La historia del Instituto Miguel Primo de Rivera es un pequeño retazo de esa historia y nos puede permitir comprender como, cada una de las diferentes leyes y planes de estudio, más allá de la letra y de las intenciones del legislador, tuvieron un impacto concreto, a veces, imprevisto, que en última instancia siempre ha dependido de la situación social de las comunidades donde se han aplicado.
Los años anteriores a la creación del Instituto, España está viviendo los últimos estertores de la restauración. Conservadores y liberales se habían ido alternando en el poder, amañando la elecciones mediante los caciques locales, para obtener los resultados que interesaban en cada momento, pero alejandose de la realidad y sin capacidad para resolver los problemas de España, problemas que se iban agravando, si bien se intenta una regeneración desde el poder, intentando destruir el caciquismo, para lograr elecciones sinceras, reformando la administración,
limitando el poder político de las congregaciones religiosas (Ley del Candado de Canalejas) y una decidida política de intervencionismo económico que relegaba al olvido la inhibición clásica del estado liberal, sin embargo, es el propio sistema el que está podrido y estos intentos lo único que consiguen es su propia muerte.
Con un sistema agónico y totalmente ineficaz, la tentación es grande y en ella cae el general Primo de Rivera Cuando el 13 de Septiembre se pronuncia mediant un manifiesto dirigido al País. Se cuenta que al día siguiente llega Alfonso XIII en tren a Madrid desde San Sebastián, en la estación le esperan dos grupos: El Gobierno en un extremo del anden, con la propuesta de destituir a Primo de Rivera y garantizar la apertura de las Cortes, el grupo conspirador de militares en el otro extremo.
Alfonso XIII acepta la dictadura, con las consecuencia que a corto y largo plazo todos conocemos.
He aquí el balance que un regeneracionista como Macías Picaveas hace sobre la enseñanza en esa época en su obra “El problema nacional”: …en 30.000 o poco más o menos puede calcularse el número de escuelas de instrucción primaria, pero que escuelas, en su mayor parte cuadras destartaladas, y los maestros sin pagar, sobre millón y medio de alumnos con muy mala asistencia, y llega a leer y a escribir poco más de una cuarta parte de la población (28%, otro 4% solo sabe leer y el 68% es totalmente analfabeto), para que nos hagamos una idea, en Francia, en esta época las cifras se invierten, el 30% son analfabetos y el 70% saben leer y escribir.
Del maestro dice “…es un ser horriblemente formado; mejor dicho, deformado. En las escuelas normales nada se enseña, pero en cambio le desquician la natural inteligencia, el buen sentido y el sano juicio de las cosas.”
En segunda enseñanza, hay 60 institutos y 300 colegios religiosos en los que estudian 30.000 alumnos pero “…Nuestros famosos institutos son cualquier cosa menos centros de educación y enseñanza. La mayor parte tienen por casa viejos edificios provistos de cuatro salas, tal cual pasillo o galería y algún mediano corral abierto o no a la calle…
…En cuanto a bibliotecas, museos, laboratorios, colecciones…, no se hable; de medios, instrumentos, recursos para prácticas, excursiones y visitas…, tampoco se hable; de gimnasios, campos de futbol, salones o galerías de descanso…, se hable menos. O, de otro modo, la acción educatoria [sic] se halla reducida a cero en la segunda enseñanza: menos, si cabe, que en la escuela…
… como el instituto, la universidad es una cosa muerta por dentro, 15.000 alumnos, la mayoría en derecho o medicina…
…¿Y los libros de texto?: “Doctrinas arqueológicas, teorizantes de invención arbitraria, errores increíbles, ignorancias inexplicables, lenguaje sin arte y hasta sin gramática…
Y por último, los exámenes:
… Consagración y conocimiento de toda esta sucia borra son nuestros exámenes de pruebas en curso: cruz, sin sacrificio ni grandeza, de nuestra educación nacional. Ya hemos visto cómo a ellos se subordina el mecanismo entero de la enseñanza pública; los catedráticos, convertidos en examinadores; los libros didácticos, que debieran ser auxiliares amigos, transformados en odiosos textos con extractos; los programas derivados en índices ramplones de materias; La enseñanza educadora, informante de la inteligencia del alumno, creadora de conciencia y saber técnicos, corrompida en una superficial y artificiosa preparación para el tal examen, tras el cual solo queda el fuego fatuo de aquel momento y luego la perpetua oscuridad de la ignorancia…”
La enseñanza privada, con alguna excepción como la de los Carmenes de Manjón, estaba exclusivamente dirigida a las élites, y los desfavorecidos y el mundo rural estaba abandonado en manos de los caciques y oligarcas en un ambiente en el que “la letra con sangre entra” el maestro, mal pagado y literalmente muerto de hambre, con una clase de unos 90 alumnos.
Esta es la situación de final del siglo XIX (1899)que mueve a personajes como Joaquín Costa a decir que …La mitad del problema español está en la escuela..
…La escuela y la despensa, la despensa y la escuela: no hay otras llaves capaces de abrir el camino a la regeneración española….
Gracias al impulso de Costa y sus amigos, comienzan una serie de reformas que se inician en 1900 con la creación del ministerio de instrucción pública y bellas artes.
En 1901 se crea la inspección primaria, El primer ministro de instrucción pública, el conservador García Alix, hace una férrea defensa de la enseñanza pública:
…La moda, el capricho o la propaganda interesada han apartado a los hijos de las clases acomodadas de la escuela pública, secandola…
Lo cierto es que, al separar el ministerio de instrucción del de fomento, este se liberó del control de los neocatólicos y el partido conservador pudo retomar la defensa de la función educativa del estado.
Así pues lo primero que se aborda es que el pago de los salarios de los maestros pase de los ayuntamientos (osea los Caciques locales) al ministerio. Acomete la reforma de las escuelas normales. Reforma la enseñanza secundaria, El preámbulo justificativo del decreto de 19 de julio de 1900 es sumamente significativo …”En esta reforma, el ministro que suscribe tiene un pensamiento firme, persigue con tenacidad un propósito: enaltecer la enseñanza oficial…”
Obliga a que todo el profesorado de los centros de enseñanza tenga la titulación adecuada y se mantenga el derecho de inspección estatal sobre los colegios privados, pero, hay un punto oscuro en la reforma: La enseñanza de la religión y el trato a las ordenes religiosas, La religión era obligatoria y con un examen final sin el cual no se podía obtener titulo alguno y en el mismo precepto que exigía la titulación adecuada a todos los profesores, exceptuaba de esa obligación a “los colegios de del corporaciones religiosas…”
Solo 11 meses estuvo García Alix al frente del nuevo ministerio, pero una feliz coyuntura hará que la política de reformas no sufriera interrupción alguna. Otro ministro, situado en las antípodas de García Alix, continuará la labor y hará de otro corto período de gobierno uno de los más fecundos por lo que respecta a educación, el Ministro Romanones (Que posteriormente tuvo que pagar una multa de medio millón de pesetas de la época impuesta por Primo de Rivera, por conspirar contra él) A Romanones le obsesiona el deplorable estado de la enseñanza oficial. Los institutos, despoblados; los colegios religiosos, llenos. La escuela confesional se revela como un reducto del clericalismo y como un vehículo trasmisor del odio antiliberal……diecisiete planes de estudio en veinte años.
Todo ello tiene una causa.
…La cifra del presupuesto de instrucción pública es tal, que no merece la pena siquiera que nos ocupemos de ella, porque comparada con otras naciones resulta ridícula. La villa de París gasta 27 millones y medio y todo el estado español solo gasta 12…Bélgica, con un presupuesto estatal la mitad del nuestro, gasta 25 millones.
Romanones hace suyo el proyecto de ley que no pudo sacar adelante García Alix salvo en los aspectos inconciliables con su ideario, la enseñanza de la religión, por la que volvía a ser voluntaria y la necesidad de que las órdenes religiosas cumplieran la regla general de titulaciones, podemos imaginar las acusaciones de anticlerical, sectarismo y jacobinismo que tales normas trajeron a Romanones, por otro lado católico sincero que más tarde escribió en sus memorias.
“…Respondió esta disposición a mi criterio respecto de la tolerancia religiosa y, además, no podía suponer al dictarla, dado el catolicismo de la familia española, que desapareciera casi por completo la matrícula y la asistencia a las cátedras de religión al convertirla en voluntaria.”
También se aborda la reforma de las enseñanzas medias, el R.D. de 1901, organiza la enseñanza media “…de modo que responda a un estado social tan complejo como el presente y a unas necesidades tan varias como las de la moderna vida comercial, industrial y científica…” En esta ley se decía que en los institutos de segunda enseñanza se impartirían los estudios generales de bachillerato en seis cursos, con asignaturas clásicas, como el latín (pero se disminuye su importancia en favor de la gramática castellana) o las matemáticas, junto a signaturas técnicas como la “Agricultura y técnica agrícola e industrial” o el derecho usual y otras novedosas como la caligrafía, la fisiología (de la que, nos cuantos años, antes cuando en la anterior reforma Groizard se intentó incluir, se llegó a decir en el congreso que podía terminar como pornografía), la sociología y la ética.
Además de estos estudios, también se impartirían en los institutos estudios elementales y superiores de magisterio (aun hoy quedan maestros que accedieron a los estudios de magisterios con un plan Franquista similar, desde el cuarto curso de bachiller, con 13 años). Para acceder a estos estudios sería necesario tener 16 años cumplidos, aprobar el examen de ingreso en el instituto, y realizar tres cursos y una reválida que daba el titulo de maestro elemental y ras otros dos años y otra reválida el titulo de maestro superior.
También se impartirían los estudios de perito agrónomo o perito agrimensor (tres cursos) Estudios de industrias divididos en elementales (tres cursos) con titulo de práctico industrial y superiores (solo en ciertos institutos de capital) de dos cursos con titulo de electricista, aparejador o químico, y estudios de comercio también en dos ciclos, contador de comercio y Profesor Mercantil.
La tal reforma no cuajó y el propio Romanones considera que fue la oposición de los docentes lo que la hizo fracasar, al decir de los historiadores, quizás el proyecto era demasiado original.
Lo que si se consagra es la libertad de cátedra, libertad de elección de centros y lo que más preocupa a la Iglesia la titularidad de la función docente. Para la Iglesia jerárquica, que había tenido el monopolio de la función docente hasta el siglo XIX, el derecho a enseñar le corresponde a ella por mandato evangélico: “id y enseñad a todas las naciones…” Pero los liberales argumentan que tal mandato se refiere a la enseñanza de la buena nueva, pero no a contenidos formales de instrucción.
Los neocatólicos de Menéndez Pidal, son conscientes de que es insostenible seguir defendiendo el monopolio de la enseñanza para la iglesia, por lo que consideran que el derecho a enseñar corresponde a la familia, única institución legitimada y obligada e ello, y por otro lado consideran que solo la enseñanza privada garantiza adecuadamente ese derecho de la familia, escuela privada que estaba mayoritariamente en manos de las congregaciones religiosas, por lo que la independencia de la escuela privada debe ser completa, escapando así al control del estado, ¿que le queda pues, según los conservadores, al estado?. El derecho de establecer la instrucción obligatoria, a conferir los grados académicos y a controlar el sistema educativo en su conjunto, es decir un papel subsidiario, donde no llega la Iglesia.
Para los liberales, que sabían que en los colegios religiosos se enseñaba que “.. El liberalismo es pecado…”, debían casar su defensa a todo trance de la libertad con el derecho a intervenir en este tema. Por ello defendían que, en una sociedad ideal, el estado debía limitarse a garantizar la libre concurrencia o a estimular la libre iniciativa, pero en la sociedad española, hic et nunc, el estado tiene el deber de organizar y crear su propia red de establecimientos educativos, por ello dice Romanones Si bien es verdad que el estado no debe modelar los espíritus, conviene también que impida que otros los modelen…” La verdad es que el escaso presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública hacia ridícula la pugna, por ello la lucha de los liberales era simplemente para someter a la escuela al control del estado.
Para terminar, no puedo dejar de citar textualmente las palabras del obispo de Palencia, porque con matices, las suscribiría cualquier obispo actual, un siglo después: “En cuanto nos concierne, señores, nunca nos ha asustado la libertad, pero queremos la verdadera libertad, de la que habla el espíritu santo, porque la Verdad es la que nos hace completamente libres; no queremos, y protestamos siempre que tengamos ocasión, que se concedan iguales derechos a la verdad y al error, a la virtud y al vicio, porque siguiendo ese camino, la sociedad y los pueblos se precipitarán en la pendiente del libertinaje hasta caer en el abismo de la disolución mas espantosa…”
En palabras de I. Turin: “En realidad, comprobaban que la cátedra de religión, era con la mayor frecuencia, en el corazón de la enseñanza oficial, un arma contra el espíritu de la sociedad moderna y, muy especialmente, contra la tendencia liberal, en vez de formar católicos, se formaban espíritus antiliberales.
El período hasta la implantación de la dictadura, en 1923, es una época mal conocida a efectos educativos y de extremada inestabilidad política, se suceden 39 Presidentes de Gobierno y 53 Ministros de Instrucción Pública (una media de menos de 5 meses en el cargo cada uno). Siguiendo los textos normativos se ve que el período se caracteriza por un Conservadurismo tradicional, si bien se consolidan, y terminan siendo aceptados por los conservadores, algunos logros liberales, tales como, la enseñanza primaria obligatoria de los 6 a los 12 años (1909), dignificación del profesorado mediante varias subidas de sueldo, creación de instituciones de claro corte Institucionista (Institución libre de enseñanza, entidad privada laica fundada por liberales, pedagógicamente avanzada y que aún se mantiene viva hoy en día) y el monopolio del estado en la universidad, los problemas siguen siendo la enseñanza de la religión, titulaciones del profesorado, libertad de enseñanza. Y los retrocesos son constantes.
En 1910 se limita la inspección del estado en los establecimientos privados a vigilar las condiciones higiénicas de los locales En 1914 se autoriza “a los individuos que, dedicados a la enseñanza, pertenezcan a la Compañía de Jesús, Escuelas Pías o Agustinos, para enseñar en sus colegios libres o incorporados a los establecimientos docentes oficiales, y para que puedan tomar parte con voz y voto en los tribunales de examen de sus alumnos, de igual modo que los profesores colegiados con titulo de licenciado o doctor en ciencias o letras.”
Pocos días después, en otra orden en la que se reitera la necesidad de contar con profesores titulados para la apertura de colegios, se exceptuaba de este requisito a las ya citadas congregaciones.
A partir de 1917, año de la triple crisis, algunos gobiernos solo duran semanas y no cabe hablar de política educativa Las Primeras medidas de la Dictadura de primo de Rivera, son fieles al espíritu liberal, así, el 25 de septiembre de 1923 dicta una real orden, relativa a la reglamentación de la enseñanza privada, por la que dispone el restablecimiento del real decreto de 1902 de Romanones sobre titulaciones del profesorado, dando un plazo de 30 días para que los centros legalicen su situación, procediendo, en otro caso, a su clausura definitiva.
Pero pronto comenzaron las medidas de carácter restrictivo, al poco se suspendió la aplicación de la orden anterior, “a fin de evitar el cierre de numerosas escuelas”.
En 1925 restringe al máximo la libertad de cátedra para los funcionarios docentes, justificando así tal limitación:
“…Todos los profesores de la enseñanza pública, que, por la delicada misión que el estado les encomienda al entregarles la educación de las nuevas generaciones, deben dar ejemplo paladino de virtudes cívicas dentro y fuera de las aulas y conducir a sus alumnos por la senda del bien y del orden social, tanto en las lecciones que les trasmitan y en las doctrinas que les infundan como en la vida que ellos mismos realicen. Así lo realiza la inmensa mayoría del profesorado español; pero hay algunos… [que se dedican] a propagandas más o menos encubiertas contra la unidad de la patria o contra instituciones que, cuales la familia, la propiedad, la religión o la nación, constituyen el fundamento sobre el que descansa la vida de los pueblos…
…En consecuencia, se encomienda a los rectores, directores de centros públicos e inspectores de enseñanza primaria, “se vigile cuidadosamente acerca de las doctrinas antisociales o contra la unidad de la patria que puedan ser expuestas por algunos profesores o maestros”, considerando la falta lo suficientemente grave como para abrir el correspondiente expediente, previa suspensión de empleo y medio sueldo, si hubiera indicios de culpabilidad…”
En 1927 otra ley, criticando el papel legal de los claustros en la designación de directores de los centros decentes, sienta la doctrina de que son auténticos representantes del Gobierno y, como tales, deben ser nombrados y separados libremente por el ministro en atención a sus cualidades pedagógicas y a las “especiales condiciones de prudencia para el mando y adhesión a los principios de orden y autoridad que solo el Gobierno puede apreciar en cada caso” ( ¿Les suena?)
Como complemento de esta orden y basándose en que se han producido actividades tumultuarias e incorrectas en el público que presencia las votaciones de los tribunales de oposiciones a cátedras, con grave daño para la disciplina, la dictadura suprime la publicidad de las oposiciones.
Por fin en 1928 publica una reforma de la universidad, en la que un polémico artículo 53 trataba de equiparar el colegio de los jesuitas de Deusto y el de agustinos de El Escorial con la universidad en la expedición de títulos académicos, lo que supuso tal revuelo, que cerró la universidad central, renunciaron a su cátedra Fernando de los Ríos y otros prestigiosos catedráticos y fue tal la marea de protestas que no tuvo más remedio que derogar el polémico artículo al año siguiente, quedando la Dictadura herida de muerte.
No sería justo reducir la política educativa de la Dictadura de Primo de Rivera a sus aspectos negativos, sin citar los esfuerzos por extender y modernizar el sistema educativo, sobre todo en la construcción de centros escolares y por intentar poner al día el bachillerato.
Según el Director general de primera enseñanza de la Dictadura. De 1924 a 1929 se construyeron 6.000 escuelas, 2.000 de nueva planta y 4.000 mejoras de las ya existentes, según datos oficiales de hoy en día a las 2.000 de nueva planta solo se pueden sumar 1824 mejoras, lo que nos da un total de 3.824 frente a las 6.000 indicadas. En todo caso notable mejoría frente a las 5.563 construidas los 23 años anteriores (1900-1923), lo que se ha dado en llamar la vertiente regeneracionista del régimen, que deseaba una “revolución desde arriba”, excluyendo en esa empresa la libertad.
Otra innovación de la dictadura, fue la reforma del bachillerato mediante el Plan del Ministro Calleja. Este vuelve al modelo de división en dos ciclos, bachillerato elemental y superior o universitario, con una prueba de acceso a la universidad.
Buceando un poco en las actas del instituto, se ve como las notas son por asignaturas de cada curso y se evalúan por un tribunal formado por el presidente, el secretario y un vocal. Como curiosidad relato, junto al nombre de alguna de las asignaturas (casi todas ellas de primero, segundo y tercero) la matricula de alumnos y el indice de suspensos (siempre en actas de Mayo, pues el curso terminaba a finales de mayo y las actas se firmaban el día 24) Francés (en 1º, 2º y 3º) grupos de unos 27 alumnos con más del 90% de aprobados Elementos de aritmética sobre 20 alumnos con 60% de aprobados elementos de geometría, con parejos datos Nociones de física y química sobre 34 alumnos y 98% de aprobados.
Las siguientes asignaturas no bajan nunca del 70% de aprobados geografía e historia universal, geografía e historia de España y geografía e historia de América (sic), geografía política y económica, lengua latina
Más curiosas hoy resultan: fisiología e higiene, deberes éticos y cívicos, rudimentos de derecho, terminología científica industrial y artística, historia natural (ciencias naturales), historia de la civilización española, agricultura.
Como dato curioso, en el instituto no se imparte el idioma inglés hasta el curso 1930/31, en el que ya están presentes los dos idiomas simultáneamente.
Se comienza a los 10 años mediante un examen de ingreso y dura 7 cursos, 4 elementales y 3 superiores, se suprimen los exámenes globales por pruebas por asignaturas. Y también regula la formación profesional (esta vez por el ministerio de trabajo, pues no se consideraba sistema educativo).
Así termina la dictadura de Primo de Rivera, en los 20 primeros años del siglo XX solo se ha logrado reducir la tasa de analfabetismo hasta el 54%, y comienza la época más corta pero intensa de la historia de España y por ende de su educación.
Dicen prácticamente todos los manuales de historia que si hay algo que no puede negarse hoy a la II República, es sin duda, su ambicioso proyecto de reforma del sistema educativo, en el que laten los viejos principios del liberalismo español, la moderna pedagogía de los institucionistas y las ideas educativas del socialismo histórico.
Solo 15 días después del nacimiento del nuevo régimen, se publica el primer decreto educativo, regulando el bilingüismo en la escuelas catalanas, extensible a toda lengua histórica, atacando un problema que la dictadura de Primo de Rivera no había hecho otra cosa que exacerbar; “…Posibilitar que la lengua materna sea un instrumento de cultura es posibilitar que la cultura rinda su máxima eficacia…
…Respetar la lengua materna, sea ella cual fuere, es respetar el alma del alumno y favorecer la acción del maestro…”
8 días después, otro decreto estable la voluntariedad de la enseñanza de la religión y que se dispensase de su enseñanza a aquello maestros que invocarán lka libertad de conciencia. Lejos de lo que la manipulada historia nos ha pretendido transmitir, El Ministerio de instrucción exponía que los maestros eran libres de impartir o no la religión, pero estaban obligados a comunicar a los padres de los alumnos el derecho que les asistía a solicitar de la escuela instrucción religiosa y señalaba que los símbolos religiosos podrían permanecer en las aulas si hubiese consenso entre padres y maestros sobre este punto. Donde queda meridianamente claro el espíritu de tolerancia que habría de imperar en la escuela, lo que no significaba relajamiento moral alguno;
“La supresión de la enseñanza religiosa con carácter obligatorio no debe significar abandono en la dirección moral de los escolares; por el contrario, al perder esta enseñanza su orientación dogmática y catequista, el maestro se esforzara, ahora más que nunca, en aprovechar cuantas oportunidades le ofrezcan sus lecciones en otras materias el diario hacer de la escuela y los altos ejemplos de los pueblos [[N.A. ¿temas transversales?] para inspirar en los niños un elevado ideal de conducta.”
Medida que ya podemos suponer como fue recibida por ciertos sectores…
En lo tocante a la educación primaria, se crearon la ingeniosas misiones pedagógicas, encargadas de difundir la cultura general y la educación ciudadana en las deprimidas aldea y villas rurales del España y se ve la necesidad de construir 27151 escuelas en cinco años, el programa básico de la República quedaba idealmente trazado con estas palabras de la Gaceta de Madrid (boletín oficial de la época) “Ha llegado el momento de redimir a España por la escuela”.
El gigantesco esfuerzo de la República representaba el primer intento serio en nuestro país, desde los tiempos de la ilustración, por resolver el grave problema del establecimiento de una democracia en una población básicamente ignorante e iletrada.
Al problema de las escuelas se unía el de la falta de maestros adecuadamente formados y dignamente retribuidos, lo que se atajó suprimiendo el clásico sistema de oposiciones y convocando cursillos de selección profesional, capaces de lograr un número suficiente de maestros en corto tiempo, mientras se producía una profunda reforma de su formación, si bien se aceptó como primer paso que los maestros salieran de esas reformadas escuelas normales, era opinión generalizada que salieran de la universidad, concibiendo la carrera docente como una entidad unitaria (hoy lo llamamos cuerpo único) que solo exigía diferente especialización en función de las enseñanzas a impartir (Los estudios de magisterio no fueron universitarios hasta 1970) Y por otro lado se dignificaba su función procediendo al ascenso de las diferentes categorías con efectos económicos desde julio de 1931.
En cuanto a las enseñanzas medias, en mayo del 31 se deroga el Plan Calleja y se restablece el plan de estudios ya explicado de 1903, se vuelve a solicitar la obligatoriedad de poseer las titulaciones adecuadas para cada nivel de enseñanza, maestro para primaria pública o Privada (de la iglesia, únicos que mayoritariamente no la cumplían y que como es lógico recibieron agriamente la medida) y el de licenciado para las enseñanzas medias.
Junto a esta extraordinaria labor del primer bienio, se acometió desde el principio la empresa de dotar al país de una nueva ley de instrucción pública, que instituyera en España la escuela única. La educación pública debía revestir los siguientes principios:
La educación es función del estado, si bien se acepta la existencia de la enseñanza privada siempre que no tenga fines políticos o confesionales partidistas.
La educación debe ser laica, se debe limitar a dar información sobre la historia de las religiones y puede facilitar medios para la educación religiosa, pero siempre fuera de la escuela.
La educación pública debe ser gratuita, y el 25% de las plazas universitarias también
La educación debe ser activa y creativa, con carácter social, sin discriminación en razón de sexo, es decir coeducación
La educación debe ser un sistema unitario en tres grados.
El primer grado tendría un preescolar voluntario de los 4 a los 6 años y otro obligatorio de los 6 a los 12 años(primaria). El segundo grado en dos ciclos, el primero de los 12 a los 15 años y el segundo de los 15 a los 18 como preparatorio para la educación superior. El tercer grado se corresponde con la educación universitaria, con dos ciclos, licenciatura y doctorado.
Como sistema unitario, el profesorado que lo sirve también debe constituir un todo orgánico.
Por contra, la iglesia toma postura con respecto a estos puntos, que deben ser debatidos en la Constitución, mediante la pastoral colectiva del episcopado de 25 de junio de 1931 y que recordaba la doctrina de Pío IX, expresada en el Syllabus, en la que condena la afirmación de que “ todo régimen de las escuelas públicas en donde se forma a la juventud de algún estado cristiano… puede y debe ser atribución de la autoridad civil” y también recordaban la proposición condenada por el pontífice, de que “las escuelas públicas estén exentas de toda autoridad, acción moderadora o injerencia de la iglesia y que se sometan al pleno albedrío de la autoridad civil, a la voluntad de los gobernantes y según las normas de las opiniones corriente en el siglo” Por ello la pastoral, después de reafirmar el derecho de la Iglesia a intervenir en las escuelas, públicas y privadas, condenaba las libertades modernas consideradas como “intangible patrimonio de las democracias enemigas de la iglesia” y terminaba invocando las palabras textuales de León XIII en su encíclica Libertas: “De todo los expuesto se sigue que en modo alguno es lícito pedir, defender ni conceder la libertad de pensar, de enseñar, de escribir y de cultos, como si estas facultades fuesen un derecho concedido al hombre por la naturaleza”.
Comienza en toda regla la guerra escolar, ya que la Constitución de 1931, recoge el tema de la educación y la eleva al rango de norma fundamental, cerrando el ciclo de una larga y compleja tradición iniciada por la constitución de 1812.
Por ello la iglesia se apresuró a rechazar la nueva constitución y a dar pautas de conducta a los católicos españoles, exhortandoles a oponerse “a la progresión de la escuela laica, obra del estado, impedirán la perturbación de la conciencia de muchos que, sin desear aquella, habrán de llevar a sus hijos a la escuela pública descristianizadora, y contribuirán a evitar la segura desmoralización del pueblo si progresara la escuela atea…”.
Lo que más tarde se conocerá como nacional-catolicismo, estaba ya en germen en esta pastoral colectiva de 1932 Las cosas no hicieron sino enconarse, llegando los obispos a prohibir a las familias católicas a llevar a sus hijos a la escuela pública y terminando con la declaración oficial de guerra desde la Santa Sede, cuando en su encíclica Dilectisima nobis se pronuncia así sobre la situación española:
“Aparece, por desgracia, demasiado claro el designio con que se dictan tales disposiciones, que no es otro que educar a las nuevas generación no ya en la indiferencia religiosa, sino en el espíritu abiertamente anticristiano; arrancar de las almas jóvenes los tradicionales sentimientos católicos, tan profundamente arraigados en el buen pueblo español, y secularizar así tada la enseñanza inspirada hasta ahora en la religión y moral cristianas…
…Frente a una ley tan lesiva de los derechos y libertades eclesiásticas… creemos ser nuestro deber preciso de nuestro apostólico ministerio reprobarla y condenarla.
Por consiguiente, Nos protestamos solemnemente y con todas nuestras fuerzas contra la misma ley, declarando que está no podrá ser nunca invocada contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia.”
La educación, por primera vez en nuestro país, enfrentaba formalmente al Estado español y a la Iglesia de Roma Por lo que respecta a la enseñanza secundaria, el principal problema que tuvo que afrontar el ministerio de Instrucción Pública fue el derivado de la aplicación de la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, por la que se ordenaba el cierre de esta enseñanza en 4 meses, lo que obligó a sustituir esos centros en ese plazo.
A tales efectos se creó la Junta de sustitución, de la que formaban parte funcionarios del ministerio, miembros del Consejo Nacional de Cultura, inspectores de segunda enseñanza, la Asociación de Doctores y Licenciados y los Catedráticos de Instituto. Con el proposito de preparar al profesorado necesario, por el sistema de cursillos ya empleado en magisterio, y organizar la instalación de los aceleradamente creados institutos nacionales, institutos elementales y colegios subvencionados. Los dos primeros impartían bachillerato completo, solo se diferenciaban en los requisitos del profesorado y los últimos solo impartían los 4 cursos del bachillerato elemental.
En el curso 1933-34 comienza su vida académica 97 nuevos centros, 20 institutos nacionales, 37 institutos elementales y 40 colegios subvencionados.
Otra novedad importante fue la creación de la Inspección General de Segunda Enseñanza, configurandose como un servicio eminentemente técnico-pedagógico, de auxilio y de consejo a los centros docentes. Con ello termina el bienio azañista y comienza lo que los historiadores llaman la contrarreforma educativa del bienio radical-cedista.
El parón comienza inmediatamente con el descenso de las construcciones escolares y un debilitamiento de la reforma pedagógica, con medidas tales como la prohibición de la coeducación en las escuelas primarias. Este tema fue uno de los más debatidos durante la II República, la derecha católica cerró filas entorno a la doctrina pontífica de la encíclica Divini Illius Magistri que decía inequívocamente:
“Igualmente erróneo y pernicioso a la educación cristiana es el método llamado de la coeducación, fundado también según muchos en el naturalismo negador del pecado original y además, según todos los sostenedores de este método, en una deplorable confusión de ideas que trunca la legítima convivencia humana en una promiscuidad e igualdad niveladora”
Por ello se realiza también una intensa acción para conseguir la supresión de las escuelas normales, dos veces se presentó la proposición de ley para derogar las reformas realizadas y volver al antiguo sistema de escuelas normales masculinas y femeninas, último reducto de la coeducación.
Como se ha comentado, la inspección había sido el eje de la renovación educativa del primer bienio, bien pues ahora se suprimía la inspección central, supuestamente por falta de crédito para pagarla y se eliminaba la inamovilidad de destino del inspector, quedando así estos funcionarios a merced de la discrecionalidad ministerial, eliminando lo que se había concebido como una garantía de independencia de criterio.
También se producen retrocesos en la enseñanza universitaria, que era un punto continuo de conflicto para el gobierno, por ello, con el pretexto de una futura ley de reforma, se terminaba con la representación estudiantil en los claustro, juntas de gobierno y juntas de facultad y se acababa con la autonomía catalana en el ámbito de la enseñanza.
Pero lo que más nos interesa es la reforma del bachillerato iniciada con el decreto el 26 de julio de 1934 por el ministro Villalobos, hombre de talante liberal y reformista y cuyo articulado se basó en la ley de bases de Fernando de los Ríos y en los informes de la inspección de segunda enseñanza.
Comienza el decreto intentando poner fin a la extraordinaria confusión creada por la copiosísima legislación, tan variada y confusa, que ni los expertos en derecho eran capaces de precisar con certeza.
Se regulaba el sistema de exámenes, estableciendo que tanto los alumnos libres como los de enseñanza colegiada se tenían que matricular en los institutos nacionales, donde se examinarían ante un tribunal constituido al efecto.
En un segundo decreto se establecían las condiciones para la creación de institutos nacionales y elementales, en función del número de alumnado y características de los locales y el tercer decreto configuraba el plan de estudios. Estructuraba el bachillerato en siete cursos divididos en dos ciclos. El primer ciclo, de tres cursos, era una enseñanza general de preparación para el segundo ciclo. Este, estaba compuestos por cuatro cursos subdivididos en dos grados, el primer grado (cuarto y quinto) con disciplinas sobre todo formativas y el segundo grado (sexto y séptimo) se dedicaba a profundizar activamente en las disciplinas. Al finalizar se establecía una prueba de reválida en cuyo tribunal intervenía profesorado universitario.
Como aspecto positivo, hay que destacar la implantación moderna del método de evaluación: la calificación del alumnado quedaba encomendada ala junta de profesores, que debía tener en cuenta el trabajo del alumnado a los largo del curso, de forma que si el juicio era unánime, el alumno podía pasar el curso siguiente sin tener que realizar examen. El alumnado libre y colegiado, era también evaluado por la junta de profesores del instituto al que estaba adscrito, con idéntico criterio y programa que los alumnos oficiales.
Con el triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936, se volvía a las aspiraciones de los primeros momentos de la República, recuperar el ritmo de la construcción de escuelas, el control de la enseñanza privada, el impulso de la enseñanza media y profesional, la concentración universitaria y el desarrollo de los principios autonómicos de la Constitución y la promesa de poner los medios necesarios para que la juventud obrera pudiera acceder a la enseñanza media y superior.
Se restableció la inspección y la inamovilidad de los inspectores.
No hay consenso entre lo historiadores sobre la verdadera magnitud de las realizaciones de la República en materia educativa, las cifras oscilan entre las 14.000 y las 7.000 escuelas construidas. Igualmente se duda entre si se duplicaron o se triplicaron los institutos de país, per en todo caso, nadie duda de que fue un gigantesco esfuerzo realizado en una coyuntura económica sumamente difícil en Europa.
Si tomamos como referencia el presupuesto de instrucción pública de 1913, en 1930 de multiplica casi por tres, en 1935 se multiplica casi por cinco. Si de 1922 a 1931 se crearon 8665 plazas de maestros (unos 962 cada año) la República creó un promedio de 3.232 por año, a pesar del notable frenazo del bienio radical-cedista.
No voy a profundizar en las realizaciones de la República durante la guerra civil, pero no se descuidó en absoluto la cuestión, como demuestra la creación de las milicias de la cultura, formadas por maestros con el objetivo de luchar contra el analfabetismo de la población general y de los combatientes, las brigadas volantes de lucha contra el analfabetismo en la retaguardia o los ateneos libertarios de la CNT.
Como es sabido, la guerra civil supuso el fin del clima de tolerancia política que los españoles habían forjado laboriosamente, durante el amplio período de la restauración, el nuevo régimen practicará hasta su muerte una política de exclusión (eliminación)de elementos disidentes. Esta intolerancia y esta unilateralidad tendrán graves consecuencias educativas, ya que el régimen nace con la aspiración del totalitarismo político, que se caracteriza por los siguientes rasgos: Exaltación del estado, antiparlamentarismo y antiliberalismo, proclamación de una verdad absoluta de estado indiscutible, exaltación carismática del Jefe, que tiene todos los poderes y control de toda la sociedad, de los medios de comunicación y de socialización y como no, de la educación.
“Fuero del trabajo(1938) …Renovando la tradición católica, de justicia social y de alto sentido humano que informó nuestra legislación del imperio, el Estado nacional, en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria… emprende la tarea de realizar- con aire militar , constructivo y gravemente religioso- la revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles, de una vez para siempre, la Patria, el Pan y la Justicia”
La postura de la Iglesia es de sobra conocida. Su participación activa queda patente en la declaración colectiva del episcopado español en 1937 que supuso la legitimación moral del alzamiento e igualmente es la Iglesia jerárquica la que legitima la guerra civil como cruzada.
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