En 2020 se realizaron en la región 2.910 interrupciones voluntarias del embarazo, todas ellas en centros privados.
En el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha reivindica el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo y su salud, y pide que en la región se aplique la ley, de modo que todas las mujeres tengan la posibilidad de interrumpir su embarazo en centros sanitarios públicos con garantías de seguridad.
Desde el sindicato valoran los avances contenidos en la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para abortar, así como en la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en la que se recogen muchas de las propuestas que junto al movimiento feminista se venían reivindicando, tales como el derecho efectivo al aborto de todas las mujeres en la sanidad pública, con independencia del territorio en el que vivan; la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales de la Medicina o el restablecimiento del derecho de las mujeres de 16 y 17 años a decidir sobre sus vidas, entre otras.
Sin embargo, pese a estos avances, desde CCOO se siguen reivindicando «más garantías y seguridad» para las mujeres que libremente deciden abortar, y reclaman especialmente la puesta en marcha de los mecanismos pertinentes que permitan a cualquier mujer, de cualquier territorio, poder ser atendida en la sanidad pública sin tener que desplazarse lejos de su domicilio, respetando la calidad asistencial y la libertad de todas las mujeres a escoger el método más adecuado.
En un comunicado, señalan cómo según los datos del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo del Ministerio de Sanidad, durante el año 2020 en Castilla-La Mancha se realizaron un total de 2.910 interrupciones voluntarias del embarazo, de las cuales 291 fueron en jóvenes de entre 15 y 19 años. Todas ellas se realizaron en centros privados, no habiéndose registrado ninguna notificación de interrupción voluntaria del embarazo por parte de los centros públicos.
De este modo, la tasa por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años que abortaron fue en 2020 en la región del 8 por ciento, por debajo de la media nacional, que fue del 10,33 por ciento.
En este sentido, CCOO CLM reivindica que en la región se aplique la ley y que todas las mujeres tengan la posibilidad de acudir a la sanidad pública para interrumpir su embarazo, tal y como señala la secretaria de Mujeres y Políticas LGTBI del sindicato, Rosario Martínez.
Asimismo manifiestan su preocupación por los retrocesos en esta materia que se están viviendo en Estados Unidos, con la reciente derogación del derecho al aborto, y en Europa, donde no todos los países miembro de la Unión Europea permiten la interrupción voluntaria del embarazo; así como la «ola reaccionaria en contra de los derechos de las mujeres».
Consideran «preocupante» el discurso «retrógrado y misógino» de la ultraderecha oponiéndose al derecho al aborto y a la libertad de elección de las mujeres; «voces que pretenden encaminarnos hacia una involución en los derechos de las mujeres», denuncia Martínez, por lo que «hoy más que nunca tenemos que seguir luchando para avanzar en derechos que nos ha costado mucho conquistar», ser capaces de «frenar esta deriva que amenaza con muy graves retrocesos en derechos para las mujeres y para la igualdad».
Y es que, advierten, restringir derechos o, en el peor de los casos, prohibirlos, «en ningún caso va a evitar que siga habiendo abortos», puesto que «toda mujer es libre de decidir si puede o si quiere seguir adelante con su embarazo». Precisamente, señalan, la falta de acceso a un aborto seguro hace que cada año 39.000 mujeres en el mundo mueran a consecuencia de las interrupciones de embarazo clandestinas.