Comentarios del Observatorio
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El derecho se mantiene pero no contará con el apoyo del gobierno
La administración Biden anunció el martes un nuevo cambio normativo que, según los expertos, amenaza los derechos de los médicos y los proveedores de atención sanitaria a negarse a practicar abortos y cirugías a transexuales. El gobierno no defenderá dichos derechos en litigios legales ni dará curso a las denuncias de los afectados.
Roger Severino, vicepresidente de política interior de la Heritage Foundation y ex director de la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos, declaró a la CNA que el cambio de norma de la administración Biden «constituye una retirada a gran escala de la aplicación de la objeción de conciencia por parte de la Oficina de Derechos Civiles en nombre de la respuesta a los deseos del lobby abortista».
La nueva norma, titulada «Salvaguarda de los derechos de conciencia protegidos por las leyes federales», entrará en vigor el 11 de marzo. En un comunicado de prensa del 9 de enero en el que se anunciaba la nueva norma, el HHS afirmaba que los cambios «aumentarían el acceso a la atención y evitarían la discriminación».
La regla anula formalmente ciertas disposiciones establecidas por el HHS en 2019, cuando Severino estaba sirviendo bajo la administración Trump. La regla de 2019 garantizaba a los médicos y profesionales médicos la capacidad de negarse a realizar abortos por razones religiosas o de conciencia. Debido a varias sentencias de tribunales federales, la norma de Trump de 2019 nunca entró en vigor; sin embargo, las leyes que protegen los derechos de conciencia siguen vigentes.
El gobierno de Biden dice que la nueva regla solo «anula parcialmente la regla de 2019», porque «esas partes son redundantes, ilegales, confusas o socavan el equilibrio que el Congreso logró entre salvaguardar los derechos de conciencia y proteger el acceso a la atención médica, o porque se han planteado preguntas significativas sobre su autorización legal».
Según Severino, este cambio es el último de una serie de años de retrocesos en las principales protecciones de la objeción de conciencia.
«Desde el principio, la aplicación consciente fue objetivo de revocación por parte de la administración Biden a instancias de la industria del aborto», dijo.
«Empezaron anunciando que darían prioridad al aborto. Lo sobrealimentaron con la sentencia Dobbs. Anunciaron la disolución de la División de Conciencia y Libertad Religiosa dentro de la Oficina de Derechos Civiles y abandonaron la aplicación en litigios de una multitud de casos que fueron presentados por la OCR bajo Trump. Y la guinda del pastel ha sido ahora el desmantelamiento de la regulación que simplemente colocaba la aplicación de la conciencia al mismo nivel que cualquier otro derecho civil», dijo Severino.
Esta última medida, afirmó, envía el mensaje de que la administración ha abandonado la aplicación de las leyes de protección de la objeción de conciencia ordenadas por el Congreso.
Severino afirmó que «esta administración es sencillamente hostil a la legislación federal que protege los derechos de conciencia de los estadounidenses. Es vergonzosa esta situación».
«No es que no se hayan violado los derechos de conciencia, especialmente en estados muy liberales y favorables al aborto. En todo caso, se han multiplicado después de Dobbs», dijo, explicando que durante el tiempo que estuvo al frente de la OCR se encontró con cientos de quejas de este tipo.
«Sin embargo, la Oficina de Derechos Civiles ha estado absolutamente ausente de ellas, porque no hemos oído hablar de ninguna acción de aplicación, y estamos entrando en el cuarto año de esta administración», dijo. «¿Qué ha pasado con todas esas quejas? He oído hablar de cero medidas de aplicación porque esta administración está ideológicamente capturada y se niega a hacer cumplir la ley al pie de la letra».
El lobby abortista, contento con Biden
Grupos como Planned Parenthood y el National Women’s Law Center (NWLC), por su parte, celebran el cambio de norma de Biden.
Alexis McGill Johnson, presidente y consejera delegada de Planned Parenthood, calificó el cambio de norma de «paso en la dirección correcta», y añadió que «todo el mundo debe disponer de la información y la atención sanitaria necesarias para tomar sus propias decisiones sobre su vida, su cuerpo y su futuro.»
«Esta norma reafirma que la salud del paciente es lo primero», dijo Fátima Goss Graves, presidenta y directora ejecutiva del NWLC. «Las denegaciones de atención basadas en creencias personales -que ocurren incluso en estados donde el aborto es legal- perjudican a los pacientes.»
Graves continuó diciendo que «la atención que recibe un paciente nunca debe ser dictada por las creencias personales o religiosas de los proveedores de atención médica o de los políticos.»
Andrea Picciotti-Bayer, directora del Proyecto Conciencia y analista legal de EWTN, dijo a CNA que, a pesar de la controversia, las «protecciones legales para los trabajadores sanitarios de los derechos de conciencia siguen vigentes», incluso si la administración Biden ha señalado su falta de voluntad para hacerlas cumplir.
«Lo que está ocurriendo es una cortina de humo», explicó. «Las normas que se establecieron eran para facilitar al poder ejecutivo la aplicación de esas normas. Así que el hecho de que estén suavizando estas normas de conciencia no socava el hecho de que sigue existiendo un derecho estatutario a negarse a participar en procedimientos o intervenciones que violen la conciencia de una persona».
«Lo que sí hace es presionar para alinearse con las prioridades de la administración, dificultando que se escuchen tus quejas y enturbiando en cierto modo las obligaciones que tienen los grandes hospitales de respetar los derechos de sus trabajadores», prosiguió.
«Está creando confusión», dijo, y añadió que está «dando la señal de que la administración Biden no es del todo seria en lo que se refiere a una protección sólida de los derechos de conciencia de los trabajadores sanitarios».
«Son incapaces de borrar esos derechos, pero parece que van a hacer todo lo que esté en su mano para hacer creer a la gente que no los tienen», afirmó.
La consecuencia del cambio de normativa de la administración Biden, teme Picciotti-Bayer, puede ser que la «verdadera atención médica» se vuelva «cada vez más difícil de acceder para los estadounidenses porque las personas de fe y las instituciones inspiradas en la fe están siendo expulsadas del negocio».
