Autoridades judiciales salteñas tomaron cartas en el asunto e investigan la presunta privación de la libertad de una monja en el Convento San Bernardo. Denuncian que desde el claustro religioso impidieron el contacto de la mujer con su familia.
El Convento de San Bernardo, ubicado en la provincia de Salta, se encuentra en el ojo de la tormenta por una denuncia de privación ilegítima de la libertad de una mujer que integra las monjas de clausura de la orden religiosa Carmelitas Descalzas.
La causa la lleva adelante el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, quien investiga la preseunta privación ilegítima de la libertad. La jueza jueza Ada Zunino ordenó que se allane el Convento de San Bernardo para rescatar a la religiosa denunciante.
Denuncia por privación de la libertad en un convento en Salta
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la mujer (oriunda de Mendoza) manifestó la decisión de abandonar el convento a sus familiares, y agregó que esto le era denegado por parte de las autoridades del claustro.
La investigación comenzó a tomar formar por la denuncia de la hermana de una monja, que ya había pedido retirarse del Convento pero aseguró que estaba siendo retenida contra su voluntad.
A inicios de este mes y en un primer acercamiento, las autoridades religiosas habían manifestado que debían contar con una autorización proveniente del Vaticano, sin embargo, cuando esta documentación estuvo disponible, le negaron a la mujer la posibilidad de retirarse.
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que no se llegó a un acuerdo para llevar adelante la salida de la mujer, por falta de acuerdo y ante la negativa del establecimiento religioso, a pesar de las condiciones legales favorables.
La situación se tensó aún más cuando desde el mismo Convento San Bernardo denegaron la posibilidad a los familiares de tener contacto con la mujer. Allí fue cuando el fiscal Ramos Ossorio dio la directiva a la Policía para que se entrevistaran con las autoridades del Convento, pero tampoco los efectivos fueron recibidos.
Esto determinó que el este miércoles el fiscal enviara a personal del juzgado a cargo, que también fueron rechazados en su intento de ingresar al Convento para notificar a las autoridades del lugar.
El fiscal solicitó entonces al Juzgado de Garantías de turno que ordene allanar el Convento. La jueza Zunino autorizó el procedimiento y con esta decisión personal de las fuerzas de seguridad pudieron acceder al sitio.
Así fue como los empleados judiciales lograron entrevistar a la mujer, quien ratificó su voluntad de salir del ligar.
Según informó el diario La Nación, la mujer manifestó “Me quiero ir de acá”, ante la comisión que conversó con ella. Este medio indicó que el texto de la denuncia hace referencia a diferentes tipos de “irregularidades” en el trato y que la monja que dejó el lugar llevaba 31 años de clausura, transitó un cáncer y venía pidiendo tener un contacto más fluido con su familia, así como más facilidades de atención médica, por eso quería dejar el claustro.
El fiscal explicó que las actuaciones continúan su trámite y que dispuso el cumplimiento de numerosas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho denunciado.
Con esta causa judicial ya hay varias que involucran al Convento San Bernardo. Este año las monjas denunciaron por violencia de género al arzobispo Mario Cargnello, al obispo emérito Martín De Elizalde, al cura Lucio Ajalla, y al juez único del Tribunal Eclesiástico de la arquidiócesis Loyola Pinto y de San Cristóval.
Además, hay otra investigación en curso de la Fiscalía de Delitos Económicos a los administradores del Convento, Carlos Obeid y Marcelo Mentesana.
