Dejar la decisión a los estados y a sus parlamentarios es fomentar el activismo de grupos de presión reaccionarios financiados mayoritariamente por multimillonarios evangelistas y trumpistas
Ahora que en América Latina se empiezan a otorgar derechos reproductivos a las mujeres, que hemos visto una “marea verde” en Argentina y Colombia que podría trasladarse pronto a Chile, Estados Unidos se prepara para dar marcha atrás. En 1985, mientras Ronald Reagan presidía Estados Unidos gracias a la ‘Mayoría Moral’, Margaret Atwood publicó El cuento de la criada, una novela de anticipación que retrata una sociedad retrógrada, en la que un régimen religioso totalitario circunscribe la vida de las mujeres a la reproducción. En 2017 se creó una serie basada en esta novela y en 2019 la escritora escribió una secuela: Los testamentos. La distopía está de actualidad. La enmienda Hyde que prohibía desde 1976 el uso de fondos federales para costear la interrupción voluntaria del embarazo fue eliminada en 2021 con Joe Biden, lo que evidencia que en Estados Unidos hay dos visiones del mundo chocando entre sí. En 1973, el caso ‘Roe contra Wade’ confirmó el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pero hoy el caso ‘Dobbs contra la Jackson Women’s Health Organization’, una clínica de Misisipi, puede transformar el cuerpo de las mujeres en un campo de batalla porque reemplazaría un derecho por una pugna entre distintas fuerzas. ¿Cómo es posible esta regresión?
El aborto no se prohibiría en todas partes, sino que correspondería a cada estado regularlo, la mitad de ellos lo prohibirían inmediatamente
En 1954, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló de facto un fallo suyo de 1896: mientras que en ‘Plessy contra Ferguson’ el Tribunal justificaba la segregación racial (“separados pero iguales”), el caso ‘Brown contra Board of Education’ marcó un cambio de rumbo hacia el fin de la segregación. Hoy se aproxima otro cambio de rumbo histórico, pero esta vez en la dirección contraria a todo progresismo. Desde 1973, algunos estados han intentado restringir el derecho al aborto, pero el Tribunal Supremo siempre había dado prioridad al precedente de ‘Roe’, como prueba el fallo del caso ‘Planned Parenthood contra Casey’ de 1992. Ahora, sin embargo, el fallo que está por emitirse en la causa ‘Dobbs’ no se limitaría a validar las restricciones que establece una ley sobre el aborto del estado de Misisipi, sino que la mayoría de los jueces estaría a favor de tumbar el fallo de ‘Roe’ (así como el de ‘Casey’). Según el borrador redactado por Samuel Alito, juez del Tribunal Supremo nombrado por George W. Bush en 2005, el fallo de 1973 estaría “terriblemente equivocado”, al igual que el del caso ‘Plessy contra Ferguson’ de 1896. Si bien el aborto no se prohibiría en todas partes, sino que correspondería a cada estado regularlo, la mitad de ellos lo prohibirían inmediatamente. Muchas mujeres carecerán de los medios para desplazarse a estados más liberales, sin contar con que en Missouri se pretende penalizar la ayuda que se reciba para abortar, aunque proceda de otros estados. En suma, el aborto dejaría de ser un derecho.
Para comprender lo que está en juego en esta demostración de poder judicial, es necesario recurrir a la historia. En 1890, el jurista Louis Brandeis definió el “derecho a la vida privada” (right to privacy) como el derecho a que le dejasen a uno en paz. En 1965, el Tribunal Supremo consideró que este derecho estaba implícito en la “penumbra” de la Constitución y lo aplicó en ‘Griswold contra Connecticut’ en relación con el uso de anticonceptivos, entendiéndolo como un derecho a la intimidad. Este derecho constituyó la base del fallo de 1973, haciéndose eco de un lema feminista: “Mi cuerpo, mi decisión”. Antes del caso ‘Roe’, la movilización social a favor de los derechos reproductivos se producía en un contexto de evolución de la jurisprudencia.
Después del caso, los conservadores no han dejado de cuestionar el fallo. La batalla se da en primer lugar en el plano teórico: la lectura “originalista” que propone la jueza Amy Coney Barrett, nombrada por el presidente Trump en 2020, pretende escapar a las ideologías volviendo al sentido original del texto. No obstante, el Tribunal Supremo respondió a este fundamentalismo judicial invocando la novena enmienda: “La enumeración de ciertos derechos en la Constitución no ha de entenderse en el sentido de que se niegan o menosprecian otros derechos que tiene todo ciudadano”. En otras palabras, la Constitución no es exhaustiva ni definitiva y, en vista de que la sociedad cambia, es necesario que un tribunal constitucional interprete el texto. Si no, ¿por qué no anular también el fallo del caso ‘Brown’ de 1954?
Muchas mujeres carecerán de medios para desplazarse a estados donde poder abortar, en Missouri incluso se pretende penalizar las ayudas para abortar
En cualquier caso, no es difícil imaginarse que tras ‘Roe’ le tocará el turno a ‘Obergefell contra Hodges’, el caso de 2015 que amplió el matrimonio a las parejas homosexuales. Las opiniones disidentes del Tribunal Supremo recurrieron a la misma retórica violenta, llegando a denunciar la existencia de “un egoísmo pretencioso”, como manifestó el juez Antonin Scalia. Sin embargo, su compañero Anthony Kennedy ofreció una aclaración al respecto: “La naturaleza de la injusticia hace que no siempre la veamos en nuestra época”, escribió recogiendo la opinión mayoritaria. “Las generaciones que redactaron y ratificaron la Carta de Derechos y la decimocuarta enmienda no pretendían conocer el alcance de la libertad en todas sus dimensiones, sino que confiaron a las generaciones futuras una carta que protege el derecho de todas las personas a disfrutar de la libertad mientras aprendemos su significado”.
Frente a estos argumentos teóricos, también existen argumentos propiamente políticos. El juez Alito está únicamente reafirmando una cantinela conservadora contra el “activismo judicial” que se atribuye a los progresistas. Según él, en ‘Roe’, “la Corte usurpó la facultad de decidir sobre una cuestión de profunda importancia moral y social que la Constitución confiere inequívocamente a la ciudadanía”. Es decir, este órgano “obstaculizó el proceso democrático”. Este argumento no carece de peso y ha constituido la fuerza de las movilizaciones conservadoras durante décadas. Sin embargo, dejar la decisión a los estados y por lo tanto a sus parlamentarios es fomentar el activismo de grupos de presión reaccionarios financiados mayoritariamente por multimillonarios evangelistas y trumpistas.
Falta saber si esta revolución conservadora suscitará en las elecciones más apoyo político del electorado conservador o del demócrata
¿Cómo se puede decir que ‘Roe’ constituye una decisión política y no afirmar lo mismo con respecto a ‘Dobbs’? El nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo es una intensa batalla política desde la designación de Robert Bork y Clarence Thomas, en 1987 y 1991 respectivamente, hasta la de Ketanji Brown Jackson, que sucederá en algunas semanas a Stephen Breyer. La razón no es menor: está en juego la mayoría política del órgano que decidió las elecciones presidenciales del 2000 y que podría volver a decidir las de 2024. En 1973, de los nueve jueces que lo integran, seis habían sido nombrados por un presidente republicano, pero cinco de ellos votaron para que se reconociese el derecho al aborto. Aún en 1992, cuando se falló en el caso de ‘Casey’, solo quedaba un juez nombrado por un presidente demócrata, y por lo tanto fueron tres jueces supuestamente conservadores lo que salvaron el caso ‘Roe’: David Souter, Sandra Day O’Connor y Anthony Kennedy. Hoy, en cambio, solos los jueces nombrados por presidentes demócratas votarían en contra de la opinión dominante en el caso ‘Dobbs’.
¿Quién podría sostener que el Tribunal Supremo no es un órgano político cuando, ocho meses antes de las elecciones de 2016, la mayoría republicana del Senado se negó a ratificar a Merrick Garland, el candidato nombrado por Barack Obama para ocupar la vacante del juez Scalia, permitiendo que lo hiciera posteriormente Donald Trump? Es más, ¿quién se atrevería a afirmar tal cosa ante el hecho de que el juez Thomas no se abstenga de juzgar en casos relativos a la insurrección del 6 de enero de 2021 sabiendo que su mujer, Ginni, promovió el intento de golpe de Estado? Falta saber si esta revolución conservadora, iniciada por una mayoría activista del Tribunal Supremo, suscitará en las elecciones de mitad de mandato de noviembre más apoyo político del electorado conservador o del demócrata, o si, más allá de eso, movilizará a todas las personas que no han olvidado el drama de los intentos clandestinos de terminar un embarazo, que en un pasado no tan lejano han causado la muerte de tantísimas mujeres.
Éric Fassin, sociólogo y profesor en la Universidad de Paris-8. Ha publicado recientemente ‘Populismo de izquierdas y neoliberalismo’ (Herder, 201
Traducción de María García Díaz.
