Reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
Andalucía Laica afirma que los obispos quieren intimidar al Parlamento, al Gobierno y a la ciudadanía
El documento de la Conferencia Episcopal contra la reforma de la Ley pone una vez más de manifiesto, que no se trata sólo de manifestar una opinión, sino que tratan de ejercer un poder medieval de coacción tratando de imponer su moral y su doctrina al conjunto de los ciudadanos.
Ni la ley actual, ni la reforma propuesta, obliga a ninguna mujer a realizar la interrupción voluntaria del embarazo. En consecuencia será una decisión libre el adoptar esta medida o no salvaguardando en todos los casos la conciencia individual de cada persona. Por tanto las declaraciones de la Conferencia Episcopal Católica deberían limitarse a exponer sus ideas y recomendar a sus fieles y seguidores que no utilicen dicha norma.
Esta nueva declaración de los obispos pone de manifiesto una vez más cómo los obispos interfieren en la vida pública, y con su llamada amenazante a los diputados católicos tratan de intimidar al Gobierno, a los parlamentarios y a la ciudadanía. Todo ello con el único objetivo de seguir tratando de imponer su poder clerical y sus normas morales al conjunto de la ciudadanía. En un país democrático es la ciudadanía y el Parlamento quienes deben decidir las leyes que rigen en un Estado.
El propio tono apocalíptico del documento denota una reacción de temor ante el escaso eco social que las normas sexuales que predican los obispos españoles, tienen ante sus propios fieles.
Andalucía Laica entiende que en este tema se trata de respetar la libertad de conciencia de la mujer, liberada de tutelas históricas de todo tipo, haciendo posible que ejerza su derecho a decidir sobre su maternidad.
La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es una decisión que corresponde a la mujer con un embarazo no deseado, en el ejercicio de su dignidad, autonomía moral y libertad individual. Esto, y no otra cosa, significa respetar la libertad de conciencia de la mujer: su decisión libre de cuándo y cómo ser madre, en el libre ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Ello implica el derecho a planificar su maternidad y, en caso de que fracase, debe tener derecho a interrumpir su embarazo.
Rechazamos que la interrupción voluntaria del embarazo sea un atentado contra la vida, pues la evolución del zigoto y el embrión no están considerados, desde el punto científico, como personas y en consecuencia todo el discurso del episcopado queda en entredicho, cuando también pretende adaptar la ciencia a sus intereses morales y sus convicciones personales.
Lamentamos una vez más la actitud patriarcal y misógina de que rechazan la educación sexual en los centros, que quieren mantener a la mujer en un plano secundario, que rechazan el uso de métodos anticonceptivos, aún con el riesgo de sufrir graves enfermedades de transmisión sexual como el SIDA, que tratan de extender su celibato predicando la abstención sexual, mientras tratan de justificar prácticas sexuales como la pederastia, tan extendidas entre el clero católico. Todo ello desde un órgano en el que la mujer está totalmente ausente.
Llamamos a la ciudadanía a ejercer plenamente su mayoría de edad, sus plenos derechos cívicos y no se deje arrastrar por este lenguaje apocalíptico del episcopado español, y plantee ante los representantes políticos, la necesidad de adoptar una ley que de seguridad jurídica, tanto a la mujer que adopta la decisión, como a los sanitarios que la ejecutan.
