La Generalitat ya es titular de suelo para dos centros concertados a 75 años
Las reacciones de protesta contra el ajuste escolar, y en particular contra la supresión de decenas de unidades públicas de Educación Infantil, no han cesado en todo el trimestre, mientras la Consejería de Educación seguía autorizando su ampliación en colegios concertados. En el arreglo escolar del curso 2013-14, Educación suprimió 56 unidades netas de Infantil. Para el curso 2014-15, suprime 146 más, según resolución del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). En total, más de 200 en dos cursos. La red concertada no está exenta de extinción de unidades, pero las unidades de tres a cinco años autorizadas a estos centros no solo no han disminuido, sino que se han incrementado. La revisión cuatrienal de conciertos publicada en agosto de 2013 daba un saldo neto de siete unidades más de Infantil, que se sumaban a las 10 de agosto del año anterior. Posteriormente, hasta mitad de febrero de 2013, la consejería ha autorizado otra docena a distintos centros concertados. En total 29. Buena parte corresponden a la ciudad de Valencia, donde se da la circunstancia de que el arreglo escolar prevé la supresión de 19 clases de infantil públicas el próximo curso. Según los datos recogidos por el profesor Ferran Colom, estudioso del tema, en Valencia ciudad la tasa de cobertura de la matrícula sobre la oferta de plazas en Infantil apenas difiere entre la red pública y concertada y se sitúa (datos del curso 2012-13) por debajo del 100% en ambas, es decir, con plazas disponibles.
Frente a 200 públicas suprimidas en dos cursos, se han creado 29 concertadas
Esta política ha sido reforzada en marzo en las Cortes por el PP con una proposición no de ley sobre elección de centros que proclamaba la inclinación de las familias “hacia la solicitud de plazas de centros concertados frente a los públicos”. Los demás partidos la rechazaron. La consejera de Educación, María José Català ha preferido acentuar la necesidad de ajustar la oferta escolar a “un descenso de la natalidad más acusado que comienza en 2009”. Del lado docente le han replicado que la bajada demográfica no justifica “que cierren escuelas públicas y se construyan concertadas a costa de la pública”, argüía el STEPV, que calificaba el argumento de la natalidad como “una gran farsa”. Según los datos del Institut Valencià d'Estadística, en la Comunidad Valenciana había 55.478 niños de tres años a 1 de enero de 2011; en la misma fecha de 2012 hubo un repunte hasta 57.099, pero en 2013 bajó a 52.867.
En el mismo DOCV en que se publicaba el arreglo escolar, el 18 de febrero, se insertaba otra resolución por la que la Generalitat asumía la titularidad de dos parcelas de origen municipal en Calp y Elx (9.365 y 11.000 m2, respectivamente) para construir centros concertados a 75 años. Son los eufemísticamente llamados centros de iniciativa social (CIS). La imagen de estas resoluciones en el mismo DOCV retrata de forma instantánea y oficial una política, al ampliar la enseñanza concertada en un contexto de reducción de plazas y pérdida de alumnado público, junto al aumento de ratios, de hasta 30 alumnos en las clases de tres a cinco años. La titularidad del suelo para la construcción de CIS es el paso previo a la inmediata convocatoria de “concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional” que la LOMCE permite a las Administraciones educativas. Lo más probable es que el centro de Calp sea el primero en salir a concurso, a no mucho tardar, reconocen fuentes de la Consejería de Educación.
Todo listo para sacar a concurso los primeros centros de iniciativa social
En estos momentos, muchos centros públicos esperan respuesta a los recursos de reposición que han llovido sobre el arreglo escolar. Algunos son colectivos, como los presentados por la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic de Alicante, por la supresión de hasta 56 unidades en la provincia; o el de FAPA-Valencia, con la adhesión de 18 asociaciones de padres, o el presentado por Esquerra Unida. No menos de una decena de centros han presentado recursos por separado. El siguiente paso será el contencioso-administrativo, una vía que Escola Valenciana ya ha anunciado que utilizará. María José Català auguró poco recorrido judicial a los recursos contra el ajuste escolar.
Familias del colegio Ciutat de Cremona encerrados en el centro durante las fiestas falleras. / JOSÉ JORDÁN
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