Los demócratas han aprobado leyes para proteger el derecho al aborto, así como fondos para financiar el viaje y la atención de las que tengan menos recursos
Illinois, rodeado por Estados que presumiblemente prohibirán el aborto tras la decisión del Supremo, puede convertirse en el destino elegido por la mayoría de mujeres estadounidenses que a partir de ahora no puedan interrumpir su embarazo en sus lugares de origen. Pero no es el único Estado refugio, también California, Massachusetts, Connecticut y Nueva York, entre otros, instrumentan nuevas leyes y financiación para asistir a un número creciente de pacientes.
Las clínicas de Illinois, California y Kansas se preparan desde hace semanas para esa contingencia. Mientras, el Estado de Nueva York ha aprobado, en la última sesión legislativa previa a las vacaciones de verano, un paquete de leyes para proteger a los sanitarios de eventuales demandas por parte de los Estados prohibicionistas, eximiéndoles de declarar en casos penales o civiles instruidos en lugares que restrinjan la práctica. Otra medida es la provisión de un seguro contra acusaciones de mala praxis para los médicos que atiendan a mujeres de otros Estados.
Los fiscales generales de Míchigan y Massachusetts se han comprometido a no aplicar las prohibiciones estatales o federales, en caso de que lleguen a aprobarse. Los legisladores de California, donde la ONG Planned Parenthood, uno de los principales servicios para la interrupción del embarazo, tiene más de 100 clínicas, han presentado más de una docena de proyectos de ley para ampliar el acceso al aborto, incluidas propuestas que financiarían mejor las clínicas, crearían un fondo administrado por el Estado de 20 millones para ayudar a las pacientes con los gastos del viaje, además de permitir que algunas enfermeras capacitadas practiquen un aborto sin la supervisión de un médico.
En el caso de Illinois, se calcula que sus clínicas y hospitales pasarán a atender entre dos y cinco veces más mujeres que hasta la fecha, el mayor incremento porcentual en el país. Planned Parenthood, por ejemplo, ha abierto un centro logístico al sur del Estado, anticipándose a la posible avalancha de mujeres. En el Estado de Kansas, esta ONG calcula que el número de mujeres se multiplicará por cuatro; también ha ampliado allí su red de centros. En California, el gobernador demócrata, Gavin Newson, ha propuesto un fondo de 125 millones de dólares para financiar los centros que practican abortos ante la posible llegada de mujeres de otros Estados.
Pero no se trata sólo de abrir más centros o dotar de más personal a los existentes, también de capacitar a doctores de atención primaria para prescribir la píldora abortiva, el método usado en más de la mitad de las interrupciones del embarazo en el país (un 57% de los casos). La ONG Reproductive Health Access Project ha constatado un “gran aumento” de peticiones entre los sanitarios de ese nivel en las últimas semanas, lo que podría aliviar la carga de clínicas y centros especializados.
El Instituto Guttmacher, un grupo de investigación sobre salud reproductiva, prevé que 26 Estados prohíban el aborto si se anula Roe contra Wade, dejando no sólo sin opciones de abortar legalmente a las mujeres en sus lugares de origen, sino también, probablemente, limitando los recursos de tratamiento en los casos de aborto espontáneo.
La filtración de la opinión del juez Samuel Alito hace un mes, que anticipaba la decisión del Supremo, y la reciente adopción de leyes restrictivas como la de Texas han proporcionado ya un banco de pruebas de lo que puede estar por venir. En Illinois, algunas clínicas de Planned Parenthood han venido experimentando en las últimas semanas un “efecto dominó masivo” de las recientes restricciones al aborto en Texas, Misuri, Oklahoma y otros Estados.
Según el Instituto Guttmacher, el coste promedio de un aborto en EE UU es de 550 dólares, siempre que no se incluyan los gastos derivados de un viaje o una hospitalización; Planned Parenthood eleva la cifra a entre 900 y 1.500 dólares. Tres de cada cuatro mujeres que interrumpen su embarazo son de rentas bajas, por lo que algunos Estados reclaman más fondos para poder atenderlas, especialmente cuando por lo avanzado de la gestación la píldora abortiva no es una opción. Las mujeres que viven en zonas rurales, por ejemplo, representan esta casuística, al acceder tarde a la atención médica ya que más de la mitad de los condados rurales no ofrecen servicios de obstetricia, según denuncia la Asociación Nacional de Sanidad Rural; también apuran en extremo los plazos muchas de las que se ven obligadas a viajar a otro Estado. La atención hospitalaria cuesta aún más, si bien sólo alrededor del 4% de las mujeres que abortan la requieren porque sus casos son demasiado complejos para ser tratados en clínicas ambulatorias, donde reciben el alta en pocas horas. No es lo mismo abortar con seguridad a las siete semanas, un procedimiento generalmente sencillo, que hacerlo a las 18, con el consiguiente riesgo para la mujer, recuerdan los grupos de salud reproductiva.
Todo ello supone un coste suplementario, de ahí la petición de los Estados azules —el color con que se identifica a los demócratas— de más fondos para afrontar la ofensiva conservadora. En Illinois, organizaciones benéficas contribuyen a pagar el transporte, alojamiento y cuidado de los hijos de las pacientes que llegan de otros Estados, mientras la ciudad de Chicago ha destinado una partida de 500.000 dólares para ayudar a pagar esos gastos. En Nueva York, la fiscal general del estado, Letitia James, anunció recientemente una legislación para ampliar la financiación de las clínicas y ayudar tanto a las residentes de bajos ingresos como a aquellas que viajen desde otros Estados. Este mismo viernes, el gobernador de Massachussetts, el demócrata Charlie Baker, ha firmado una orden ejecutiva para proteger a los sanitarios y las clínicas. Como Nueva York, impide la extradición de pacientes y sanitarios si son requeridos por una causa incoada en alguno de los Estados prohibicionistas.
Capacitar a enfermeras y comadronas
En California, el gobernador promulgó recientemente una ley que prohíbe a las aseguradoras de salud cobrar copagos o cualquier otro coste derivado del procedimiento. Otra medida similar a la aprobada por Nueva York, para impedir que un médico californiano sea procesado por otro Estado por su participación en un aborto, entrará en vigor tan pronto como el gobernador Newson la firme. Parecidos pasos ha dado el gobernador de Connecticut, el también demócrata Ned Lamont, para proteger a sanitarios y pacientes procedentes de otros Estados y ampliar la nómina de sanitarios capaces de practicar legalmente un aborto con enfermeras, comadronas y ayudantes médicos.
En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul, asimismo demócrata, ha destinado una partida de emergencia de 35 millones de dólares, financiada por el Departamento de Salud del Estado, para afrontar la eventual afluencia de mujeres de otros Estados. De la dotación del fondo, diez millones se destinarán a la seguridad de los centros de salud sexual y reproductiva. En el alero, atascado en el Senado estatal desde hace meses, está un proyecto de ley que podría hacer permanente la financiación del aborto, mediante la contribución de los neoyorquinos a través de los impuestos estatales.
En algunos Estados de mayoría azul, no obstante, los obstáculos políticos y legislativos por parte de la oposición republicana representan un freno a la ayuda. Es el caso de Oregón, bien preparado ante la posible llegada de mujeres de Idaho, que ya prohíbe el aborto a partir de la sexta semana, pero que no ha recibido aún ni un dólar para un fondo de ayuda recientemente creado; Maryland, por la obstrucción del gobernador, republicano, y Massachusetts, porque la ley no entrará en vigor hasta julio.
