Cientos de ayuntamientos podrán cobrar el IBI a la Iglesia en actividades lucrativas

Los expertos señalan al fallo del TJUE en 2017

La cuestión ahora es discernir con precisión qué actividades eclesiásticas están sujetas al tributo y cuáles no. Algunas de las estimaciones manejadas por los ayuntamientos incluyen también los inmuebles dedicados al culto o a usos benéficos, los cuales inicialmente quedan fuera del efecto jurídico emanado de la sentencia del TJUE. En el resto de casos, la Iglesia tiene difícil oponerse al pago con el fallo de 2017 en la mano.

La jurista Teresa Calvo está convencida de ello. Técnico del Ayuntamiento de Madrid y experta en el ICIO, fue una de las tres abogadas que trenzaron la argumentación jurídica en el litigio de Getafe que culminó con éxito ante el TJUE en una sentencia de consecuencias trascendentales y de obligado cumplimiento para los Estados miembros. «El fallo dice que otorgar un beneficio fiscal a la Iglesia cuando realiza actividades económicas va en contra del Tratado de la UE, porque vulnera la libre competencia», explica Calvo.

Aunque el veredicto del TJUE se refiere al ICIO, esta especialista considera que su «filosofía trasciende» el impuesto de obras y es factible hacer una lectura extensiva al resto de tributos. Los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 pactan la exención eclesiástica para inmuebles dedicados al culto y a labores pastorales o benéficas. Nada de actividades lucrativas. Y la Ley de Mecenazgo de 2002, que la Iglesia invoca habitualmente como refugio normativo para eludir impuestos, tampoco es de aplicación en este caso, según Teresa Calvo. ¿Por qué? Porque, en su opinión, pese a que esa disposición amplía el blindaje tributario de las fundaciones y la institución eclesial, la legislación comunitaria y sus sentencias prevalecen sobre el derecho interno.

Y, en efecto, así está recogido sin género de dudas en el artículo 1.3 de la Ley de Mecenazgo: «… sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Española». Es decir: la normativa comunitaria tiene fuerza de ley en España. Y es, además, de aplicación directa. «No hace falta trasponer nada. El Tratado de la UE es como si fuera la Constitución Española», afirma la funcionaria del Ayuntamiento de Madrid. Esta interpretación no siempre es refrendada por otros expertos. Como, por ejemplo, Albert García Moreno, titular de Derecho Tributario de la Universidad de València, que expresa dudas al respecto.

Un razonamiento similar al de Teresa Calvo emplean los técnicos de Hacienda consultados por Público. Francisco Gaspar, coordinador del sindicato Gestha en la Comunidad Valenciana, entiende que los Acuerdos de 1979 protegen los bienes dedicados al culto, pero no las actividades económicas. «Esto es un tema de competencia desleal. La normativa europea establece que el uso lucrativo que genere beneficio está sometido a libre competencia y obliga a cobrar el IBI. Si no, serían ayudas ilegales», afirma el experto, en consonancia con la exposición de Teresa Calvo.

Y añade: «La Iglesia se ha metido ya en casi todos los sectores económicos, como la sanidad o la enseñanza. En València, por ejemplo, es impresionante la cantidad de actividades económicas de prestación de servicios en los que actúa. Yo sí veo la viabilidad del cobro, aunque no será un tema pacífico«. Se refiere a la iniciativa anunciada por el Ayuntamiento de València, que este año pasará el pago del IBI a una decena de inmuebles de la Iglesia católica, en una decisión que previsiblemente abrirá el camino a decenas de municipios.

El Ayuntamiento de València pasará sus facturas a la Iglesia

«Este año mandaremos diez recibos», avisa el concejal de Hacienda, Ramón Vilar. Un hospital privado, varios centros universitarios católicos, un hostal de jóvenes y hasta una tienda de alquiler de bicicletas. «Aquí, la universidad privada, como no paga, es un imperio», señala al otro lado del teléfono. «Eso es lo más gordo. Hay dos universidades y una tiene hasta ocho centros», detalla. Valencia se acogerá a la sentencia del TJUE para defender su derecho al cobro del IBI. «Partiendo del caso de Getafe, nos pusimos en marcha. El fallo se refiere al ICIO, pero entendemos que cuando habla de dopaje fiscal alude también a cualquier impuesto».

El camino no ha sido fácil. Antes de enviar los primeros recibos, el Ayuntamiento valenciano ha tenido que desenredar la confusa maraña del entramado catastral de la Iglesia católica. «Cuando localizamos un inmueble, por ejemplo la Universidad católica, vamos al catastro y vemos que pone Parroquia de María Inmaculada», explica el concejal. Ese es un problema generalizado. La Iglesia dispone de diferentes identificadores catastrales y las actividades pastorales y económicas se mezclan continuamente, incluso en el interior de un mismo edificio. Eso obliga a un estudio concienzudo por parte de las administraciones.

València está convencida de que la Iglesia lo va a pelear en los tribunales. Cuentan con ello. Los obispos tienen recursos y asesores fiscales sobrados como para disputar la avalancha de reclamaciones. Por eso, pide al nuevo Gobierno que facilite la acción de los ayuntamientos modificando la Ley de Mecenazgo para clarificar, sin excepción alguna, la obligación del pago del IBI en actividades lucrativas. «Es una ley normal. No requiere mayorías», aduce Vilar. La propia número 2 del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha reiterado públicamente que pondrán todos los medios para propiciar el pago de impuestos eclesiásticos.

Teresa Calvo tampoco tiene la menor duda de que la Iglesia irá al contencioso administrativo. Y el Ayuntamiento lo que debe hacer, en ese caso, es invocar la normativa de la UE. «Si el juez no lo tiene claro», indica la experta, «que el Consistorio solicite una cuestión prejudicial ante el TJUE. Igual que en Getafe», concluye. ¿Y de qué plazos hablamos para resolver el asunto? «No mucho», estima. «En el caso de Getafe, la vista y la sentencia fueron rápidas. Y se decidió en una sala con 15 magistrados. Eso significa que el TJUE le concedió mucha importancia. Eso sí: un año no lo quita nadie«.

La experta es optimista. Los argumentos son incontestables, alega. El problema ha sido el desconocimiento de muchos ayuntamientos, el miedo y los intereses en juego. «Con la Iglesia hemos topado», asegura. Y hasta el Estado, recuerda, ha dictado normas favoreciendo el blindaje fiscal de la organización católica.