Celebrada en Burlada la Asamblea de Ayuntamientos y Concejos «En defensa del carácter público de los edificios religiosos y otros bienes inmatriculados por la Diócesis».

El sábado 26 a las 10:30 h. se celebró en una sala de la Sala de Cultura del Burlata con la asistencia de más unas 120 personas. Seacreditaron 92 representantes de Ayuntamientos y Concejos, y hubo abundante presencia de medios de comunicación. Hacía más de dos años que no se convocaba.   

     Dirigieron la Asamblea los miembros de la mesa presidida por Esther Rodríguez concejala de Etxauri, el Alcalde de Uharte Javier Bazterra y el de Leitza Javier Zabalo, que en euskara y castellano hizo de moderador. Se ratificaron en primer lugar los puntos que previamente se habían enviado a los Ayuntamientos y Concejos:  

Acuerdos:   

     1º.- Instar a los grupos parlamentarios y al Gobierno de Navarra a que, de la misma manera que se ha requerido al Ministerio de Justicia la relación de todo lo inmatriculado desde 1998 hasta la actualidad, se le solicite información exacta de todo lo inmatriculado en Navarra, al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, desde su aprobación en 1946 hasta el momento de la modificación del artículo 5 del Reglamento Hipotecario en 1998. 

     2º.- Solicitar a los grupos parlamentarios y al Gobierno de Navarra que pidan a las Diócesis de Pamplona y Tudela un acto de buena voluntad, y que dejen los 1.087 bienes inmatriculados estos últimos años en la situación en que estaban antes del Real Decreto de 1998. Y que si se insiste en la inmatriculación, se haga en igualdad de condiciones, de forma documentada, pública y notoria, teniendo en cuenta por igual los derechos que puedan alegar los pueblos, los vecinos o las instituciones civiles o religiosas. 

     3º.- Que el Parlamento y Gobierno de Navarra presenten un recurso de inconstitucionalidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, por ir contra el artículo 16 de la Constitución Española.  

     4º.- Que desde el Gobierno de Navarra se ofrezca a los pueblos de Navarra información jurídica e histórica sobre el origen y los derechos de su patrimonio público. Que se apoye a los ayuntamientos y concejos que intenten recuperar los bienes ahora inmatriculados y que localidades navarras en las que por desinterés, falta de información, incapacidad económica, escaso peso demográfico o despoblamiento, no se está procediendo a la defensa del patrimonio frente a la privatización, sean el Parlamento y Gobierno de Navarra quienes ejerzan, por subrogación, esas facultades de defensa. 

     5º.- Que el Gobierno de Navarra informe sobre las inversiones realizadas en el arreglo, mejora y sostenimiento del patrimonio inmatriculado desde 1998, especificando el destinatario de dichas ayudas y el porcentaje que suponen las aportaciones públicas (Gobierno, Estado, Ayuntamientos) con respeto al costo total. Los navarros y navarras deben conocer hasta qué punto siguen manteniendo casi en su totalidad unos bienes ahora privatizados, y obrar en consecuencia. 

     6º.- Enviar estos acuerdos al Gobierno de Navarra, al Parlamento y a la opinión pública. Enviar, así mismo, una copia al Ayuntamiento de Huarte/Uharte. 

     7º.- Designar una representación de esta corporación para acudir a la Asamblea de Alcaldes y Concejales y de los Ayuntamientos y Concejos navarros, convocada en la Casa de Cultura de Burlada-Burlata el próximo 26 de junio a las 10,30 de la mañana, para tratar el tema conjuntamente.   

Intervenciones:

     El alcalde Uharte Javier Basterra hizo balance de las peticiones que anteriormente se hicieron al Parlamento de Navarra y lo poco que desde entonces se ha conseguido. También alertó de que el Arzobispado, lejos de retractarse de su postura privatizadora, sigue con el mismo empeño inmobiliario. José María Esparza, miembro de la Plataforma, explicó los avances conseguidos desde que se celebró la anterior Asamblea. Se ha conseguido inmatricular numerosos bienes a favor de los Ayuntamientos, y animó a seguir haciéndolo antes de que lo haga el Arzobispado. Se ha extendido la alarma social, hemos conseguido romper el cerco informativo, y el problema de las inmatriculaciones ha saltado a los medios de difusión estatal. Se ha ganado sobre todo la batalla moral y destacó que absolutamente nadie, ha sacado la cara al Arzobispado.  

     La intervención del catedrático de Derecho Eclesiástico de la UPNA Alejandro Torres Gutiérrez fue muy aplaudida por su exposición bien conocedora del problema y por su explicación a nivel coloquial entendible para todos. Este animó a los presentes a impulsar el recurso de inconstitucionalidad contra el 206 de la Ley Hipotecaria, que faculta al diocesano para emitir certificados de propiedad e inscribirlos en el registro sin necesidad de informar ni a los vecinos, ni al Ayuntamiento, ni a los feligreses, ni al mismo párroco de la localidad. “En un Estado aconfesional como éste, los diocesanos no deberían dar fe pública de nada, porque es ponerlos al mismo nivel que los funcionarios públicos designados para ello”. “No es por un principio de desigualdad que se pueda corregir, extendiendo ese privilegio a otras confesiones religiosas, porque eso agravaría el problema desde el punto de vista de la laicidad del Estado”. Así las cosas, adelantó que “esto terminará el día en que llegue el Tribunal Constitucional y nos dé la razón”. 

     El Presidente de la Plataforma, Pedro Leoz, habló de la larga historia de la Iglesia y su apego a los bienes materiales, siendo ella misma la responsable de que muchos creyentes abandonen al Vaticano. Y agradeció a los concejales y alcaldes el ejemplo que habían dado defendiendo los bienes públicos  

Un rico debate

     Dentro del turno de palabras, diversas intervenciones complementaron la Asamblea. Entre los asistentes se encontraba un alcalde llegado de la localidad de San Ciprián de Zamora. Una vecina de Ilarregi contó el calvarios que le ha supuesto el recorrido para evitar la privatización por parte del Arzobispado de la Iglesia y otros bienes del pueblo. Un representante de Ziriza comentó que la inmobiliaria Aramendia situada en la calle San Nicolás, tiene en venta 80 propiedades del Arzobispado, seguramente conseguidas por el procedimiento conocido. Una parlamentaria de EA (Mangado) señaló que a los partidos del Parlamento no se les podía achacar todos los males, ya que algunas cosas ya se habían conseguido. Hubo algún debate sobre la conveniencia o no de seguir manteniendo y conservando las iglesias y ermitas a costa de los pueblos. Unos decían que si no las arregla el Arzobispado, no se pueden dejar caer. Otros dijeron que toda inversión, ayuda o auzalan que se haga debe estar condicionado a que devuelvan lo inmatriculado y no permitir eso de “Yo me lo apropio y vosotros me lo mantenéis”.  Y que se les aplique las ordenanzas sobre edificios ruinosos. Al final, se vio que cada pueblo es un problema distinto. 

Dos propuestas concretas

     1.- El representante de Undiano hizo la propuesta de crear un ente público que tenga carácter oficial y que podría ser un Consorcio o algo similar. Podría ser una herramienta de ayuda mutua para sostener a los ayuntamientos y concejos que por dificultades económicas no puedan mantener pleitos con el Arzobispado. Esta propuesta tuvo muy buena acogida. 

     2.- El representante de Garisoain explicó que el Arzobispado les ha demandado judicialmente porque registraron a nombre del Ayuntamiento de la localidad una ermita que apareció al hacerse la reparcelación. El día 20 de Julio, a las 11,30 tienen que acudir al Juzgado de Estella/Lizarra, por lo que pidió solidaridad al resto de municipios. La Asamblea acogió con simpatía esta propuesta y allí mismo se convocó a la concentración que se celebrará delante de los juzgados, con los permisos correspondientes. Se dijo además de hacer lo mismo cada vez que el Arzobispado eche a juicio a cualquier pequeño ayuntamiento o Concejo.  

Nuevos miembros de la Comisión de Alcaldes

      El alcalde de Huarte instó a los presentes a que los que quieran tomar parte de la Comisión de Alcaldes y Concejales (que tiene que llevar los acuerdos todas las instancias oportunas), que se pongan en contacto con su alcaldía. Se apuntaron tres.

      También se dijo que todavía faltan muchos Ayuntamientos y Concejos de debatir la instancia, y que los acuerdos deben ser enviados al Ayuntamiento de Huarte. Hubo propuestas de no dejar para largo una nueva Asamblea.   

      Y con la sensación de haber realizado una buena, ilustrativa y positiva Asamblea, se dio fin a la misma.

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