En vano buscaremos en la web de la Conferencia Episcopal ningún cálculo o demostración que permita deducir que el 90% de los españoles es católico. Ni siquiera el bautismo forzado de los niños recién nacidos en el seno de familias católicas (arrogándose los padres un supuesto derecho de propiedad sobre las conciencias infantiles y haciendo caso omiso de los derechos que como seres humanos corresponde a los niños) permite esas veleidades numéricas. Sin embargo, para Benedicto XVI “Dios es un proscrito en Europa” porque estamos ante una sociedad de bautizados que ya no hace caso a la religión. Parece, pues, que el bautizo indiscriminado no garantiza católicos para toda la vida. (¿Se imaginan la barbaridad, y lo ridículo, que supondría hacer socialista con carné a un recién nacido o asociarlo a una asociación de ateos, por ejemplo?).
Tampoco puede avalar esta tesis el hecho de que tan sólo el 35% de los declarantes del IRPF ponga un aspa en la casilla de la Iglesia católica. Ni que decir tiene que las múltiples manifestaciones religiosas en España, a caballo entre la devoción, el folclore y el turismo, tampoco puede ser un indicador fiable del número de católicos existentes en nuestro país.
Así pues, sin minusvalorar la influencia del catolicismo en nuestra sociedad, producto de siglos de hegemonía política, cultural y educativa, la forma más aproximada de cuantificar su verdadera presencia actual es el análisis de las encuestas que se realizan sobre la materia. Y la última encuesta, aún reciente (julio 2007), realizada por la Fundación BBVA, sin ninguna relación con la jerarquía eclesial, arroja algunas conclusiones interesantes:
- Dejando aparte la ambigüedad de términos como “pertenecer a…”, o “ser miembro de…” una religión, parece que el 74,1% de todos los encuestados ( todos mayores de 15 años) se definen como católicos.; pero sólo lo parece, porque si este porcentaje se corrige con las personas que no creen en Dios (¡!), no saben si existe Dios ((¡!), o no creen en Dios (¡!), la pertenencia al catolicismo se reduce al 52%. Esto significa que difícilmente podría defenderse que más del 44% de la población total sea católica (aproximadamente, 22 millones de personas).
- De las personas que se autodefinen como católicas, el 57%, no va nunca o casi nunca a ceremonias religiosas (exceptuando bodas, bautizos o funerales), y el 40% no rezan nunca o casi nunca.
- El 43% de las personas que se declaran católicas piensa que no es necesario creer en una religión para tener valores (positivos, se entiende) y actuar de un modo ético. Esta opinión parece chocar frontalmente con la del episcopado, según la cual el problema de la sociedad actual es el ateismo, el agnosticismo o el “laicismo agresivo”. En sentido contrario, el 35% de los católicos no considera que las personas con creencias religiosas hagan que las sociedades sean moralmente mejores.
- El 1,9% de las personas mayores de 15 años se declara perteneciente a alguna religión no católica, lo que significaría el 1,6% del total de la población española.
- El 23% de las personas mayores de 15 años se declara atea o agnóstica, lo que significaría el 20% de la población total, aproximadamente.
En definitiva, esto significa que a pesar de ser todavía la Iglesia católica una poderosa e influyente organización en España, ha iniciado un evidente declive como consecuencia de su alejamiento progresivo de la realidad que vive amplias capas de la población. Incluso en sus propias filas la opinión está cada vez más alejada de la jerarquía, como también señala la encuesta publicada en marzo por la revista de la Congregación de los Sagrados Corazones, en la que se reflejaba que el 63% de los curas españoles creía que la Iglesia católica debía renunciar a la financiación del Estado, o en la que el 53% pedía el celibato opcional y el 41% veía con buenos ojos la ordenación de mujeres.
Con todo, el aspecto más sobresaliente es que la cuarta parte de los mayores de 15 años se declare atea o agnóstica. Esto nos plantea muchas preguntas como dónde y de qué manera se hacen visibles sus derechos en la sociedad española. ¿Por qué se ven obligados a financiar a las religiones en general y a la católica en particular? ¿Por qué se ven obligados a soportar y a pagar el adoctrinamiento católico en la escuela pública y concertada? ¿Por qué se ven obligados a soportar constantemente la identificación de las instituciones públicas y los cargos políticos con signos, símbolos y ritos confesionales? ¿Hasta cuando deberemos sufrir todos los españoles espectáculos como la misa del Corpus Christi, con asistencia del presidente de Castilla-La Mancha, el alcalde de Toledo y el delegado del Gobierno en la Comunidad? Obviamente estos representantes públicos en dicha misa no están representando, ni respetando, a las personas de creencias no religiosas ni a las religiosas no católicas.
Estos atentados contra la libertad de conciencia y la igualdad de trato, están justificados por el tratamiento dado a las creencias en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980. Según ésta, sólo merecen protección las creencias religiosas y, por tanto, sólo merece la pena garantizar la “libertad religiosa”. Asimismo, en lo relativo a la enseñanza, niega la posibilidad de que puedan existir contenidos morales no religiosos. Es indudable que mientras exista esta tendenciosa ley, no se podrán hacer visibles las creencias no religiosas en los ámbitos señalados.
El Estado Vaticano, mediante los Acuerdos de 1979 con el Estado español, impuso al Reino de España su consideración como sujeto de derecho internacional, basándose en un pretendido “derecho divino”, y situándose de forma privilegiada al margen, y por encima, de la misma Constitución. Ello constituye una permanente provocación contra la diversidad de creencias en nuestro país. De la representatividad de dichos acuerdos (que mantienen vigente el Concordato de 1953) y de la filosofía totalitaria que los inspira, sólo cabe decir que los vigentes concordatos de la Santa Sede con Alemania, Italia y España fueron firmados por Hitler, Mussolini y Franco. Así pues, dichos Acuerdos de 1979 deben ser denunciados por el Gobierno de España, y la Iglesia católica y las demás confesiones deben someterse al derecho común.
Mientras estas dos leyes sigan vigentes seguirá habiendo, al menos, tres clases de españoles: 1ª categoría, los católicos (44% de la población, según la encuesta); 2ª categoría, los creyentes religiosos, no católicos (1,6% de la población); 3ª y última categoría, todos los que tengan creencias no religiosas (20% de la población). Dejando aparte la exactitud de los números, es evidente que la igualdad de los españoles ante la ley y su no discriminación por razón de sus creencias, artículo 14 de la Constitución, seguirá siendo papel mojado.
