Si la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una muy mala noticia para las mujeres, algunas cosas buenas se desprenden de ella. La más importante para mi gusto es que, gracias a las declaraciones del Obispo de Mexicali, ahora queda claro, por si no lo había estado antes, que la incorporación a 17 constituciones estatales del famoso "derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural" en sólo unos cuantos meses, es producto de un plan orquestado desde el Vaticano, concertado por los miembros más conservadores del episcopado católico mexicano y puesto en práctica por gobernadores del PAN, pero también del PRI, con el amplio apoyo de sus bancadas, pero también con el de miembros de otros partidos, incluyendo algunos del PT y en por lo menos un caso (el de San Luis Potosí) con el voto de un legislador del PRD.
Don José Isidro Guerrero Macías dijo la verdad de manera tan triunfalista como honesta: que en el caso de la resolución final de la SCJN sobre Baja California, había participado "el Papa", "el Gobernador", "los gobernadores" y "el Presidente de la República". El Obispo de Mexicali mencionó incluso: "Casi perdíamos ayer [en referencia a la decisión de la SCJN], pero una llamada del Papa, no sé a quién, no me pregunten, cambió todo". Por encima de la precisión y puntualidad, incluso de la veracidad de los hechos señalados, lo que el prelado de Mexicali mostró abiertamente, con más cinismo que ingenuidad, es la enorme conjunción de fuerzas conservadoras articuladas por la jerarquía católica, que condujeron a reformas retrógradas en muchos estados de la República mexicana; reformas que afectan los derechos de las mujeres y las niñas, pero también los de la ciencia médica, así como los derechos sexuales de muchos ciudadanos y ciudadanas, quienes ahora estarán sujetos por un código religioso. Porque no cabe duda que con estas reformas se está violando un principio básico de la separación y del Estado laico; los ayatolas y los torquemadas le están imponiendo a todos los mexicanos y mexicanas que viven en estos estados su muy religiosa visión de la vida y de la muerte. Poco importa que uno no comparta esos códigos morales, esas visiones del mundo, esas doctrinas religiosas; la ley civil ahora obliga a todos los ciudadanos de esos estados a cumplir la norma religiosa. Y de eso no debe caber la menor duda: no se trata de una visión conservadora de la vida, compartida por la cúpula católica. Es, por el contrario, una visión religiosa, vaticana, transmitida como línea legislativa, a muchos sectores conservadores en diversos partidos políticos. Este esfuerzo conservador por introducir el mal llamado "derecho a la vida", desde la concepción hasta la muerte natural, fue orquestado ciertamente por los miembros más prominentes del Vaticano, quienes tienen años introduciéndolo en muchos países de América Latina, pero en México sus ejecutores fueron el Presidente de la República y los gobernadores panistas y priistas de los estados en cuestión.
De la participación del Presidente Calderón no hay la menor duda. Tuvo el descaro de pedir a la Cámara de Senadores retirar la Declaración Interpretativa formulada por el Gobierno de México respecto del párrafo primero del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), conocida como Pacto de San José, buscando formalmente eliminar el derecho de México a prever las excepciones en su legislación en dicha materia, pero sobre todo queriendo dejar claro cuál es su posición al respecto. Con esto, intervino indirectamente en el debate de la Suprema Corte, mandando un claro mensaje a los ministros de la misma respecto a su postura. Por si había alguna duda, su esposa, la presidenta del DIF, también se pronunció en el mismo sentido, al mismo tiempo que la Suprema Corte debatía el asunto. Dichas intervenciones constituyeron sendas violaciones al Estado laico mexicano, pues los funcionarios del Estado no deben convertirse en promotores de iniciativas religiosas. Su función es velar por el interés público, que es el de todos y no el parcial de algunos individuos o grupos religiosos. Es como si algún día un presidente mexicano que fuese testigo de Jehová se pusiera, acompañado por su esposa, a promover la abolición de las transfusiones de sangre. Aunque fuesen sus convicciones personales, no es su función la de introducir en la legislación federal sus creencias religiosas.
Para mí, el problema no reside en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque no nos guste el resultado de sus deliberaciones. No sólo porque la mayoría mostró argumentos lúcidos y atinados, sino porque ese no es un problema que ellos crearon. Desde mi punto de vista, a quienes hay que juzgar es a todos esos gobernadores y diputados, en su gran mayoría priistas y panistas (ayudados por unos cuantos "izquierdistas" del PT y hasta del PRD, como en SLP o Chiapas) que reformaron las 17 constituciones, para satisfacer a la jerarquía católica. Es curioso por ejemplo, que después de la resolución de la SCJN algunos líderes priistas se dijeron escandalizados. Sería mejor que pusieran sus mayorías a trabajar para revertir lo que hicieron en todos esos estados. La historia no ha llegado a su fin.
