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[EEUU] La libertad religiosa extrema está socavando la salud pública

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Un juez federal dictaminó la semana pasada que exigir a los empleadores que cubran el PrEP, un medicamento que ayuda a las personas con alto riesgo de contraer el VIH a evitar la infección, viola la libertad religiosa porque estos empleadores perciben que el medicamento fomenta las relaciones sexuales homosexuales y extramatrimoniales al hacerlas más seguras. La sentencia sugiere un escepticismo extremo hacia los beneficios de la regulación de la sanidad pública.

La conclusión del juez es que el gobierno carecía de un interés suficientemente convincente como para justificar la exigencia de que los planes de salud cubran los servicios sanitarios preventivos que detienen la propagación del VIH. Esto señala el desprecio por la noción de que, en materia de salud pública, todos estamos en el mismo barco. La decisión es representativa de los ataques de los jueces a los fundamentos jurídicos necesarios para que el sistema de salud pública privatizado de Estados Unidos funcione.

Dado que el sistema de salud pública de Estados Unidos depende de empresas privadas, la salud de los estadounidenses es vulnerable a los caprichos de los fabricantes de vacunas y medicamentos, de las aseguradoras y los sistemas farmacéuticos y hospitalarios monopolistas, y de los empleadores que pagan parte del coste del seguro. Décadas de reformas sanitarias han intentado garantizar el interés público en el acceso universal a una atención sanitaria asequible y de alta calidad, mientras se mantiene un sistema privatizado y fragmentado en nombre de la elección individual.

Los nuevos y firmes ataques a la regulación por parte del poder judicial están amenazando este delicado equilibrio. Como ha argumentado de forma persuasiva la historiadora jurídica Kate Redburn, el ala libertaria del movimiento jurídico conservador, al limitar el poder del gobierno, ha garantizado que las asociaciones público-privadas sean la única vía políticamente viable para garantizar bienes y servicios esenciales. Ahora, el ala religiosa del movimiento está utilizando esas asociaciones público-privadas para dar prioridad a los juicios morales de una pequeña pero políticamente poderosa minoría de estadounidenses sobre los valores cívicos seculares respaldados por las mayorías democráticas.

Parte del acuerdo al que llegaron los legisladores cuando aceptaron preservar un papel central para los seguros privados y las prestaciones a los empleados en la era del Obamacare es que las empresas privadas son ahora una parte integral de nuestro sistema de salud pública. La atención sanitaria no es sólo un bien personal. Todos nos beneficiamos de vivir en una sociedad en la que nuestros vecinos y compañeros de trabajo, los compañeros de clase y los profesores de nuestros hijos y otras personas tienen acceso a exámenes sanitarios habituales y cuidados preventivos. Este es el caso, sobre todo, de las enfermedades infecciosas (como el VIH o la Covid) y de aquellas cuya carga compartida aumenta considerablemente si no se detectan y tratan a tiempo (como la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardíacas y la depresión).

La Ley de Asistencia Asequible reconoce los beneficios públicos de la cobertura sanitaria privada al exigir que la mayoría de los planes de salud cubran determinadas vacunas y servicios preventivos sin imponer ningún pago de bolsillo que pueda desanimar a la gente a recibir la atención que necesita. Esta es la normativa a la que se refiere el gobierno de Biden cuando dice que la mayoría de la gente podrá seguir vacunándose gratuitamente contra el virus Covid incluso después de que la respuesta a la pandemia se delegue totalmente en el mercado privado. Dependemos de empresas privadas altamente reguladas y subvencionadas por los contribuyentes para garantizar el acceso a las vacunas, las pruebas víricas, la detección de enfermedades, los servicios para dejar de fumar, los anticonceptivos, el asesoramiento y toda una serie de otras cosas vitales para la salud pública.

Pero el compromiso principal de la Ley de Asistencia Asequible no está funcionando para la salud pública. Nuestra dependencia de la financiación de la sanidad privada nos hace vulnerables a los malos resultados sanitarios y a los obscenos niveles de desigualdad. La regulación de lo que deben cubrir los planes de seguros privados es un parche crucial. Pero ahora, bajo la bandera de los derechos individuales –incluidos los derechos de los empleadores, las aseguradoras, las farmacias y los hospitales con ánimo de lucro a ejercer un juicio moral que condene el uso de servicios sanitarios que los expertos en medicina y salud pública consideran esenciales– los tribunales están erosionando los fundamentos jurídicos de la sanidad pública financiada por el sector privado.

Las cláusulas de exclusión de medicamentos y servicios que algunos jueces consideran constitucionalmente necesarias son cada vez más amplias para quien alega una razón religiosa al no acatar las normas de aplicación general o al no contribuir a los mecanismos de financiación colectiva. También están cada vez más arraigadas en la animadversión hacia las personas que ejercen su autonomía personal de una forma que la derecha religiosa considera inmoral, lo que la sentencia de la semana pasada puso de manifiesto.

Hace casi una década, un caso similar se abrió camino a través de los tribunales, dando lugar a una sentencia de la Corte Suprema según la cual algunas empresas con ánimo de lucro tienen derecho a acogerse, por razones religiosas, a excepciones del mandato de cobertura en materia anticonceptiva. Elizabeth Sepper, experta en derecho constitucional, advirtió que esto produciría otras demandas de exenciones religiosas, amenazando las regulaciones de la atención sanitaria, el empleo y los derechos civiles.

Durante la pandemia de Covid-19, la Corte Suprema invalidó las restricciones que no trataban las reuniones religiosas con especial permisividad, adoptando una interpretación mucho más amplia de lo que requiere la libertad religiosa que la que había prevalecido en décadas anteriores. Algunos jueces de tribunales inferiores han aplicado recientemente el mismo razonamiento a los requisitos de vacunación, dictaminando que si se permiten exenciones médicas, las exenciones religiosas son constitucionalmente necesarias. Hasta ahora, la Corte Suprema se ha negado a intervenir en estas disputas, pero los opositores a los requisitos de vacunación rutinaria en las escuelas están entusiasmados por el rumbo que parecen tomar las cosas.

El poder judicial federal, transformado por los nombramientos de Trump-McConnell, está socavando el equilibrio entre los intereses públicos y privados que sustenta nuestro enfoque democrático y capitalista para asegurar el bien común al tiempo que preserva la elección individual. Algunos jueces también están presionando sus pulgares en la balanza a favor de la libertad religiosa y en contra de otras formas de autonomía individual.

Asegurar la salud pública requiere que los estadounidenses trabajen juntos hacia objetivos compartidos. El derecho de los individuos y las empresas a no cumplir su parte alegando una objeción religiosa (cuya legitimidad es en gran medida inmune al escrutinio público) socava todo el sistema. Puede que la mayoría de la gente entienda intuitivamente que hacer cosas difíciles juntos requiere un compromiso y el respeto de ciertas esferas de la libertad individual. Pero pocos esperarían que las líneas estuvieran donde muchos jueces las están dibujando ahora.

Los cambios extremos en doctrinas legales tradicionales pueden estar diseñados para dirigirse a grupos estigmatizados –personas que buscan abortos electivos, personas transgénero y personas que tienen relaciones íntimas con parejas seropositivas– pero las consecuencias afectarán a todos. El razonamiento de la sentencia sobre la PrEP podría utilizarse para invalidar el mandato de cobertura de servicios preventivos de la Ley de Asistencia Asequible en su totalidad. Los expertos del sector predicen que, en ausencia de mandatos, los empleadores y las aseguradoras privadas trasladarán aún más costes a los pacientes y a sus hogares.

Quizá estos ataques acaben siendo contraproducentes y refuercen el apoyo a los programas públicos que dependen menos de la cooperación privada. Pero incluso si los estadounidenses desarrollan un sistema mejor, las sentencias judiciales que se imponen mientras tanto alterarán para siempre innumerables vidas al privilegiar los juicios morales de unos pocos sobre las necesidades esenciales de la mayoría.

Lindsay F. Wiley: es profesora de derecho y directora del programa de derecho y políticas públicas sanitarias en la UCLA

Fuente: https://www.nytimes.com/2022/09/15/opinion/religious-liberty-public-health.html

Traducción: Iovana Naddim

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