Dos cualidades de la Declaración Universal enmarcan la obligación de cada Estado de respetar y proteger la dignidad del ser humano: el principio de indivisibilidad de los derechos de las personas, y el principio de universalidad. Esto significa por un lado que dichas normas internacionales conforman un conjunto coherente en el que no existe jerarquía alguna, es decir, todos los derechos humanos son parte, con igual grado de importancia, de un mismo cuerpo de principios, y por lo tanto no es válido pretender respetar “algunos” en desmedro de “otros”; sostener que se observan, por ejemplo, las libertades individuales y los derechos cívicos, pero que se postergan los derechos sociales básicos. Por otra parte, la universalidad es un rasgo esencial en su definición de “derechos humanos”, sin universalidad otros derechos adquieren una titularidad parcial, de etnia, de grupos, de comunidades, de naciones. Los derechos humanos suponen una ética humanista, que de manera diáfana actúe en beneficio de todos, que pueda ser compartida por ideologías y corrientes filosóficas, por creyentes de las distintas religiones y también por los no creyentes, sin atentar contra la diversidad de pensamiento. Los individuos, tanto como los pueblos, deben tomar conciencia de su destino común. Como dijera alguna vez Hans Küng, “Sin un talante ético mundial, no hay orden mundial… La humanidad posmoderna necesita objetivos, valores, ideales y concepciones comunes”.
Los 70 años transcurridos desde la publicación han demostrado trascendentales avances en la integridad de estos derechos, unidos a la titularidad que reivindica el género humano. Cada vez menos países se atreven a desafiar estos derechos, con la lamentable excepción de dos gigantes del continente americano, en que democráticamente mayorías circunstanciales han elegido a su máxima autoridad sin pensar en las consecuencias que puedan acarrear, a sus connacionales en primer lugar pero también sobre amplios sectores del planeta, políticas populistas de extrema derecha, etiquetando como enemigos a cuantos piensen distinto, amenazando la prensa libre y la libertad de expresión, demostrando una preocupante estulticia en sus afanes de sobreexplotar los recursos naturales, y anteponiendo el matonaje y el arbitrio de las fuerzas militares por sobre la búsqueda de consensos políticos.
La norma ha sido, sin embargo, que la mayor parte de los Estados, en todos los continentes, han seguido en los últimos decenios un proceso, aunque lento, de positivización de los derechos humanos, esto es su redacción y valoración ya sea como texto constitucional o norma jurídica, junto al otorgamiento de los recursos necesarios para su concreción. Ello ha permitido avanzar en la debida autolimitación de los Estados, específicamente en la disposición de no interferir ni desvirtuar leyes democráticamente aprobadas por el poder legislativo, tendientes a proteger jurídicamente los derechos establecidos tanto en la Declaración como en los Pactos posteriores adoptados en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que pudiesen no coincidir con la moral particular, o la visión religiosa o filosófica, ya fuere del gobierno o de otro poder, como un tribunal constitucional.
Esta situación la experimentamos en nuestro país con el trajinado protocolo que pretende regular la objeción de conciencia, incorporado a la ley de despenalización del aborto en tres causales, despachada por el Congreso hace ya más de un año, y que aún se mantiene trabada por motivos ético-morales o creencias religiosas. Los organismos internacionales han enfatizado la obligación del Estado frente a los abortos cuando existen condiciones de riesgo para la vida de la madre, definiendo estas causales como un asunto de derechos humanos. La objeción de conciencia institucional que se ha levantado como último recurso para desbaratar la ley —el derecho de objeción de conciencia es de titularidad exclusiva de las personas naturales—, carece de todo reconocimiento en el derecho internacional de los derechos humanos. De esa manera, el Estado no debería permitir que instituciones financiadas con recursos fiscales, a través de una amañada interpretación de “objeción de conciencia”, puedan restringir los derechos de mujeres y niñas negándoles una atención de salud de tal trascendencia, motivados por moralismos o concepciones patriarcales.
En base a los instrumentos a los cuales han concurrido con su firma, los Estados están obligados, frente al sistema internacional de protección de los derechos humanos, a garantizar los derechos de todas las personas que habiten en su territorio. De igual modo, frente a los habitantes del país, se obligan a respetar la dignidad del ser humano y a proteger los derechos del individuo, haciéndose no sólo exigible su responsabilidad internacional por otros Estados en caso de graves violaciones, sino también por las personas sometidas a su jurisdicción, cualquiera fuere su nacionalidad. De esta manera, frente al fenómeno de la migración, el Estado anfitrión está obligado a mantener las condiciones necesarias para que todo inmigrante goce de sus derechos como persona, y tenga acceso a la paz, a la justicia, a la libertad y al bienestar común.
El mundo ha sido testigo en los últimos años de vergonzantes migraciones masivas, mostrando las extremas necesidades de personas de todas las edades que se trasladan en busca de mejores condiciones de vida. Migraciones transoceánicas, migraciones internas —producto de las crisis económicas que provoca la globalización en zonas desprovistas de recursos naturales—, migraciones transfronterizas, como la masiva caravana de centroamericanos que actualmente intentan ingresar a EE. UU., a la que el presidente Trump amenaza detener con el ejército. Son miles los ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras, el mayor desplazamiento de migrantes visto en décadas, con niños, ancianos y mujeres embarazadas que huyen de la pobreza extrema y de una violencia brutal entronizada en sus países de origen, realidad de la que los medios de comunicación escasamente dan cuenta. La falta de trabajo, la insuficiente infraestructura de salud, las persecuciones político-ideológicas o étnico- religiosas, la inseguridad que provoca la violencia de las “maras” —organizaciones de pandillas criminales asociadas internacionalmente—, son las causas que explican la decisión de afrontar gravísimos riesgos en una marcha de casi 2.000 kilómetros, con casi nulas probabilidades de alcanzar su objetivo. Existen también otros grupos, menos desfavorecidos, que sólo buscan resolver condiciones socioeconómicas precarias, o simplemente mejorar la calidad de vida del grupo familiar.
El ideal de un mundo solidario previsto en el enunciado de los derechos humanos, sobre todo cuando no existe ya misterio acerca de las causas que provocan la carencia y la desigualdad en el actual periodo de capitalismo tardío, se ve desdibujado en los países industrializados hacia los cuales fluyen las masas de emigrantes. Allí se estrellan en mayor o menor medida con reacciones de rechazo, ya sean de carácter racista o simplemente xenófobas. Las ideologías ultranacionalistas, incrustadas en algunos sectores de derecha—como los que representan Trump y ahora Bolsonaro—, ante una ciudadanía desencantada por la inoperancia de los políticos para resolver los grandes problemas de la sociedad, particularmente el de la desigualdad económicosocial, intentan culpar a los inmigrantes de la escasez de puestos de trabajo, construyendo imágenes falseadas y estereotipos animados por prejuicios inconsistentes (traen delincuencia, son traficantes, constituyen riesgo de propagación de enfermedades infecciosas, etc.), o aceptándoseles a regañadientes como mano de obra barata —apetecidos entonces por empleadores inescrupulosos—, asumiéndolos como “recurso” por sobre su condición de “ser humano”.
Chile es un país de largo prestigio respecto al cumplimiento de sus compromisos internacionales —condición contravenida sólo durante la dictadura—, y por lo tanto las restricciones que intenta imponer la nueva ley de migración impulsada por el gobierno, deben ser profundamente analizadas a fin de evitar el bochorno de aparecer violando acuerdos firmados ante el sistema internacional de protección de los derechos humanos.
En específico, en lo que se refiere a la salvaguarda de los derechos de las personas migrantes, debe ponerse especial atención al propósito de impedir el ingreso a quienes no tienen o están impedidos de ejercer una profesión u oficio, de igual modo a los que carecen de recursos para mantenerse en Chile sin constituir una carga social, lo que es abiertamente discriminatorio según sea la situación económica que puedan exhibir los inmigrantes. Tampoco responde a las exigencias de los tratados firmados, el hecho que las causales de rechazo al ingreso de personas estén reguladas por un decreto ley, y no por una ley aprobada democráticamente, con todas sus implicancias respecto a órdenes administrativas para la expulsión de personas, atentatorias contra el principio de libertad personal. Hay que recordar que la actual legislación sobre migraciones, decreto ley N° 1.094, de 1975, impuesto al inicio de la dictadura cívico-militar, está inspirada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, que regía entonces las decisiones del régimen, frente al temor de que pudieran infiltrarse “enemigos” en el país.
Lo preocupante es que después de 43 años, con la alta inserción que ha alcanzado Chile en el comercio mundial, no se haya alcanzado un acuerdo democrático para cambiar dicho decreto. Una ley moderna, que recoja los acuerdos de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares (ratificada y promulgada por Chile el 12 de abril de 2005), que reconozca la conexión entre migración y derechos humanos, y que elimine todo riesgo de abusos —la expulsión por vía administrativa, por ejemplo— respecto de las personas que conforman la migración internacional. El espectáculo ampliamente publicitado por el Gobierno de fletar aviones llenos de inmigrantes afrodescendientes a su lugar de origen no es digno de orgullo para nuestro país.
El largo camino de los derechos humanos
No todo comenzó con la proclamación de los valores consagrados como derechos imprescriptibles e inalienables en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), de 1948. El anhelo de los hombres de que se respete su dignidad, en especial su libertad, probablemente acompaña a los seres humanos desde que tuvieron conciencia de sí mismos, tal vez desde que asumieron la posición vertical y adquirieron la noción de espacio y del lugar que ocupaban en relación a los demás.
Sin embargo, los innumerables conflictos acaecidos a lo largo de la historia, las invasiones con fines de despojo o esclavitud, las guerras de dominio o los levantamientos contra el poder establecido, generaron casi siempre un tratamiento inhumano al vencido, instaurando un ordenamiento de abuso y sometimiento. En la primitiva Antigüedad no existe registro de sociedades que conocieran el concepto de derechos individuales. Las civilizaciones de Egipto, Caldea, Asiria, Palestina y Persia otorgaban a sus soberanos un origen divino, de manera que el ejercicio del poder absoluto los hacía propietarios incluso de la vida de sus súbditos.
Por esta razón, la Historia registra dos casos pretéritos relevantes como primigenios reconocimientos de derechos humanos. El más remoto, se encontró en el Cilindro de Ciro, pieza cilíndrica de arcilla inscrita en el año 539 a. n. e. por Ciro El Grande, del Imperio Aqueménide de Persia, tras haber conquistado Babilonia. Allí declaraba que “él no reinaría sobre un pueblo que no lo deseara” y que nadie sería despojado de su libertad ni estaría obligado a cambiar de religión. Este grabado ha sido reconocido por la ONU como el primer documento sobre derechos humanos de la Historia.
Si bien es cierto hacia el siglo V a.n.e., floreció en Grecia una organización política que reconocía la libertad del hombre y su derecho a gobernar la ciudad, el concepto quedaba restringido a los ciudadanos, dejando fuera de esta categoría a esclavos y metecos. Las mujeres, al igual que los esclavos, estaban excluidas de toda actividad relacionada con la ciudadanía. Aun así, fue el helenismo el que dejó como herencia a Occidente el concepto de dignidad de la persona humana.
Unos mil años después, un acuerdo alcanzado en 590 e.c. entre tribus árabes, conocido como Pacto de los Virtuosos (Hilf-al- fudul), es reconocido como la más antigua alianza de derechos humanos. Establecido en La Meca, en la actual Arabia Saudita, previo al periodo islámico, cuando prevalecía la idolatría y la ley del talión, se trata de un compromiso para alcanzar la justicia y el bien común en el seno de un grupo importante de seres humanos.
En periodos históricos modernos, los hitos más identificables los encontramos en la Declaración de Derechos de Inglaterra (The Bill Of Rights) del 13 de febrero de 1689, redactada después de la Guerra Civil que conmocionó a ese país a mediados del siglo XVII, y que responde a una temprana aspiración del pueblo por experimentar la democracia. Fue importante antecedente para la redacción de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en 1776, y un incentivo para que, un siglo después, la Asamblea nacional constituyente creada por los Estados Generales durante la Revolución Francesa, diera lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamando por primera vez el derecho de libertad e igualdad para todos.
Pero es sin duda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya promulgación hoy recordamos, el fundamento más acabado y ambicioso de reconocimiento internacional de los derechos fundamentales de las personas.
Acicateada por sentimientos de desolación y vergüenza, la Declaración recoge el estado de shock de la comunidad internacional mientras se iba enterando del salvajismo con que se actuó durante la II Guerra Mundial, de develarse el horror de los campos de concentración nazis y de la aterradora capacidad de destrucción de las bombas atómicas lanzadas contra Hiroshima y Nagasaki. Pero no sólo fue la guerra que estalló en 1939, antes, en 1914, hubo una primera gran conflagración mundial que dejó entre 20 y 30 millones de muertos, considerando soldados y civiles. En total, durante el siglo XX, hubo más de 130 conflictos armados en el mundo, guerras entre naciones y contiendas internas, lo que convierte al siglo XX en el más sangriento de la historia de la humanidad.
La guerra fría empujó las confrontaciones al tercer mundo, que conoció a fines del siglo pasado decenas de conflictos “de baja intensidad”, muchos de ellos promovidos por las grandes potencias y su despiadada lucha por la explotación de las riquezas en África y Asia. Fue la herencia maldita de la conquista colonial.
Junto a la violencia externa, surgieron los conflictos étnicos, que dieron lugar a genocidios incalificables, como el de Ruanda de 1994, que redujo la población tutsi a un 25 % sus habitantes, por matanzas despiadadas perpetradas por una facción mayoritaria de la misma etnia, los hutu. La violencia endémica que sacude a África, un continente de 54 países, en los que es difícil por lo tanto encontrar características comunes, tiene sus raíces sin embargo en los miles de conquistadores inescrupulosos, que con apoyo militar consumaron en el siglo XIX sangrientas expoliaciones de materias primas, mantuvieron el tráfico de esclavos y abrieron vías a la aculturización y al apartheid. El complejo proceso de descolonización impuso en gran medida la impunidad en relación a los abusos y violaciones a los derechos humanos, y en los decenios recién pasados ha sido el recurso forzoso para alcanzar precarios estados de paz.
La intolerancia es el germen principal de la larga lista de conflictos en el continente africano. Intolerancia a las disidencias ideológicas, intolerancia a los que se manifiestan motivados por idearios políticos distintos a “los oficiales”, o a los que protestan demandando mejores condiciones de vida. Podría encontrarse allí una amplia gama de violaciones a los derechos fundamentales, sin embargo la luz de esperanza proviene, una vez más, de la gente común, y de las numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos, que han ido incorporando en el lenguaje cotidiano conceptos de justicia, de derechos, de igualdad y dignidad. En África, como en todo el mundo, la tolerancia crece en la medida que disminuye la desconfianza en “el otro”. A ello ha contribuido de manera muy importante la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que recoge en un mismo documento el reconocimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, estableciendo la interdependencia, la no priorización y la indivisibilidad de los derechos humanos.
Es importante saber que, posterior a la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se han sucedido una gran cantidad de tratados internacionales sobre la materia, orientados a temas específicos como Derechos Políticos y Civiles, Derechos Económicos Sociales y Culturales, Discriminación contra la mujer, Discriminación racial, Contra la tortura y penas crueles y degradantes, Derechos de los niños, Derechos de trabajadores migratorios, Desapariciones forzadas, Pena de muerte, Pueblos indígenas, y varios más. Todos ellos con el ánimo de impedir que el siglo actual pase a la historia con el mismo estigma que el anterior, la alta conflictividad y los millones de vidas humanas truncadas.
El interés de las naciones por perfeccionar los instrumentos de Derechos Humanos y el establecimiento de sistemas de protección internacional de esos derechos, ha dado lugar a una disciplina especializada conocida como “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, la que establece las obligaciones que los Estados deben respetar, constituyéndose en una especie de Constitucionalismo Mundial, estableciendo estándares que, como mínimo, los distintos países deberían asumir en sus respectivas cartas magnas.
El derecho internacional de los derechos humanos nos ofrece así un nuevo paradigma para avanzar hacia la paz entre las naciones y al interior de cada una de ellas, en que el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos, vinculantes como sabemos para todos los Estados, pasan a ser parte también de mecanismos de control internacional, en procura de una efectiva protección de los derechos del individuo, conforme a las obligaciones que han contraído los Estados en materia de derechos humanos dentro del sistema universal. Esta decisión se apoya en la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, y no cubre solamente un interés teórico del derecho internacional, sino que supone importantes consecuencias prácticas, demostrando que cada vez más los instrumentos de derechos humanos se constituyen en organismos vivos, atentos al constante devenir de las realidades políticas y sociales que de manera diferentes afligen a las personas.
Los derechos humanos en Chile
El tema de los derechos humanos no tuvo gran resonancia cultural ni política antes del golpe cívico-militar de 1973. En las semanas posteriores a la instauración de la junta militar, silenciosamente algunas organizaciones religiosas y sociales comenzaron a proteger a los centenares de perseguidos que diariamente empezaban a aparecer en las listas publicadas en las calles, en la prensa y en la TV, instigando la delación como recurso de disociación. Los puntos de resistencia armada eran pocos, y sin embargo las estimaciones de observadores extranjeros fijaban “en miles” el número de víctimas, a la vez que se constataban decenas de miles de detenciones practicadas en allanamientos masivos efectuados por fuerzas militares en todo el país. Un informe de 1985 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, señalaba que la cúpula militar utilizaba, con el propósito de amedrentar y desincentivar la resistencia, “todos los recursos a su disposición, incluyendo los métodos de violencia más extremos”.
Por vías no oficiales el país comenzó a enterarse de la labor de distintas entidades que ocultaban a los perseguidos proporcionándoles vías de escapatoria a través de numerosas embajadas, cuyos países se mostraron desde el comienzo dispuestos a otorgar asilo. El Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados (CONAR), comienza a funcionar pocos días después del 11 de septiembre de 1973, por iniciativa de las iglesias protestantes y evangélicas. En octubre de ese mismo año empieza a atender a familiares de detenidos y desaparecidos el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI), de carácter ecuménico, constituido por representantes de la iglesia católica, de las iglesias evangélicas Metodista, Bautista, Evangélica Luterana, Ortodoxa y Metodista Pentecostal, además de la comunidad israelita. Surge a continuación la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), que se forma espontáneamente a fines de 1974 entre una veintena de mujeres que concurrían a diario a las puertas de centros de detención de los que daba cuenta el régimen, entre ellos el Estadio Nacional y algunos otros recintos militares, a pedir información sin tener certeza de que allí se encontraran sus familiares. En 1976 la Iglesia católica se retira de COPACH y asume la defensa de los perseguidos la entonces recién creada Vicaría de la Solidaridad. Poco después aparecen la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias (FASIC) y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), organización que sigue la metodología de resolución de conflictos a través de la No Violencia Activa. Más tarde ocuparán también un importante lugar en la defensa de los derechos humanos la Comisión Chilena de Derechos Humanos (1978), el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU (1980), la Comisión Nacional Contra la Tortura, formado por un equipo de profesionales bajo la coordinación de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y el Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo (1983).
Toda esta red solidaria, junto a cientos de organizaciones de base que surgieron para proteger a gente común y corriente, cuya integridad se encontraba en peligro simplemente por cumplir un rol de liderazgo comunitario, sustentadas en el histórico tejido social que había desarrollado el país en la segunda mitad del siglo pasado, fue capaz no sólo de desafiar a la dictadura denunciando internacionalmente los miles de casos de atropellos a los derechos humanos básicos, sino que colaboró decisivamente en el proceso de rearticulación de prácticas de sociabilidad esenciales para paliar las consecuencias del traumático cambio en la economía, desde el antiguo Estado redistributivo hasta el nuevo modelo neoliberal de libre mercado. Las ollas comunes, los comités solidarios “comprando juntos”, los talleres para mujeres en los que se enseñaban variadas manualidades, permitieron el diálogo entre pobladores y activistas de los derechos humanos provenientes del arte y la cultura, del mundo intelectual, y de los disueltos partidos políticos, lo que creó una base social creciente, que empezó a manifestarse mensualmente a partir de 1983, en un proceso que se conoció como Jornadas de Protesta Nacional, a veces con decenas de muertos en los días-noches de protesta. Estas jornadas minaron poderosamente las bases de apoyo político de la dictadura — incluso perdió definitivamente el respaldo inicial de EE.UU., para cuyos intereses el régimen militar ya no era garantía—, generando un clima propicio para una futura concertación política, incubada desde alianzas forjadas en ese periodo.
Quienes se asentaron en el poder en el periodo postdictadura, suelen desconocer el real aporte del movimiento de derechos humanos en el proceso de retorno a la normalidad democrática. Los partidos políticos transversalmente trataron de instrumentalizar la riquísima red de organizaciones de base constituidas en el periodo de dictadura, cooptando a sus dirigentes y dejando languidecer a las organizaciones, enfrentados sus miembros a la urgencia individual y familiar de “ganarse la vida”. A partir de entonces los partidos políticos se arrogaron el mérito estelar en el triunfo cívico del plebiscito de 1988, que llevó al fin del régimen militar. Una película chilena referida a la campaña del «NO», deforma groseramente la historia, haciendo ver que el triunfo en el plebiscito se debe únicamente al “talento” de un puñado de expertos comunicacionales pertenecientes a los partidos de oposición, ocultando tendenciosamente el rol que le cupo a la sociedad civil que luchó heroicamente contra la dictadura.
No intentaremos profundizar en una historia que es dolorosamente conocida, aunque no haya concitado aun la voluntad política suficiente para crear condiciones en pro de una real reconciliación entre ex opresores y sus víctimas y familiares, con medidas eficaces que contribuyan a la demanda de “verdad y justicia”, para que la sociedad chilena mayoritariamente asuma un “nunca más”. Se ha omitido internalizar en lo más profundo de los chilenos, tanto en los que vivieron el proceso sin enterarse de lo que ocurría en las mazmorras de los servicios de seguridad, como en las nuevas generaciones, negándose los gobiernos democráticos a incluir en los planes de enseñanza media una asignatura específica de derechos humanos, que les permita el conocimiento de los horrores de aquel periodo plagado de asesinatos, violaciones, deportaciones arbitrarias y torturas aberrantes, tendientes a provocar la deshumanización de las personas. Una muestra del odio del régimen militar, que el país no debería olvidar, la constituyen las semanales frases peyorativas del almirante Merino, refiriéndose a “los enemigos” (los opositores al régimen) como “humanoides”, con el propósito de despojar a la gente más sencilla de su capacidad de reacción ante las humillaciones, acondicionándolas sicológicamente para que se sintieran inermes frente a las arbitrariedades del poder totalitario.
Lo que queda por hacer es mucho, partiendo en primer lugar por las Fuerzas Armadas, de cuyas filas salieron los principales perpetradores de abusos y violaciones criminales. Los militares que hoy están presos por violaciones de derechos humanos se niegan a reconocer sus crímenes, machacando la consigna de “haber actuado en defensa de la patria”. Los distintos mandos de las ramas de la defensa, desde el comienzo de la transición hasta ahora, se han negado a colaborar para entregar al país referencias sobre los restos de detenidos desaparecidos, en un ignominioso intento por evadir las responsabilidades institucionales. La tarea que queda pendiente para la sociedad civil es la de crear nuevas condiciones en las relaciones entre las fuerzas armadas y el poder político democrático, erradicando en primer lugar la doctrina de seguridad nacional de la formación profesional y emocional de los jóvenes que ingresan a los institutos militares, reemplazándola por la doctrina de los derechos humanos.
Lamentablemente, estamos muy lejos de otras experiencias, como la de Alemania que asumió con ejemplar entereza la estigmatización por los crímenes nazis, y que hasta el día de hoy continúa enjuiciando colaboradores y miembros del régimen hitleriano. La actual República Federal de Alemania consagró los derechos humanos en su Constitución, estableciendo en el Artículo 1 de su Ley Fundamental la frase: “La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público”. También en su Constitución se establece la obligatoriedad de la asignatura de educación política, desde el nivel primario de la enseñanza, luego en los seis niveles de educación secundaria, prolongándose durante dos cursos de bachillerato. El objetivo fundamental de la asignatura es entregarles a todos los alumnos y alumnas de Alemania conocimientos plenamente fundamentados sobre los derechos humanos y el significado de un sistema democrático estructurado como Estado de Derecho. Pero no para allí, la enseñanza pone especial énfasis en el respeto por los derechos humanos en la economía del país y en su política de desarrollo.
El movimiento de los derechos humanos posterior a la dictadura en nuestro país, ha estado sostenido por un grupo de organizaciones en que participan principalmente familiares y cercanos de los miles de chilenos y chilenas desaparecidos o asesinados durante la dictadura militar, los que han desplegado una lucha permanente, y muchas veces incomprendida, por verdad y justicia, sin el apoyo resuelto de ninguno de los distintos gobiernos democráticos hasta la fecha. Aparte de la importancia de iniciativas como el Museo de la Memoria, la contribución del movimiento de derechos humanos ha sido insustituible para la mantención de la memoria histórica colectiva, sin la cual, una sociedad corre el riesgo de volver a cometer los errores que precipitaron el país en la hecatombe. En este sentido, ante la carencia en el currículo educativo de una visión pedagógica y desapasionada de los hechos acaecidos desde el golpe militar en adelante, la acción incansable de búsqueda de la verdad por parte de las organizaciones de derechos humanos ha permitido una transmisión intergeneracional hacia los más jóvenes, sin la cual el olvido y el negacionismo abonarían el terreno a la apatía ciudadana, debilitando el rechazo democrático ante un eventual atentado contra el Estado de Derecho.
Un importante rol en la paz mundial le cabe al respeto por las libertades de conciencia y de religión, tal como queda establecido en los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas o la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros, además de la propia Declaración Universal. El derecho que queda consagrado en ellos, no sólo se refiere a la plena protección a la libertad de creer o no creer de cada ser humano, sino también a la aconfesionalidad que se debe el Estado, separando sus funciones de todas las iglesias, como garantía de la libertad religiosa que debe imperar en cada país. La aconfesionaliddad del Estado exige también que ninguna institución religiosa traspase los fines que les son propios. De esa manera, ninguna autoridad eclesiástica debería gozar de prerrogativas basadas en la tradición para inmiscuirse en temas propios del ámbito civil, que deben zanjarse dentro de la discusión democrática a través de los canales institucionales de cada país.
La Iglesia católica y varias iglesias evangélicas tuvieron intervenciones mucho más allá de lo que el respeto a la autodeterminación y la libertad de conciencia exigen, en el pasado debate por el principio de igualdad y no discriminación en la educación, desarrollando intensos lobbies en defensa de privilegios adquiridos en los establecimientos educacionales subvencionados de los cuales son sostenedores. La inquietud de la iglesia católica en particular era la de seguir recibiendo financiamiento del Estado, sin dejar de seleccionar a los alumnos que intentan ingresar a esos colegios. Es la misma actitud que mantienen los centros de salud Red Chirstus de la Universidad Católica, que pretende acogerse institucionalmente a la objeción de conciencia y no practicar abortos, incoherentemente sin perder por ello los contratos de atención ginecológica establecidos con el Estado.
Tampoco trepidan las iglesias en intervenir abiertamente en propuestas que se tramitan en el Congreso como la ley de Identidad de género o de derechos sexuales y reproductivos, negándose a reconocerlos como derechos humanos, como lo establecen numerosos tratados regionales e internacionales. La ley de despenalización del aborto, el reconocimiento de las sexualidades no heterosexuales, el derecho de las personas a tomar y hacer respetar las decisiones que adopte sobre su vida sexual y reproductiva, o la adopción homoparental, son temas rechazados por las cúpulas religiosas sin reparar en la humanidad que encierran, aprovechando la relación asimétrica y autoritaria que imponen a sus fieles.
Las iglesias evangélicas, entusiasmadas por el éxito creciente en la captación de seguidores en América Latina, ha tomado la decisión de aliarse políticamente con partidos de derecha y ultraderecha, aportando los disciplinados votos de sus fieles al proyecto neoliberal, recibiendo como contribución el beneplácito de aquellas cúpulas políticas para levantar posiciones valórico- religiosas que les permitan evaluar cada proyecto de políticas públicas con el rasero de sus intereses corporativos.
En suma, la gran causa de los derechos humanos dista mucho de alcanzar su afianzamiento. Basta mirar el mundo y darnos cuenta de sus convulsiones: conflictos armados —la guerra de Yemen, declarada por la Unicef como “guerra contra los niños”, arroja ya 5.000 menores muertos— y guerras comerciales; destrucción de los ecosistemas e incapacidad de los líderes mundiales de detener la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático; violaciones a los derechos humanos de habitantes del tercer mundo (incluyendo EE.UU. y América Latina), amenaza de populismos de ultraderecha sobre las libertades democráticas.
Así como alguna vez, en nuestro país, fueron las organizaciones surgidas de la sociedad civil las que se pusieron al frente de la movilización social para oponerse a la dominación autoritaria, con el claro objetivo libertad y la democracia, hoy, nuevamente le cabe a la ciudadanía la obligación de exigir al Estado el cumplimiento de todos aquellos compromisos que ha suscrito en el seno de la comunidad internacional, y que básicamente consisten en integrar la totalidad de los derechos humanos en las políticas de desarrollo, de las cuales amplios sectores permanecen todavía segregados.
Los antagonismos culturales, raciales e ideológicos, tanto como la obstrucción a la justicia social, sólo se verán amortiguados si se modifica desde ya la orientación de la educación, anteponiendo un espíritu de igualdad basado en los derechos humanos. Este es el único camino seguro para construir la paz.
