Según datos del Observatorio de Violencia de Género y Violencia contra las Mujeres del Poder Judicial, en el período 2019-2022, el delito de abusos sexuales contra menores de edad e incapaces fue el más denunciado en las fiscalías penales para adultos. Para 2022, esta cifra ascendió a 4.292 denuncias.
Mientras las denuncias por abuso sexual cometidos contra personas menores de edad aumentan en el Ministerio Público, la Iglesia católica mostró recientemente su oposición a levantar el secreto de confesión en estos casos, tal y como lo señala el proyecto de ley 23.928.
Esta iniciativa de ley propuesta por el legislador del Frente Amplio (FA) Antonio Ortega pretende “cerrar los vacíos legales que hoy en día admiten la existencia de reductos de impunidad en esta clase de actos criminales en beneficio de unos grupos particulares”, se lee en el expediente.
Además, propone extender la responsabilidad civil solidaria y ampliar los plazos de prescripción para organizaciones que encubren delitos sexuales, así como reforzar el deber de denuncia y cerrar portillos de secretismo en estas mismas organizaciones.
“Ninguna costumbre religiosa va a estar por encima de la responsabilidad moral y social que tiene cualquier persona o profesional ante un aviso de abuso sexual infantil o contra personas con discapacidad”, Anthony Venegas, denunciante del exacerdote Mauricio Víquez.
Este proyecto fue abiertamente rechazado por los voceros de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, Mauricio Granados y Ricardo Cerdas, en una audiencia de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa el pasado 31 de octubre.
Según indicaron, si un sacerdote revela algo dicho en confesión, esto sería causal de excomunión y “pondría en juego su salvación eterna”. Agregaron también que, de aprobarse este proyecto, desobedecerían el ordenamiento jurídico.
Según datos del Observatorio de Violencia de Género y Violencia contra las Mujeres del Poder Judicial, durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022, el delito de abusos sexuales contra personas menores de edad e incapaces fue el más denunciado en las fiscalías penales para adultos. Solamente en el año 2022 se presentaron 4.292 denuncias por este delito, así como 3.753 en 2021.
A este delito le sigue las denuncias por relaciones sexuales con personas menores de edad. En 2022 este número ascendió a 2.239, mientras que en 2021 llegó a 2.463. Asimismo, según los datos del Observatorio, el delito de abusos sexuales contra personas menores de edad e incapaces representa un 52% del total de sentencias condenatorias por delitos sexuales.
Diputados defienden proyecto
Consultado sobre este proyecto, el legislador Antonio Ortega indicó que de las instituciones consultadas por los legisladores, la Iglesia católica fue la única que rechazó la iniciativa; mientras que otras como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes y la Fundación Paniamor, lo apoyaron.
Asimismo, destacó que la Iglesia católica está “malinformando” a la población sobre el propósito del proyecto de ley.
“Este es un proyecto que no solo se refiere a las iglesias, sino a organizaciones deportivas, comunales, que trabajan con menores de edad, con personas con discapacidad. Es mentira que sea un proyecto hecho a la medida de la Iglesia y mucho menos que exista persecución. (…) El proyecto no es que pretenda levantar el secreto de confesión sí o sí, más bien, lo que pretende es que si la persona abusada se confesó con un sacerdote, cuando esta persona pone la denuncia, pueda liberar al sacerdote de decir que él recibió la confesión de la persona”, añadió.
En la misma línea, la presidenta de la Comisión y diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Monserrat Ruiz, destacó que el proyecto no quiere limitar el secreto de confesión, como se ha estado difundiendo.
“A mí la pena que me da todo esto es que se genere esa confrontación entre la religión y los derechos de los niños y niñas. Eso es algo que no debería estar sucediendo, porque el proyecto habla en materia de violaciones sexuales a menores. No se refiere al poder limitar —como se ha querido entender— el secreto de confesión. El artículo habla de liberar”, aclaró Ruiz.
La congresista dijo también que lo que debe primar es el interés superior de los niños y niñas en el ordenamiento jurídico del país.
“Creo que es un debate bastante valioso, pero dentro de una posición clara, entendible y no fanática. El fanatismo no puede arrojar lo que nuestra sociedad ha estado llevando estos dos últimos años en cuanto a odio, revancha y polarización. La política nacional debe estar hablando de poner a las personas en el centro y qué mejor que a niños y niñas”, destacó.
Indicó también que no se trata de que la Iglesia católica “recapacite”, sino más bien de que haya un diálogo, un debate con criterios jurídicos reales y una construcción entre ambas partes.
El proyecto de ley 23.928 no fue convocado para ser visto durante el período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativo, el cual es manejado por el Poder Ejecutivo. Los legisladores esperan retomar el tema en sesiones ordinarias.
En marzo del 2022, Mauricio Víquez, exsacerdote y exvocero de la Conferencia Episcopal, fue hallado culpable y condenado a 20 años de prisión por haber cometido abuso sexual y violación contra Anthony Alvarado, quien apenas tenía 11 años entre julio y setiembre del 2003.
Su denuncia era la única que no había prescrito; no obstante, Víquez sumaba —al menos tres en su contra— de otros hombres quienes alegaron también haber sido víctimas del sacerdote cuando eran personas menores de edad: Anthony Venegas, Michael Rodríguez y Carlos Muñoz.
Sobre su experiencia, Anthony Venegas indicó a UNIVERSIDAD que, en su caso, el secreto de confesión fue utilizado por la Iglesia católica como una herramienta de “encubrimiento” del abuso sexual que sufrió por parte de Víquez.
“El sacerdote que me abusaba me llevaba a confesarme ante otros sacerdotes. Después de abusarme en muchas ocasiones me llevó a confesarme. Yo tuve a varios sacerdotes de frente, en el rito de confesión, a los que les dije lo que estaba pasando con ese señor. Después de eso el sacerdote también se confesaba”, mencionó.
“Yo en este caso no sé si era un tema de morbosidad de llevarme a donde otro abusador para que escuchara lo que me hacían o si era un tema de que estaba buscando un perdón, que desde mi punto de vista, no creo que el perdón de ningún sacerdote vaya a evitar que un abusador sexual siga haciéndolo”, agregó.
Si su caso hubiera sido escalado por un sacerdote, según dice Venegas, se hubieran podido evitar intentos de suicidio, depresiones e incluso más abusos a otros menores de edad por parte de Víquez.
Sobre este proyecto de ley, Venegas criticó la posición de la Iglesia e indicó que están tratando de ponerlo como si estuviera “en contra de la religión”, y esto no es correcto.
“Ellos son personas (la Iglesia) que están incluidas porque en muchas ocasiones el secreto de confesión ha sido utilizado como una herramienta de encubrimiento de abuso sexual, como en mi caso pasó. (…) Ninguna costumbre religiosa va a estar por encima de la responsabilidad moral y social que tiene cualquier persona o profesional ante un aviso de abuso sexual infantil o contra personas con discapacidad”, mencionó.
“(…)¿Con qué paz se va a acostar un sacerdote a dormir sabiendo que ese mismo día un menor de edad le dijo que estaba siendo abusado sexualmente?”, enfatizó.
En agosto del 2022, la Conferencia Episcopal de Costa Rica, el arzobispo José Rafael Quirós Quirós y Temporalidades de la Arquidiócesis de San José, fueron condenados por el encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el exsacerdote Mauricio Víquez.
La condena fue emitida por el Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José, debido al daño moral sufrido por un hombre de apellido Muñoz, quien fue víctima de Víquez.
Apenas cinco meses después de ser condenada civilmente por el encubrimiento de los abusos sexuales perpetrados por el exsacerdote, la Iglesia católica logró anular los efectos del juicio al alcanzar un acuerdo económico con las cuatro víctimas por montos que no se revelaron en ese momento.
