Los obispos de los Estados Unidos siguen poniendo en riesgo a los niños y a otras personas vulnerables. Ésta es la denuncia que un grupo de «soplones católicos» -los autodenominados «Catholic Whistleblowers»– ha vuelto a detallar en una carta que ha mandado a la Congregación de Obispos del Vaticano.
Este grupo de defensores de la política de«tolerancia cero» para abusadores de la Iglesia estadounidense está compuesto por sacerdotes, religiosos y laicos. En su conjunto escribieron por primera vez al Vaticano en enero de este año. Expresó su preocupación por la manera en la que las pautas anti-abusos de la Conferencia Episcopal de los EEUU se estaban poniendo en práctica ypidió que la Congregación de Obispos interviniera en la situación.
Al no haber recibido aún ninguna respuesta de la Santa Sede, no obstante, ha vuelto a trasladarle sus inquietudes en una nueva misiva fechada el 1 de septiembre. Un reportaje que apareció ayer en el National Catholic Reporter da fe de que sus intranquilidades siguen siendo las mismas que al principios de año.
Le preocupa que la Conferencia Episcopal de los EEUU todavía carezca de un mecanismo para forzar a los obispos a que reporten los casos de la requerida gravedad a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en vez de que decidan por ellos mismos cuál debe ser el estándar más allá del cual Roma tenga que hacer cargo de ellos.
El grupo de denunciantes subraya que ciertos obispos del país siguen teniendo en ministerio activo a clérigos y religiosos contra los que pesan acusaciones creíbles de conducta inapropiada. «Temamos que la Congregación para los Obispos esté apoyando a la [Conferencia Episcopal] en intento fracasado de implementar la política de cero tolerancia», alega el grupo en su carta del 1 de septiembre. «Por supuesto, hay niños a los que se les sigue poniendo en riesgo, y tememos que el escándalo se expanda», prosiguen.
En concreto, y al igual que en enero, lo que los «soplones» piden del Vaticano es que actúe para que, en primer lugar, los obispos americanos se dejen de oponer a los proyectos de reformas de varios estados de los plazos de prescripción de ciertos delitos. También reclaman que la Santa Sede le imponga a la Conferencia Episcopal el criterio, de la ley canónica universal, de la «apariencia de la verdad» -y no simplemente el actual estadounidense de «pruebas suficientes»– satisfecho el cual un caso determinado se tiene que remitir a la CDF.
Por último los whistleblowers exigen que el Vaticano fuerce una auditoria para asegurar que todos los casos para los cuales es competente, procedentes de los EEUU, acaben en sus manos.
Aunque los denunciantes incluyen, en su última misiva, un ultimátum al cardenal Marc Ouellet, el Prefecto de la Congregación para los Obispos -pidiéndole «que anuncie inmediata y públicamente el camino que tomará en respuesta a nuestra carta»- por el momento sigue habiendo ninguna contestación pública del Vaticano.
