reyes, con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Tampoco están dispuestos a que más de tres cuartas partes del coste de la visita se costee por las administraciones públicas. “El Papa no viene en visita de Estado ni en representación de los pocos habitantes de El Vaticano. Viene en visita pastoral y privada”, se quejan.
De momento, la Comisión de Educación del Movimiento 15-M ya ha entregado 20.000 firmas en el Registro General de la Comunidad con destino al a consejera de Educación, Lucía Figar. En ella muestran en el que le muestran su rechazo “a la financiación pública y a la cesión de centros educativos y otros espacios públicos en relación con la visita del Papa”.
Los manifestantes también están estudiando la posibilidad de presentar querellas contra la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central “por el uso inapropiado de fondos y servicios públicos en esta visita de carácter privado e ideológico de Benedicto XVI. También una advertencia a la fiscalía, para que esté vigilante por si algunas de las intervenciones de la jerarquía católica o actividades organizadas por la JMJC pudieran ser constitutivas de delito”.
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