La discusión sobre el Indulto Bicentenario reveló que el peso de la Iglesia Católica en la sociedad, y también en el Estado, es cada vez menor.
Piñera recibió la propuesta de la Iglesia, pero no la aceptó.
El gobierno advitirtió que la religión se involucra en temas que no son de su competencia, en concordancia con lo pensado por la mayoría de chilenos y chilenas, lo cual tiene positivo impacto en los derechos de la diversidad sexual.
Contra todo pronóstico uno de los más claros pronunciamientos gubernamentales para hacer respetar el Estado Laico, cuya vigencia legal en Chile se remonta a 1925, provino de una administración de Derecha y no de la Concertación, que tras 20 años en el Poder nunca fue clara al respecto.
Tras conocerse que la Iglesia Católica presentaría una propuesta para el Indulto Bicentenario, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, salió al paso el anterior 15 de julio. Junto con aclarar que "soy absolutamente contrario a los indultos" por ser un "resabio monárquico", advirtió que "a veces la Iglesia hace planteamientos en campos que no son los estrictamente propios de la confesión religiosa. Hay ciertos aspectos que están entregados más al campo de lo político que al campo de la confesión religiosa".
El pronunciamiento, que sólo venía a hacer respetar la separación entre la Iglesia y el Estado, recibió una de su máximas críticas de uno de los principales líderes de la Concertación, el presidente del Senado Jorge Pizarro, quien consideró a los dichos de Hinzpeter como una "descalificación temeraria e inaceptable".
"La descalificación que hizo el ministro del Interior contra la Iglesia a propósito de los indultos es francamente inaceptable. Creo que hay que cuidar el lenguaje. Hay que cuidar las formas sobre todo de parte del ministro", dijo Pizarro.
Añadió que "nadie puede atreverse a emitir un juicio tan temerario como ese. Y creo que es producto de la intolerancia y de una forma de hacer gobierno de una forma que no nos gusta".
Pero la verdad es que en la opinión de Hinzpeter no había nada de intolerancia, pues sólo persiguió delimitar fronteras que históricamente han sido sido difusas en Chile. Ello, por cuanto la Iglesia Católica, y también la evangélica, no sólo opinan, derecho del cual debe gozar toda persona o institución, sino también han tratado de imponer, la mayoría de las veces con éxito, su visión en las políticas públicas, violentando el Estado laico y, de paso, afectando los derechos humanos de sectores sociales que a su juicio no merecen igual trato, siendo sólo un ejemplo las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).
Pizarro también se equivocó al señalar que "esa forma de gobierno no nos gusta", porque la frase en nada es representativa del sentir nacional, cuya mayoría se opone a la intervención de la Iglesia en campos ajenos a la religión.
Como saldo final, la Iglesia perdió una de sus más emblemáticas batallas, pues el presidente Sebastián Piñera rechazó indultar a los violadores de derechos humanos y la Concertación en pleno validó el gesto, aunque nuevamente sin pronunciarse contra la ilegítima intervención de las religiones en el terreno político.
En su propuesta de indulto, entregada al presidente de la República el pasado 21 de junio, la Iglesia Católica sostuvo que "no sería completa la "mesa para todos" si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar. No olvidemos que no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron. A nuestro parecer no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado".
En medio del lógico rechazo que la propuesta desencadenó en las organizaciones de derechos humanos, se esperaba que Piñera se pronunciara en un plazo de 10 días, pero lo hizo antes.
El 25 de julio el Presidente señaló que considerará razones humanitarias para ir en beneficio de quienes se encuentren presos, pero aclaró que "quedarán excluidos aquellos condenados por delitos especialmente graves, como lo son los de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, homicidio, hechos de sangre, violaciones o abuso contra menores y otros delitos de igual gravedad y también no consideraremos a aquellos que han reincidido en forma sistemática".
De esa manera, la propuesta de Piñera sólo fue coincidente con la de la Iglesia en aquellos aspectos destinados a mejorar las condiciones carcelarias y a garantizar la rehablitación de quienes no gozan de libertad, lo cual fue intepretado por gran parte de la prensa como un fracaso para la jerarquía eclesiástica.
"Acostumbrada a que escuchen su voz, la Iglesia Católica por primera vez enfrenta un rechazo de este tipo, un signo de que los tiempos cambian y de que sus palabras ya no pesan lo mismo en la sociedad chilena", señaló CNN Chile.
Al final de cuentas, los dichos de Hinzpeter y la propuesta de Piñera lograron estar en mejor sintonía con la sociedad. En efecto, una encuesta de la Universidad del Desarrollo y del diario La Segunda, uno de los medios más conservadores del país, arrojó el pasado lunes que el 65 por ciento de los chilenos y chilenas considera que no debería haber indulto.
Además, el 51 por ciento estimó que la Iglesia "no debiera emitir opiniones más allá de las materias religiosas", porcentaje que baja al 47 por ciento al considerar sólo hombres y que sube al 54 por ciento en el caso de las mujeres, justamente uno de los sectores más afectados por la discriminación o desigualdad de género promovida por la Iglesia en su régimen interno y en la sociedad.
En tanto, un 27 por ciento piensa que la "Iglesia es una voz dentro de la sociedad, como otras" y sólo para el 19 por ciento "es una voz de autoridad moral que debe ser escuchada".
En medio de todo, sigue estando en la discusión sí habrá nuevos indultos en planos que el gobierno no exceptuó y pese a que ha sido el mismo ministro del Interior que considera a este beneficio como "un resabio monárquico". Un resabio del cual los ex presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet hicieron uso en 343, 244 y 61 ocasiones, en forma respectiva.
IMPACTO EN LAS MINORIAS SEXUALES
Las argumentaciones contra la igualdad de derechos para la divesidad sexual tienen como fuente principal a las religiones, por lo que los pronunciamientos y acciones que hagan prevalecer el Estado laico son de especial relevancia para este sector de la población.
En reiteradas ocasiones los pasados gobiernos escucharon las opiniones de la Iglesia y, en función de las mismas, no se atrevieron a impulsar decididamente la ley contra la discriminación, la igualdad legal para todas las parejas y, en casos más graves, propiciaron la exclusión de personas en razón de su orientación sexual o se negaron a escuchar a las víctimas.
Ejemplos son la profesora de religión Sandra Pavez, a quien las pasadas ministras de Educación nunca recibieron pese a haber sido negado su derecho de hacer clases por ser lesbiana, o el caso del trabajador Elías Bermúdez, que padeció una discriminación directa del gobierno de Bachelet, luego de que el Servicio Nacional del Menor (Sename) presentara una demanda para quitarle la tuición de su sobrino de dos años sólo por ser gay.
Bajo el actual gobierno, Pavez logró ser recibida por el ministro de Educación Joaquín Lavín y el Sename desistió hoy de toda acción legal contra Bermúdez, por lo cual podrá regularizar la tuición de su sobrino, sin embargo, aún no puede afirmarse si con esta adminitración los derechos de las minorías sexuales estarán mejor, peor o igual que en el pasado.
Y es que pese a estos positivos cambios, que podrían coronarse con el avance de normas antidiscriminatorias y de garantías básicas de igualdad para las parejas homosexuales, la verdad es que la promoción del Estado laico depende de un cambio cultural más profundo, pues su antítesis, la imposición de posturas religiosas, está profundamente instalada en la conciencia de la mayoría de los agentes políticos, incluidos el gobierno y el Parlamento, en especial cuando el tema abordado son los derechos de la diversidad sexual y aún cuando la sociedad ya se ha expresado por la separación entre Iglesia y política.
En efecto, Piñera ha señalado que no aceptará discriminaciones de ningún tipo, pero al mismo tiempo ha dicho, con una argumentación claramente religiosa, que "la esencia y naturaleza del matrimonio es entre un hombre y una mujer. No quiero una fórmula jurídica que debilite el matrimonio" . (ABC, 18 de julio).
¿Superarán el gobierno y la clase política estas contradicciones?, ¿el gobierno se impondrá efecivamente a las presiones de la UDI contra el avance de garantías básicas de igualdad para la diversidad sexual? o ¿cuánto efectivamente ha aprendido la Concertación de sus errores, en especial al considerar que a la fecha sólo el senador Fulvio Rossi ha hecho un mea culpa por los promesas incumplidas con las minorías sexuales? , son seguramente las interrogantes que analizan el Movilh y otros colectivos para definir sus futuras acciones a favor la igualdad en Chile.
