Siete comunidades también piden el listado de bienes
Seis sentencias favorables y una quincena de litigios en marcha impulsan el movimiento ciudadano de recuperación
Casi cincuenta ayuntamientos de todo el país y una decena de comunidades autónomas han puesto en marcha ya procedimientos para reclamar los listados de bienes inmatriculados por la Iglesia católica y solicitar su restitución en aquellos casos que no exista título de propiedad justificado. La creciente respuesta municipal y autonómica se produce un año después de que una veintena de organizaciones civiles se constituyeran en la Coordinadora Recuperando y apelaran a las instituciones a denunciar la apropiación masiva de bienes de dominio público por la Iglesia al amparo del ya derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria.
Las iniciativas se han producido en muchas capitales de provincias de todo el territorio, entre ellas Oviedo, Segovia, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife, Vitoria, Zaragoza, Salamanca, Almería, Málaga o León. También se han registrado mociones sobre las polémicas inmatriculaciones en poblaciones como Jerez, Gijón, el Puerto, Jaca, Castrillón, Ubrique, Laguna de Duero, Torrelavega, Prat de Llobregat, Priego, Hernani, Paiporta y muchas otras. En algunas de ellas, las peticiones no han prosperado al no contar con apoyos suficientes.
La Iglesia católica ha registrado a su nombre más de 40.000 bienes, muchos de ellos de dominio público o titularidad municipal, gracias a un subterfugio jurídico que le permitía inmatricular inmuebles sin aportar títulos de propiedad como si se tratara de un funcionario del Estado. La movilización ciudadana ha logrado destapar este monumental escándalo patrimonial y llevarlo a los plenos municipales, los parlamentos autonómicos, el Congreso de los Diputados y la Eurocámara.
Como consecuencia de ello, al menos una quincena de ayuntamientos han puesto en marcha litigios judiciales para impugnar la inmatriculación de bienes. Es el caso de la Catedral de Zaragoza, la Ermita de Iguacel (Jaca), la Iglesia de El Tormillo (Peralta), las murallas de Artá (Baleares), el monte de San Miguel (Orihuela), tres ermitas de Sangüesa (Navarra), la Plaza del Pocito (Córdoba), la ermita y el parque de Puente la Reina (Navarra) o dos plazas de Mancor de la Vall (Baleares).
En algunos casos, se han logrado ya sentencias favorables. Las más significativas han sido las de la recuperación municipal de las ermitas de Ochagavía (Navarra), Aranda de Duero (Burgos) y San Mateo de Gállego (Zaragoza), y la restitución del parque público Chao Rego en Ferrol. Otra sentencia de enorme trascendencia ha sido la dictada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en el caso Ucieza, que juzgó “arbitrarias” las inmatriculaciones de la Iglesia e impuso al Gobierno español la más alta sanción de su historia.
La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia (Recuperando, en su marca digital) trabaja para buscar una solución global que evite la reclamación individualizada de los miles de bienes injusta y unilateralmente inscritos a su nombre por la Iglesia católica. Recuperando agrupa a una veintena de organizaciones ciudadanas, entre ellas la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, la Plataforma Mezquita Catedral, el Movimiento Hacia el Estado Laico, Redes Cristianas, Europa Laica o la Plataforma Andaluza en Defensa del Patrimonio Histórico.
