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Se podrían redefinir los límites entre la elección educativa y la libertad religiosa
La escuela católica St. Isidore de Sevilla, gestionada por la Archidiócesis de Oklahoma City y la Diócesis de Tulsa y del Este de Oklahoma, ha empezado a defender su causa ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La institución busca revertir una decisión del máximo tribunal estatal de Oklahoma, que ordenó rescindir su contrato por considerar que vulneraba la Primera Enmienda.
El estado de Oklahoma aprobó en julio del 2023 la primera escuela religiosa concertada del país. La medida permitía que los fondos públicos pagaran la matrícula de los niños que asistan a una escuela católica online (desde casa) dirigida por la archidiócesis de Oklahoma City y la diócesis de Tulsa.
En octubre de ese mismo año, el fiscal general del estado, el republicano Gentner Drummond, presentó una demanda contra dicha medida.
«Hoy, los habitantes de Oklahoma están siendo obligados a financiar el catolicismo», dijo Drummond. «Debido al precedente legal creado por las acciones de la junta, mañana podríamos vernos obligados a financiar enseñanzas musulmanas radicales como la ley Sharia».
La demanda de Drummond argumentaba que las leyes y regulaciones estatales «prohíben estrictamente el patrocinio de una escuela virtual chárter sectaria».
En la demanda, Drummond se declaraba «obligado a presentar la demanda para proteger la libertad religiosa e impedir el tipo de religión financiada por el Estado que los redactores de la Constitución de Oklahoma y los fundadores de nuestro país trataron de impedir».
El Departamento de educación de Oklahoma vio como la Corte Suprema estatal rechazaba la solicitud del superintendente de escuelas del estado para intervenir en dicha demanda y posteriormente dio la razón al fiscal Drummond en junio del año pasado, decretando la anulación del contrato entre St. Isidore y la Junta Estatal de Escuelas Chárter de Oklahoma, alegando que su aprobación suponía una violación de la Primera Enmienda, que prohíbe la creación de una religión estatal.
El caso llega a la Corte Suprema
El pasado mes de octubre tanto la escuela como la junta escolar presentaron recursos independientes ante la Corte Suprema de EE.UU., buscando revocar la decisión.
St. Isidore (San Isidoro) presentó el miércoles un escrito inicial ante la Corte en el que defiende que negarle fondos públicos únicamente por su carácter religioso supone una discriminación. La escuela argumenta que, si el estado otorga financiación a entidades privadas para operar escuelas concertadas, no puede excluir a una institución únicamente por su identidad confesional. El escrito de St. Isidore, elaborado por la Clínica de Libertad Religiosa Lindsay y Matt Moroun de la Facultad de Derecho de Notre Dame, subraya que la Primera Enmienda protege a la institución de leyes estatales discriminatorias que le impidan acceder a programas de financiación pública por su carácter religioso. Según sus abogados, Oklahoma diseñó el programa de escuelas chárter con el propósito de fomentar la diversidad educativa, pero excluye injustamente a las entidades religiosas.
La Junta Estatal de Escuelas Chárter (ndr:concertadas) también presentó un recurso el miércoles, defendiendo que la decisión del tribunal de Oklahoma representa una «distorsión de la Primera Enmienda» y podría tener «efectos devastadores» sobre las organizaciones religiosas que colaboran con el gobierno en la prestación de servicios sociales.
En su escrito, la organización Alliance Defending Freedom , ONG defensora de la libertad religiosa, advierte que la interpretación del tribunal estatal podría descalificar a grupos religiosos de participar en áreas como el cuidado de menores, la adopción, la asistencia médica o el apoyo a comunidades desfavorecidas.
Expertos en derecho, como Nicole Stelle Garnett, profesora de la Facultad de Derecho de Notre Dame, sostienen que el caso se centra en el derecho fundamental de St. Isidore a no ser objeto de discriminación religiosa. Garnett subraya que la Corte Suprema de EE.UU. ha dejado claro en anteriores fallos que el gobierno no puede ofrecer apoyo a entidades privadas y luego excluir a las religiosas por su naturaleza confesional.
El debate sobre St. Isidore cobra especial relevancia en un estado donde la educación atraviesa serias dificultades. Según la Fundación Annie E. Casey, Oklahoma ocupó en 2024 el puesto 49 en educación a nivel nacional, con un 84 % de los alumnos de octavo curso sin competencias en matemáticas y un 76 % de los de cuarto curso sin dominio suficiente de lectura.
Michael Scaperlanda, canciller de la Archidiócesis de Oklahoma City y presidente de la Junta de St. Isidore, defendió la necesidad de ampliar las opciones educativas en el estado. «Demasiados niños en Oklahoma, especialmente en comunidades rurales y remotas, no tienen acceso a oportunidades de aprendizaje adecuadas», afirmó en un comunicado del 6 de marzo. «Queremos llenar ese vacío ofreciendo una educación católica de calidad a todas las familias interesadas, sin importar su código postal, nivel de ingresos o cualquier otra circunstancia».
Actualmente, en Oklahoma operan más de 30 escuelas concertadas. John Meiser, director de la Clínica de Libertad Religiosa de Notre Dame, elogió el esfuerzo del estado por fomentar el pluralismo educativo y garantizar diversas opciones de aprendizaje, pero insistió en que este debe estar abierto a todas las entidades.
La Corte Suprema escuchará los argumentos del caso el próximo 30 de abril, y se espera una decisión para el verano.
