El Estado Vaticano nos tiene sojuzgados también en lo económico ya que no está obligado a declarar sus ingresos, ni paga impuesto alguno por todo lo que recibe de sus fieles o de las entradas a templos, las inmatriculaciones…
Uno de los mayores escándalos que vive hoy día nuestro país, y mira que los hay importantes, es el sometimiento del Estado español al Estado Vaticano. Un país este que se supone que se ocupa prioritariamente de los asuntos del espíritu pero que, sin embargo, se muestra especialmente interesado en todo lo que tiene que ver con adoctrinamiento ideológico, conducta sexual, crecimiento de sus decenas de miles de propiedades y engrosamiento de sus cuentas bancarias. Un Estado que, tras el propio Estado español, es el mayor propietario de bienes inmuebles y bienes muebles en España.
El reciente escándalo de pederastia en Granada tendría que suponer una piedra de toque en la que al parecer nadie ha caído hasta ahora; porque, yo me pregunto, ¿por qué el Estado español tiene que permitir la obligación de la castidad que un Estado extranjero impone a sus trabajadores (sí, los sacerdotes son trabajadores) en suelo español? ¿Acaso el Estado español está obligado a respetar las condiciones del contrato entre el Estado Vaticano y los trabajadores españoles que trabajan en España a su servicio? Si Arabia Saudí, por poner un ejemplo, permitiera a sus imanes residentes en nuestro país a tomar varias esposas, ¿España estaría obligada a aceptar esta norma que va en contra de nuestras leyes? Evidentemente no, pero sin embargo el Vaticano actúa con total impunidad y sin respetar nuestra legislación sin que España haga nada.
Porque estoy convencido de que la imposición de la castidad está en la raíz del 99% de los casos de pederastia que se dan en la Iglesia. Las continuas revelaciones de casos de abusos a menores, con la implicación de sacerdotes, deberían hacernos pensar y los ciudadanos deberíamos obligar al Estado español a revocar esta imposición de una castidad no deseada, si no queremos que se sigan produciendo más casos. Me temo que lo de Granada no es sino la punta del iceberg. Debe haber muchos miles de casos más, repartidos por todo el país. Casos que no se denuncian por miedo, porque se paga a los posibles afectados (como se ha visto recientemente que ocurre) y porque, en general, las familias no quieren por un lado verse afectadas por un escándalo y por otro no quieren hacer daño a una institución a la que respetan y en la que creen a ciegas, pese a todo lo que está ocurriendo en su seno.
Pero los casos de abusos a menores no son el único escándalo que afecta a la Iglesia. El Estado Vaticano nos tiene sojuzgados también en lo económico ya que no está obligado a declarar sus ingresos, ni paga impuesto alguno por todo lo que recibe de sus fieles o de las entradas a templos. También, como hemos sabido en los últimos años, está inmatriculando miles de inmuebles en todo el país por el derecho que se le concedió a la Iglesia de poder registrar a su nombre todas aquellas propiedades que carecieran de propietario. Un expolio absurdo de tierras y edificios que pasan a ser propiedad de un estado extranjero. La Iglesia hasta ha registrado como suya, hace pocos años, la Mezquita-Catedral de Córdoba de la que, como ocurre con otras muchas catedrales, iglesias y todo tipo de monumentos, extraen ingentes cantidades de dinero, tanto de las visitas turísticas como del cepillo… Sin embargo, cuando hace falta restaurar estos mismos monumentos es el Estado el que se hace cargo de los gastos.
Es urgente que el Congreso de los Diputados haga valer el acuerdo firmado por El Vaticano y España por el que Roma reconocía (aceptaba) su obligación a auto financiarse y que, sin embargo, ninguna de las dos partes está cumpliendo o haciendo cumplir mientras que sí se cumple el acuerdo al que llegó Rodríguez Zapatero y que obliga a España a “regalar” a la Iglesia miles de millones de euros de nuestros impuestos cada año, además de pagarles los sueldos a sus profesores de religión y las indemnizaciones correspondientes cuando son despedidos improcedentemente por la jerarquía, saltándose todas las garantías democráticas, por haberse divorciado, por ejemplo. Hablamos de miles de millones de euros sobre los que no existe ningún control, que no pagan impuestos y que no sabemos si se quedan aquí o se van a Roma o en qué se utilizan, porque la opacidad sobre su uso es absoluta.
Es urgente que el partido que gane las próximas elecciones (sobre todo si no son el PP ni el PSOE) haga respetar las leyes españolas a un estado autocrático que campa a sus anchas en nuestro país, que obliga a la castidad a sus trabajadores, se apropia de nuestros impuestos y adoctrina en su fe a cientos de miles de niños y niñas, con profesores pagados por todos, en lugar de hacerlo en las miles de iglesias, casas parroquiales, palacios y demás edificios que poseen repartidos por toda la geografía patria y que sean los padres quienes paguen los sueldos de esos profesores para que sus hijos reciban clases de religión. Sueldos que, en ningún caso, deberíamos pagar los españoles con nuestros impuestos. También sería urgente desinmatricular todos esos inmuebles de los que se ha apropiado la Iglesia durante las últimas décadas, por medio de una nueva desamortización.
