La Confederación de AMPA Gonzalo Anaya alerta de que la fiscalización anunciada por la Generalitat es “una operación de maquillaje” y PSPV y Compromís piden su derogación
La Consejería de Educación, del PP, revisará los criterios de admisión en los centros educativos públicos y concertados de la Comunidad Valenciana y eliminará los que “discriminen” por razón de origen, de religión o de cualquier otra circunstancia social, según ha anunciado este martes el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy. El departamento que dirige José Antonio Rovira ha anunciado la fiscalización después de que la Confederación de Padres y Madres Gonzalo Anaya diera la voz de alarma y denunciara que el punto extra que la Generalitat Valenciana permite a los centros escolares para solicitar una plaza suponía “discriminaciones por razón de nacimiento, origen, procedencia o religión”. PSPV y Compromís han pedido que se elimine el decreto de admisión que el Consell, de PP y Vox, pretendía colar.
La Confederación Gonzalo Anaya presentó hace días una queja al Síndic de Greuges al observar discriminatorio el uso en algunos centros docentes del punto extra llamado de “la circunstancia específica” en la baremación de la solicitud de plaza. Dicho punto se otorgaba en algunos centros por “tener trabajo ambos progenitores; ser familiares de exalumnos; asistir a las actividades parroquiales o haber ido a un centro de ideario católico; haber cursado el 0-3 años —etapa no obligatoria— en un centro autorizado de la misma titularidad o fundación, o haber nacido en la Comunidad Valenciana. El Ministerio de Educación envió una carta a la Generalitat en la que le advertía de que el decreto de admisión, aprobado el pasado 23 de abril, contemplaba ciertos aspectos que plantean discrepancias con la normativa básica.
La movilización de las familias y las denuncias de la oposición han llevado al secretario autonómico de Educación, según ha explicado este martes, a pedir a los centros públicos, privados y concertados que comuniquen los criterios que pensaban aplicar en el proceso de admisión y, según McEvoy, los que puedan contravenir la norma serán eliminados o cambiados.
Los criterios a revisión tienen que ver con los relacionados con el parentesco con los antiguos alumnos que hay que “acotar”, ya que en algunos casos “se extendían demasiado, incluso a familiares que hubieran cursado los estudios en centros del mismo titular pero en otros lugares”. “Evidentemente, los criterios que discriminan por razón de origen, de religión o de cualquier otra circunstancia social no los podemos aceptar”, ha subrayado McEvoy.
Sin embargo, la Confederación Gonzalo Anaya advierte que, a pesar de la revisión anunciada, todavía hay discriminaciones en la admisión escolar: la actividad laboral de progenitores todavía puntúa, ser familiar de antiguo alumno todavía puntúa, que la familia haya mostrado interés por el proyecto educativo de centro asistiendo a las puertas abiertas personalizadas, o que el niño o la niña haya sido escolarizado en el primer ciclo de Infantil en un centro autorizado de la misma titularidad también puntúa.
La Gonzalo Anaya propone que se elimine la circunstancia específica en la admisión, que se aplique el desempate por letra, habilitada en la orden y el decreto y, como propuesta definitiva que se vuelva a los puntos por las zonas escolares, con la retirada del distrito único que genera, además de segregación escolar, empates al tener todos 10 puntos de partida. Se debe aplicar el criterio de proximidad tal como dicta la LOMLOE.
Las críticas de los grupos de la oposición a la gestión de Educación han sido unánimes. “Es un retroceso de tal calibre, que es inadmisible”, ha declarado el portavoz socialista en las Cortes Valencianas José Muñoz. Su grupo registrará una proposición no de ley para que el Gobierno Valenciano, de PP y Vox, “se posicione claramente en contra de estos criterios y se comprometa a sacar una instrucción que delimite la asignación de este punto extra”.
Los socialistas pedirán también la comparecencia del consejero de Educación “para que explique qué esta haciendo con la educación pública”. El concejal en Valencia Borja Sanjuán ha registrado un requerimiento al departamento autonómico de Educación para que revise la apliación de criterios en la ciudad porque, por ejemplo, solo en la ciudad hay nueve centros educativos que restan si los escolares tienen a sus progenitores desempleados. “Es gravísimo, es aporofobia”, ha subrayado Sanjuán, quien ha lamentado que la alcaldesa María José Catalá no haya sido la primera en pedir que se deroguen los criterios discriminatorios.
El portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, ha valorado la última rectificación que la Consejería de Educación “está haciendo sobre la marcha como colofón en el peor curso de política educativa que se recuerda”. “Constatamos que el decreto de admisión del PP es en sí racista y segregador y nuestro recurso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana [lo presentaron ayer] obliga a rectificar a Mazón”, ha remarcado el diputado valencianista.
“Queda claro que teníamos razón y que el PP aprobó un decreto de admisión que era un coladero de medidas racistas, en contra de las familias con menos recursos y para segregar según la ideología. El único motivo por el cual está rectificando es por el recurso al TSJCV de Compromís y la presión de las familias. Lo sabían perfectamente, pero no ha colado. Esperamos que el TSJCV tumbe la norma, que es de extrema gravedad”, ha aseverado.
