Presentamos los documentos de la Campaña contra la asignación tributaria en la Declaración de la Renta. Nos oponemos a las casillas de asignación tributaria a la iglesia católica y a la de fines sociales, invitando a no poner ninguna cruz. De este modo la iglesia no recibirá financiación por tu parte, ni para el mantenimiento del culto y clero; ni por vía indirecta a través de sus ONGs. confesionales, que se llevan casi el 50% de esta casilla. Esta campaña está promovida por Andalucía Laica – Granada Laica – Europa Laica – Asociación Laica Rivas Vaciamadrid – Cáceres Laica – Aranjuez Laico, y se suman otros como Alicante Laica.
CAMPAÑA IRPF 2009
En el IRPF, ninguna cruz
Que la Iglesia se pague sus gastos y que a las asociaciones sin fines de lucro se las financie directamente vía subvenciones ordinarias
Ante la nueva campaña de declaración de la renta, IRPF, correspondiente al ejercicio de 2008, las organizaciones que apoyan esta campaña quieren aportar su punto de vista por el que consideran que, desde una óptica laicista, los contribuyentes no debemos marcar las casillas de “Asignación tributaria a la Iglesia católica” ni la de “Fines de interés social”.
NI CRUZ A LA IGLESIA…
En relación con la casilla de la asignación tributaria a la Iglesia católica
Proponemos que no se marque, así como que se elimine del impreso del IRPF, puesto que, si se marca esta casilla, e incluso, el mismo hecho de su existencia, significa:
1.- Discriminación económica para los contribuyentes que no quieren suscribirla.En primer lugar, de esta casilla se beneficia el clero, los obispos y, en general, los católicos practicantes; sin embargo, lo pagamos todos los ciudadanos: ateos, agnósticos, creyentes de otras religiones y católicos no practicantes. Con ello se conculca el artículo 14 de la Constitución que señala que no puede existir discriminación por motivos de opinión. Asimismo, quienes marcan esta casilla gozan del privilegio de decidir qué hacer con el 0,7% de su IRPF, algo que no está al alcance de los demás contribuyentes.
2.- Perjuicio de lo público (de lo que es de todos) para beneficiar lo privado (que es sólo de una parte.En primer lugar, se detraen recursos (241 millones de euros, 40.000 millones de pesetas, en 2008) de la financiación de necesidades públicas, es decir, del conjunto de la sociedad (escuelas, hospitales, servicios sociales, carreteras, …), para destinarla a lo que sólo beneficia a una parte (sustentación del clero, su seguridad social, pensiones, centros de formación seminarios, congresos y demás actos y gastos de loa Conferencia Episcopal). Así, se malversan fondos públicos, destinándolos a fines privados, que deberían ser financiados por los interesados. En segundo lugar, quien marca esta casilla está aportando un 0,7% menos de impuestos al sostenimiento de los gastos públicos, por tanto, de hecho, está pagando un 0,7% menos de la cuota íntegra de su IRPF, conculcando el artículo 31 de la Constitución que señala que todos los españoles debemos contribuir a los gastos públicos basándonos en el principio de igualdad.
3.- Discriminación de las creencias distintas a las sustentadas por la jerarquía eclesiástica.Se potencia la idea de que la religión católica (interpretada desde la cúpula eclesiástica de la Iglesia oficial) es un bien social a proteger respecto a otras creencias religiosas, ateas o agnósticas, que no merecerían ese trato. Se conculca así el principio de no discriminación por razón de creencias regulado en el Artículo 14 de nuestra Constitución.
No parece justo que con el dinero de todos se pague a una Conferencia Episcopal y a obispos antiabortistas, homófobos, contrarios a los preservativos para prevenir el SIDA, especuladores urbanísticos o que se apropian de bienes comunes,…
Abogamos por que el Estado suprima esta casilla, ya que las creencias, religiosas o no, y las organizaciones a su servicio deben estar financiadas, exclusivamente y de forma voluntaria, por las personas que las sustentan.
NI CRUZ PARA FINES SOCIALES…
Solidaridad, no caridad
En relación con la casilla de “Fines de interés social”
Proponemos que no se marque, así como que se elimine del impreso del IRPF, por cuanto su existencia implica que:
1.-El origen de su existencia está basado en un engaño. La causa de su existencia no fue otra que servir de coartada a la introducción de la casilla de la Iglesia católica en el IRPF, ofreciéndola como señuelo alternativo y complementario a quienes estuviesen en disconformidad con ésta. De esta forma se creaba la opinión de que financiar necesidades sociales (de interés general, por tanto) a través de las ONG,s, era una alternativa, y complementaba, a la financiación del clero, sus actividades y sus ritos, que son de índole exclusivamente privada.
2.- Desprecia el deber público de atención a los fines de interés social. Los fines sociales que puedan cubrir las ONG,s son de tal importancia que deben ser definidos por el Parlamento y, en definitiva, formar parte de la política de Estado. Su atención debe ser labor prioritaria del Estado, conjugándolos y armonizándolos con otros fines sociales ya atendidos directamente por este. Por ello, la financiación de estos fines no puede depender:
a. De la voluntad del contribuyente, expresada a través de un aspa en una casilla, en lugar de ser el resultado del debate presupuestario, en función del interés general, y teniendo en cuenta las prioridades políticas emanadas de la voluntad popular. En todo caso, no estamos hablando de aportaciones individuales de los contribuyentes.
b. De la discrecionalidad o arbitrariedad de la distribución de lo recaudado, al sustraerse al debate y al control parlamentarios. Téngase en cuenta que estos fondos quedan al margen de los controles y procedimientos que garantizan la objetividad y equidad en su concesión.
3.- El Estado incumple su labor de garante de la libertad de conciencia.Casi la mitad de la asignación para fines sociales se entrega a cientosde organizaciones católicas, muchas de las cuales lo utilizan como vehículo de propaganda confesional, confundiendo además la caridad (propia de las iglesias), con la justicia social (deber del Estado). De ahí que la jerarquía católica anime a señalar ambas casillas. Esta situación atenta contra la libertad de conciencia de todas las personas que no sean católicas.
Ante esta situación, proponemos a toda la ciudadanía y fuerzas sociales implicadas en la defensa del laicismo, que:
A.- En relación con la declaración del IRPF, NO marque ninguna casilla, ni correspondiente a la asignación a la Iglesia católica ni la de Fines de interés social. Asimismo, debemos reclamar su supresión a los poderes públicos.
B.- Todas las organizaciones religiosas deben autofinanciarse con las aportaciones de sus fieles. Las actividades confesionales no pueden financiarse con fondos públicos.
C.- Debe exigirse al Estado que elabore una Memoria Anual con todas las cantidades satisfechas, exencionadas o desgravadas a la Iglesia católica y a sus organizaciones, procedente de los presupuestos de todas las administraciones territoriales del Estado.
Organizaciones que promueven esta Campaña
Europa Laica y sus grupos locales y territoriales.
Granada Laica y Andalucía Laica.
Asociación Laica Rivas-Vaciamadrid.
Aranjuez Laico / Cáceres Laica /
Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid
Se suman: Revolución Atea / Alicante Laica
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¿Cuánto nos cuesta la Iglesia y otras religiones?
LA IGLESIA CATÓLICA PERCIBE ANUALMENTE UNA SUMA QUE RONDA LOS 6.000 MILLONES DE EUROS, CIFRA ELEVADÍSIMA LIBRE DE IMPUESTOS
Hasta hoy la Iglesia Católica ha sido incapaz de cumplir el acuerdo suscrito en 1987 para financiarse sólo con la entrega del 0´5% de la cuota del IRPF de los contribuyentes que lo deseen, lo que nos ha costado a todos los españoles enormes cantidades de recursos.
Como resultado de los acuerdos de 1979 con la Santa Sede en 1980 el Estado Español, con el gobierno de Adolfo Suárez, entregó a la Iglesia una suma equivalente a 45 millones de euros. En 1990, con el gobierno de Felipe González, la cantidad entregada a la Iglesia ascendió a casi el doble: 86 millones de euros. En el año 2000, con el gobierno de Aznar, la cantidad entregada a la Iglesia Católica fue de 128 millones de euros. En 2006 fue de 144 millones de euros, y en 2007 de 150 millones de euros, por la reciente revisión al alza del porcentaje de IRPF entregado por este Gobierno (que se supone le tiene declarada la guerra a la Iglesia), que ha pasado a ser el 0´7%, aunque los obispos reclamaban el 0´8%. Estando previsto que en este ejercicio sean 175 millones
Según el Ministerio de Hacienda la Conferencia Episcopal y la Iglesia perciben mucho más: 150 millonesde euros de la dotación de IRPF; 3.800 millones de euros en subvenciones a colegios concertados; 550 millones para sueldos de profesor de religión; 90 millones a organizaciones sociales; 60 millones a hospitales e instituciones de beneficencia; 30 millones a capellanías castrenses en cárceles y cuarteles; 200 millones para el patrimonio inmobiliario y artístico; 60 millones para otras actuaciones en el ámbito urbano. A esto hay que añadir unos 900 millones de euros de ahorro por desembolsos fiscales no realizados. Eso por no hablar del valor incalculable de las innumerables cesiones de parcelas de terreno público que reciben, o de lo que nos cuesta a todos mantener un patrimonio cultural que, como propietarios, tienen el deber de mantener y no lo hacen, a pesar de estar más que demostrado que no es por falta de recursos, e incumpliendo los compromisos para que ese patrimonio, como la Curia de Granada, San Juan de los Reyes,… pueden tener usos públicos compatibles.
Es tan escandalosa esta situación, que hasta la Comisión Europea ha tenido que ordenar al Gobierno español para que elimine la exención del IVA de la que disfruta la Iglesia Católica.
Esto es desorbitado y, sin embargo, la Iglesia está haciendo circular un e-mail en el que defiende la peregrina idea de que esto no es nada comparado con el dinero que ahorra al estado. Dicho documento es falaz y engañoso, a propósito (Esto por cierto sería para ellos pecado, pero tratándose de dinero…): Cojamos lo que dicen, por ejemplo, de su valiosa aportación a la educación con 5.141 centros de enseñanza. Sin hacer una valoración de lo importante que es esta estrategia de adoctrinamiento precoz, para la propia Iglesia, deberían reconocer que sólo 2.300 son concertados. El resto, más de la mitad, son privados y sólo acceden a ellos las clases más privilegiadas de la sociedad, y lo mismo ocurre con los hospitales, residencias de ancianos, jóvenes, drogas, la mayoría son concertados y reciben subvenciones y otros son privados. Igualmente las organizaciones sociales católicas (Cáritas, Manos Unidas,..) reciben casi la mitad de todas las ayudas para fines sociales.
Cuando una cifra es tan elevada, normalmente pierde su verdadera dimensión.
1. La Iglesia Católica nos cuesta alrededor de medio punto de crecimiento económico anual.
2. Es una cifra igual a la que Naciones Unidas establece que sería necesaria para acabar con el SIDA en el mundo o la que dedica la UE a Investigación y Desarrollo anualmente.
FINANCIACIÓN DE OTRAS CONFESIONES RELIGIOSAS
El Gobierno socialista ha creado la Fundación Pluralismo y Convivencia (25 enero 2005) cuyo cometido en el “ayudar” a las confesiones religiosas minoritarias con una dotación presupuestaria directa del Estado ( 3 millones de euros en 2005). Financiación de un libro de texto para los musulmanes, editado por SM con cargo al MEC 42.000 € x 6 años que suman 252.000 €
Algunos obispos como el cardenal Amigo estiman que todas las confesiones religiosas deben recibir la ayuda. Algunos protestantes se muestran contrarios a estas ayudas, algunos musulmanes también.
Otros acusan de discriminación, como las comunidades protestantes (2.200 con 1.200.000 fieles) o los 40.000 judíos con sus 30 sinagogas. Otras opciones de pensamiento o convicciones no reciben nada.
Por eso apostamos porque cada cual costee su iglesia, sinagoga, mezquita, templo, ateneo, logia, grupo o asociación
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CAMPAÑA IRPF Declaración 2008
En el IRPF, ninguna cruz.
Solidaridad, no caridad
NI CRUZ A LA IGLESIA
NI CRUZ PARA FINES SOCIALES.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
1.- ¿Es cierto que los Acuerdos con la Santa Sede, de 1979, son la actual base de la financiación de la Ic en España?
En efecto. A pesar de que la Constitución Española declare en su artículo 16.3 la no confesionalidad del Estado, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos, fechado en 1979, pero negociado antes de entrar en vigor la Constitución, blinda en su artículo II la colaboración con la Iglesia para conseguir “su adecuado sostenimiento económico”, los impuestos a los que no va a estar sujeta, en su artículo III, y las exenciones fiscales a las que tiene derecho, en su artículo IV. De esta manera se consolidaba el trato de privilegio de que gozó durante el franquismo. Por ello, muchos juristas consideran, en la actualidad, que los citados Acuerdos, además de preconstitucionales, son inconstitucionales.
Debemos tener en cuenta que el Concordato de 1953, suscrito entre el Estado franquista y el Vaticano, aún no ha sido derogado, sino que la mayoría de sus artículos fueron sustituidos por otros en los Acuerdos de 1976 y 1979. En todo caso el sistema de financiación de la Ic sigue siendo el mismo que entonces: los Presupuestos Generales del Estado
2.- ¿No parece lógico que cada confesión religiosa debería autofinanciarse, de acuerdo con el principio de separación Iglesia-Estado?
Es obvio que las creencias son un asunto particular y, por tanto, deberían ser financiadas, exclusivamente, por las personas que las profesan, como cualesquiera otras entidades sin ánimo de lucro. Por el contrario, en la actualidad, la financiación privilegiada que establecen los Acuerdos de 1979 (uno de los cuales es el de Asuntos Económicos) conculca el principio de igualdad ante la ley (artículo 14 de nuestra Constitución), discriminando a los ciudadanos en función de sus creencias (sean éstas religiosas o no). No obstante, conviene recordar que, el único compromiso al que se obligaba la jerarquía católica en el Acuerdo de Asuntos Económicos, que era el “propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”, treinta años después, ningún gobierno ha sido capaz de hacerlo cumplir. Así pues, los Acuerdos de 1979 son falsamente bilaterales: sólo contienen beneficios para la Ic y obligaciones y costes para el Estado.
3.- ¿Los Acuerdos con la Santa Sede, de 1979, sólo tienen repercusión económica?
No, tienen muchas más implicaciones. Quizás la más grave es que pretende asimilar el servicio religioso a un servicio público, obviando el carácter delimitado y particular de las creencias religiosas. Ya estableció el Tribunal Constitucional, en 1993, que no cabía identificar las funciones religiosas con las estatales. Asimismo, los Acuerdos delimitan una especie de derecho eclesiástico que se superpone (e impone) al derecho común elaborado por nuestros representantes democráticos. De esta manera, cada ley elaborada libremente por nuestro Parlamento debe adecuarse a lo que establecen los Acuerdos, con la consiguiente subordinación de la soberanía popular a los privilegios de la Iglesia.
4.- ¿Es cierto que también se conceden ayudas económicas, aunque de mucha menor cuantía y para fines más limitados, para apoyar otras creencias religiosas, contraviniendo el principio de separación iglesias-Estado y discriminando claramente a las creencias de naturaleza no religiosa?
En efecto, en aplicación de los Acuerdos de 1979, algunas confesiones que están inscritas en el Registro de Entidades Religiosas y que han firmado acuerdos con el Estado, además de aquéllas sobre las que recaiga la declaración de “notorio arraigo” reciben, a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia (creada por el Gobierno y ubicada en el Ministerio de Justicia), ayudas sociales y culturales por valor de algo más de 4 millones de euros.
Extraña forma de promover el pluralismo, ésta de utilizar el dinero público para promover las creencias religiosas, haciendo hincapié en el refuerzo de la identidad religiosa en el seno de comunidades de ciudadanos. Con esta forma de “café para todos” (los creyentes religiosos), no sólo se sigue ignorando y discriminando a las personas que tienen otras convicciones, o que simplemente son indiferentes, sino que la Ic ve legitimada su posición de trato de privilegio ante la financiación estatal. Un Estado que se tenga por aconfesional y que no discrimine por razón de las creencias, no debe financiar actividades en función de convicciones religiosas. De lo contrario, está atentando contra los principios de igualdad y de pluralidad. Y difícilmente puede hablarse de pluralidad si no se sitúan todas las creencias (religiosas o no religiosas) en el mismo plano de derechos.
5.- Entonces Europa Laica no reivindica extender los privilegios económicos de las religiones, en general, y de la Ic en particular, a todas las entidades cuyas creencias no sean de naturaleza religiosa (laicistas, ateos, agnósticos u otras convicciones)?
En efecto. Creemos que el camino recorrido en los últimos treinta años, reconociendo privilegios económicos a otras religiones y aparentando aproximarse a los privilegios de la Ic, es un camino equivocado. Y ello porque atenta contra el laicismo, que no debe vincularse a ninguna creencia (o creencias) específica, y porque conculca el derecho humano básico a la libertad de conciencia, dado que la religiosidad no es un atributo universal del individuo, al contrario de lo que sucede con la libertad de conciencia individual. Desde esta perspectiva, Europa Laica sostiene que las instituciones religiosas no requieren un tratamiento económico, jurídico o político especial.
6.- ¿Es cierto que quien marca la X en la asignación a la Iglesia católica en el IRPF no está aportando ni un euro de su bolsillo a la Iglesia?
Efectivamente. La liquidación del Impuesto señala la obligación de los ciudadanos (también los católicos) en el sostenimiento de los gastos del Estado (escuelas, hospitales, carreteras…). Quienes marcan la X no sólo no aportan ninguna cantidad adicional a la Ic, sino que gozan del privilegio de decidir a qué dedicar el 0.7% de sus ingresos, privilegio del que no gozan los demás. De manera que “aportan”, generosamente, con dinero que no es suyo, sino del Estado, y por tanto, de todos los españoles, sean sus creencias religiosas o de cualquier otra naturaleza. El efecto final es que contribuyen a los gastos generales, de todos, sólo en un 99,3% (un 98,6% en caso de poner también la X en los fines de interés social, cuya mayor parte va destinada a instituciones católicas). En definitiva, las personas que ponen la X, están pagando menos impuestos y, sin embargo, los ritos y actividades de los católicos los estamos pagando todos los españoles, sean nuestras creencias religiosas o de cualquier otra naturaleza.
7.- ¿Por qué es injusta e insolidaria esta situación?
Porque las personas que marcan la X, no contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica, como establece el artículo 31 de la Constitución. La actitud de estas personas es insolidaria e injusta, pues se dedica a financiar actividades de interés particular (religiosas) en detrimento de las necesidades de interés general (sanidad, educación, dotaciones sociales…). Y el comportamiento del Gobierno que lo permite, un atentado a la laicidad del Estado y una violación de la conciencia de los ciudadanos con otras creencias (sean o no religiosas) distintas a las católicas.
8.- ¿Es cierto, por tanto, que con el acuerdo Gobierno-Ic, de diciembre de 2006, se avanza en la autofinanciación de la Iglesia católica?
Es completamente falso. En primer lugar el acuerdo de 2006 sólo ha visto la luz como un simple “intercambio de notas” entre la Nunciatura Apostólica en España y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Extraña, y vergonzante, forma de publicitar una cesión de este calibre, hurtando la discusión y decisión al Parlamento.
En realidad, es un paso más en el sentido marcado por los preconstitucionales Acuerdos con la Santa Sede, de 1979, de consolidar la financiación estatal, y por tanto pública, de la Iglesia católica en España. El IRPF correspondiente a la renta sometida a gravamen (renta de 2007, declaración en 2008) lo han ido pagando los contribuyentes, vía deducciones en nómina, (también los católicos, claro) a lo largo de 2007. Por lo tanto ya han engrosado las arcas del Estado en dicho año. Cuando se acaba la campaña de Renta 2007 (declaración de 2008), el Estado simplemente cuenta las declaraciones con el aspa correspondiente, multiplica las cuotas íntegras por 0.7 y saca su dinero del Presupuesto de Ingresos del Estado. Por tanto, aunque se pretenda encubrir, estamos ante cantidades detraídas de los Presupuestos del Estado ¿De dónde podría salir el dinero, si no?
9.- A qué se dedican los 241 millones de euros detraídos de los Presupuestos del Estado, por razón de la X en la declaración del IRPF correspondiente a 2007?
Este montante se dedica exclusivamente al pago de salarios del clero y obispos, su seguridad social, pensiones de jubilación, seminarios mayores y menores, culto, universidades, congresos, asambleas, reuniones y manifestaciones y gastos de la Conferencia Episcopal. No obstante, esta cantidad no es ni la vigésima parte de lo que la Ic recibe por otros múltiples conceptos, merced a los Acuerdos con la Santa Sede.
10.- ¿Qué otros beneficios económicos recibe la Iglesia católica del Estado, en sus tres niveles, central, autonómico y local?
En virtud de los Acuerdos de 1979, gozan de exención total y permanente “la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas”, respecto de los impuestos de bienes inmuebles (la Ic posee una cantidad de bienes inmuebles superior al propio Estado), IVA, IRPF, Patrimonio y demás figuras impositivas. A ello debemos agregar el pago de los miles de adoctrinadores en la escuela pública y concertada,, la financiación de la enseñanza concertada religiosa, las cesiones de terrenos, el mantenimiento del patrimonio eclesiástico, el gasto de los capellanes en el ejército, hospitales y prisiones…Dado que no encontrará ninguna información sobre esta generosa financiación en la web de la Conferencia Episcopal, una estimación realista situaría este montante en 6.000 millones de euros (un billón de pesetas).
11.- ¿Es cierto que el acuerdo Gobierno-Iglesia católica, de diciembre de 2006, ha supuesto un “cambio importante en el modelo de financiación” de la Ic por el Estado, como declaró en su momento el gobierno del PSOE?
Como ya hemos visto en la pregunta nº 8, no sólo no se avanza en la autofinanciación de la Ic, sino que se consolida la falacia de que la Iglesia ya no se financia de los Presupuestos del Estado. Por otro lado, se releva a la jerarquía católica del compromiso de autofinanciación, que figuraba en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 1979, con la peregrina justificación de que sólo era “una obligación moral”. Tremendo paso atrás.
Asimismo, por la Ley de Presupuestos para 1988, el Gobierno se comprometía a exigir a la Iglesia las diferencias entre las cantidades que le adelantaba mensualmente y las que le correspondiera ingresar, efectivamente, por el número de X en la casilla del IRPF de cada ejercicio. Desde 1988 la deuda a favor del Estado fue en aumento, y el escándalo también. De esta forma, la Iglesia católica se ha embolsado, desde 1992, cerca de 430 millones de euros (71.000 millones de pesetas) de todos los españoles, que no han sido reintegrados a la Hacienda Pública y que con este acuerdo de 2006, quedan “perdonados”.
12.- Parece, sin embargo, que la Ic se ha comprometido a presentar una memoria económica anual sobre la distribución del gasto correspondiente a las X del IRPF. Eso parecería un paso adelante en materia de transparencia en el uso de los caudales públicos…
Este aspecto no es nada nuevo. Ya se sabe que se dedica a remunerar a los obispos y a todo el personal eclesiástico, así como a pagar su seguridad social y sus pensiones, a sus seminarios, congresos, reuniones, alguna universidad, y gastos de las diócesis, principalmente.
La cuestión es que sigue sin exigírsele a la Iglesia católica algo parecido a un balance integrado, con cuenta de resultados, de todas las actividades desarrolladas en el Estado Español, tanto a nivel estatal, como autonómico y municipal, incluyendo la cuantificación económica de las cuantiosas sumas de los impuestos a que no está sujeta y a las bonificaciones y exenciones fiscales. Si añadimos la financiación de todas las actividades referidas en el punto nº 10, estaríamos hablando de una transferencia de recursos no inferior a 6.000 millones de euros (un billón de pesetas), a una entidad cuyos fines son particulares, no públicos, y en un supuesto Estado aconfesional.
13.- En cualquier caso, parece que la casilla de Fines de interés social deberíamos marcarla, dado que la cantidad que resulta se dedica a obras sociales, benéficas y medioambientales.
Nosotros también creemos que es un error marcar esta casilla. En primer lugar, porque adolece de los mismos defectos que la casilla de la Iglesia católica: quien marca esta casilla contribuye a los gastos del Estado en menor medida (un 0,7% menos); además privatiza una elección que debe ser pública, haciendo uso del privilegio de decidir a qué quiere destinar una parte de sus impuestos, algo que no pueden decidir las personas que no marcan la casilla, discriminando a las personas en función de sus creencias. De esta manera se conculcan los artículos 14 y 31 de nuestra Constitución.
Europa Laica piensa que la política de financiación de estos fines debe ser definida por el Parlamento y, por tanto, debe formar parte de la política del Estado. Así pues, debe canalizarse a través de los correspondientes debates presupuestarios, en función del interés general y siempre teniendo en cuenta las prioridades políticas emanadas de la voluntad popular.
14.- Pero, a pesar de todo, si se dedica a estos buenos fines antes aludidos, ¿no estaría justificado poner la X en la casilla de Fines de interés social?
No dudamos que puedan existir ONG,s de inspiración católica que realicen una excelente labor social sin propaganda confesional. En todo caso, estas cantidades, al quedar al margen de la discusión presupuestaria, quedan al margen, también, de los procedimientos de control que garanticen que se asignen con objetividad y equidad. El Estado, en este caso, puede distribuir las subvenciones con la discrecionalidad que le parezca y, por tanto, asignarlas con criterios sectarios. Así, los gobiernos, sean del PSOE o del PP, pueden utilizar a las diferentes ONG´s con fines partidistas. Debe tenerse en cuenta que cerca del 80% de lo recaudado por este motivo corresponde, también, a organizaciones vinculadas a la Iglesia católica. En definitiva, en Europa Laica creemos que un Estado democrático moderno no debe dejar los servicios sociales y benéficos al albur de las acciones caritativas (organizaciones religiosas), sino que deben ser contemplados como lo que son, derechos sociales básicos y, por tanto, deben ser implementados por el Estado.
15.- Entonces, ¿Europa Laica no se opone a esta manera de subvencionar estas actividades sólo por motivos económicos?
En efecto. En muchas ocasiones el interés de las organizaciones religiosas se centra fundamentalmente en el control ideológico y moral que ejercen sobre muchos millones de personas. Y las personas que trabajamos por el laicismo haríamos mal minusvalorando el efecto que ejerce las enormes sumas de dinero público que se canalizan anualmente, desde los gobiernos centrales, autonómicos o locales hacia las escuelas y universidades católicas, y sus hospitales e instituciones sociales y benéficas, que proveen de servicios sociales confesionales (por ejemplo, asistencia a embarazadas para forzarlas a dar a luz; “educación sexual” basada en la abstinencia y en contra de los anticonceptivos; campañas en contra de los cuidados paliativos o de una muerte digna; políticas activas contra el matrimonio homosexual; etc.). Así pues, deberá exigírsele al Gobierno que no se derive ni un solo euro de financiación pública para ONG,s o asociaciones cuya actividad sea torpedear leyes aprobadas por el Parlamento: aborto, igualdad de género, políticas preventivas de embarazos, matrimonio homosexual… Es un terrible contrasentido torpedear leyes públicas, y por tanto de interés general, con dinero público, obedeciendo a los intereses confesionales privados de la jerarquía católica.
16.- Bueno, pero tanto el Gobierno como la Iglesia sostienen que en el acuerdo de 2006, ésta última ha renunciado a la exención del IVA
Es sencillamente falso. La exención del IVA, privilegio de que ha gozado la Ic desde los Acuerdos de 1979, era ilegal desde la misma entrada de España en la Comunidad Europea, en 1986. La violación reiterada de la Directiva europea sobre armonización fiscal en esta materia ha obligado al Gobierno, tras múltiples avisos y amenazas, a eliminar este privilegio eclesial y acomodarse a la normativa europea. Ha tenido que ser la Comunidad Europea la que nos ayudara a acabar con este privilegio eclesiástico. No obstante, la Ic se ha encargado de que tal circunstancia no supusiera una minoración en sus ingresos, subiendo el porcentaje a recibir por las X de cada declaración de IRPF un 34%, esto es, del 0,52% al 0,7%.Y este aspecto no ha permanecido oculto. El propio acuerdo de 2006 reconoce explícitamente que la subida hasta el 0,7 se ha propuesto como “compensación por la pérdida de la exención del IVA a favor de la Iglesia católica, que es exigida por el Derecho comunitario”. Como posteriormente han demostrado los hechos, el negocio ha sido redondo para la Ic y ruinoso para el erario público.
17.- ¿Es cierto que un alto funcionario público, el embajador de España (y por tanto, de todos los españoles) ante la Santa Sede, hizo campaña el año pasado a favor de la financiación pública de la Iglesia?
En efecto. El socialista Francisco Vázquez, durante el pregón del Día de la Caridad, en un pregón que pronunció a invitación de Cáritas Diocesanas, dijo que ”Es muy importante que los ciudadanos tengan conciencia de la gran importancia que tiene, para católicos y no católicos, poner la X en la casilla de la aportación social a favor de la Iglesia”. Y lo arregló, afirmando que hablaba como “político católico”. Y nadie en el Gobierno del PSOE lo desautorizó. Si alguien creía todavía en la supuesta aconfesionalidad del Estado o en el principio de igualdad y no discriminación en función de las creencias, tiene una medida exacta de en qué punto estamos, 30 años después de promulgarse nuestra Constitución. Después de estas soflamas ¿dónde queda la separación Iglesia-Estado?
Solidaridad, no caridad
