Antonio Movellán y Juanjo Picó, expresidentes de Europa Laica y en su representación, se entrevistaron recientemente con altos cargos del Ministerio de Juventud e Infancia, para cambiar impresiones sobre el estado de la atención y educación de niños y jóvenes en nuestro país. Europa Laica agradeció la oportunidad de trasladar al ejecutivo su posición al respecto. Lo que sigue es un resumen de nuestras reivindicaciones.
Educación y conciertos
La privatización de la educación se ha incrementado desde la promulgación de la ley Celaá (2020), sobre todo en educación infantil y en formación profesional. En esta última se han producido incrementos de matriculaciones de entre 30 y 50 % en apenas cinco años, y la misma tendencia existe en la educación infantil.
Nos parece necesario y urgente un plan gubernamental para reforzar la enseñanza pública y poner coto a la privada.
Asignatura confesional
Religión es una asignatura de la enseñanza infantil, también en la escuela pública. Tiene un coste de 700 millones anuales. Esta asignatura supone adoctrinamiento, pues inculca nociones de una organización religiosa, no científicas.
El problema se agrava por el aumento de la privatización de la enseñanza. El Gobierno no tiene intención de denunciar los acuerdos con la Santa Sede.
Europa Laica reclama la retirada del adoctrinamiento en la enseñanza, con especial urgencia en los niveles de infantil y primaria, y propone una reforma de la ley del protección del menor en este sentido.
Abusos sexuales e Iglesia
La ley Rhodes (2021) introdujo medidas de prevención de abusos sexuales en la familia, la escuela, el deporte, etc., pero no en las instituciones religiosas, y particularmente en las instituciones católicas, donde estos abusos están perfectamente acreditados y alcanzan cifras astronómicas.
Tampoco se ha introducido un procedimiento para que se reconozca el daño causado dentro de las instituciones religiosas, y se indemnicen los casos de abuso sexual prescritos.
Europa Laica propone la reforma de la ley Rhodes para subsanar estas carencias. En los centros concertados con ideario propio se debería prohibir expresamente impartir la doctrina católica sobre géneros y sexualidad humana, que conculca las leyes civiles sobre la libertad sexual y no discriminación de mujeres y orientaciones sexuales diversas. No puede ser que se destinen fondos a centros que enseñan doctrina contraria a la ley.
Protección de menores
Hoy hay en España 18 000 menores en régimen de residencia y 15 000 en régimen de guarda no residencial. De ellos el 80% se encuentra en manos privadas, en ONG supuestamente no lucrativas o empresas y confesiones religiosas.
La mayoría de estas organizaciones son heredadas de los protectorados franquistas.
En el Informe de 2009 del Defensor del Pueblo se recomendaba una red pública de gestión, y se alarmaba sobre muchas de estas asociaciones, relacionando problemas como: exceso de medicación, personal poco calificado, mala atención, poca inspección y poca evaluación. Llama la atención el alto coste y los malos resultados (los costes van de 50 000 a 78 000 euros por plaza). En todos los últimos informes del Defensor del Pueblo se insiste en lo mismo, particularmente en los centros de menores infractores y de trastornos de conducta. Estos informes caen en saco roto.
No solo la atención, también la propia valoración de riesgos y declaración de vulnerabilidad ha sido, en la práctica, privatizada. Ni siquiera las «cárceles de menores» son públicas. La Disposición Adicional 3.ª de la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, «Criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad», establece que «el Gobierno promoverá con las Comunidades Autónomas el establecimiento de criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicación de esta Ley en todo el territorio».
Europa Laica defiende la necesidad de crear una red de gestión pública en la protección de menores, y claramente en los centros de infractores de menores y trastornos de conducta. Una red aconfesional y laica. Una protección de menores basada en la prevención (siguiendo el modelo de los centros de orientación en Francia) y en la ayuda económica directa a las familias más pobres. Quizás planteando un Consorcio público entre comunidades autónomas, ayuntamientos y Administración General del Estado.
Ingreso Mínimo Vital. Por una renta infantil específica para combatir la pobreza
Más del 65% de quienes podrían pedir esta prestación no lo hacen, según un informe de la agencia gubernamental AIREF: el fracaso no puede ser más evidente. La ayuda por crianza es un tipo de ayuda general que no va a incidir significativamente en el problema de menores vulnerables. En tanto que no exista la renta básica universal, los menores de 18 años en familias por debajo del umbral de la pobreza deberían tener una renta específica (7 400 euros niño/año supondría una medida realista para bajar altos índices de pobreza infantil en España, actualmente de 28,7%, y haría disminuir significativamente las tutelas y guarda). En definitiva, luchar contra la pobreza infantil por el establecimiento de rentas. No hay ayudas económicas significativas para familias con problemas, y se insiste en la línea de subvenciones nominativas a organizaciones religiosas multimillonarias (caso de Cáritas). Se fomenta un asistencialismo caritativo público a través de organizaciones «sociales» y se abandona la línea de derechos sociales.
Línea de Subvenciones de tiempo libre, ocio infantil, juvenil, etc.
Supresión de líneas de subvenciones a organizaciones religiosas (scout católico, etc.) o ideológicas partidistas, porque no debe subvencionarse el adoctrinamiento ni el encuadramiento confesional o ideológico en un Estado no confesional. Máxime cuando la Iglesia ya recibe subvenciones para su mantenimiento. El dinero público no puede financiar la ideología o la confesión particular; la modificación de las bases reguladoras de estas subvenciones debería contemplar salvaguardas de este tipo. Si se emprendiera una reforma de la ley Rhodes se podría hace mención a esto para luchar contra la violencia ideológica.
