“La eutanasia es una posibilidad, no una obligación”. La sentencia de Jacob Kohnstamm, presidente de la Comisión Regional de Revisión de la Eutanasia de Países Bajos, lo resume todo: que estén tranquilos aquellos que se tiran de los pelos vaticinando que los españoles vamos a hacer cola para pedir una inyección que acabe con nuestra vida, porque lo que demuestran las cifras de los países donde la muerte digna ya es legal es que no es así.
La eutanasia es un derecho y como tal se ejerce, no es un capricho. O en palabras de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (ADM), “nadie pide morir por un dolor tratable, sino cuando considera que ya no quiere la vida que tiene, ni la que le espera”. Así de sencillo.
Los neerlandeses, los belgas, los luxemburgueses, los colombianos y los canadienses que se benefician ya de las leyes de sus respectivos países dan fe de ello. Las estadísticas confirman que las muertes por eutanasia y suicidio asistido rondan el 2% del total en estas naciones (un 4%, excepcional, en Países Bajos), se aplican a personas de avanzada edad (de 80 años en adelante en más del 80% de los casos), con patologías muy graves (cáncer y enfermedades degenerativas como la ELA o el párkinson, sumadas, superan el 90% del total) y repartidos prácticamente por igual entre hombres y mujeres.
Ningún sistema de salud da el permiso sólo con pedirlo: se rechazan entre el 20 y el 65% de las peticiones (el primer dato es de Canadá y el segundo, de Colombia). Lo dicen los datos oficiales de los Ministerios de Salud de estos cinco países, consultados por El HuffPost.
En Países Bajos, el pionero, la ley lleva en vigor desde 2002. Sus datos son los más altos del mundo, porque en realidad ya se venía practicando la eutanasia y el suicidio asistido sin marco legal, desde 1993. Había más conocimiento y predisposición, más convencimiento del derecho. Ha evolucionado desde lo 1.882 casos del primer año de la norma a los 6.092 del pasado 2019, según datos oficiales. La población del país es de 17,28 millones de habitantes.
En Bélgica, cuya ley se aprobó meses después de la de su vecino neerlandés, el primer año completo de aplicación de a ley (2003) se contabilizaron 259 casos, mientras que en 2018 -último año oficial con estadísticas completas- se llegó a los 2.357, lo que supone un 2,1% del total de muertes nacionales, sobre un total de 11,46 millones de belgas. Es el país donde más personas con cáncer piden ejercer este derecho, un 89% de los solicitantes.
En Luxemburgo (614.000 habitantes), la ley se aprobó en 2009 y en ese año se contabilizó un caso. Desde entonces, se ha tenido noticia de una docena de muertes por eutanasia, en 11 años. Se reparten al 60-40% los casos de cáncer y de enfermedades degenerativas.
En Canadá, el estado con legislación más reciente, aplicada desde 2016, rondan el 2% las muertes por eutanasia aplicada, con un incremento importante de un año a otro. Se dieron de los 3.000 casos largos en el primer año y medio de aplicación se pasó a los 4.467 de 2018 y a los 5.631 del pasado 2019 (un 26% más en el último año). La población total del país es de 37,59 millones de ciudadanos. Dos tercios de estas personas eran enfermas de cáncer. Es “residual” el dato de personas menores de 65 años que solicita este derecho y en el 20% de los casos la petición no se concede. Según el análisis de la ADM, hablamos de un derecho “muy reciente” que debe aún “asentarse”.
En el caso de Colombia, uno de los países más avanzados en derechos sociales en toda América Latina, no existe una ley de eutanasia como tal que ampare a los enfermos, pero sí una serie de sentencias de la Corte Constitucional que la hacen legal. Los datos del Ministerio de Salud y Protección Social sostienen que se dieron cuatro casos en 2015, siete en 2016, 16 en 2017, 23 en 2018 y 35 en 2019.
¿Avalancha, pues? No hay noticia de ella en el mundo. ¿Regodeo en la muerte? Tampoco. No va a morir más gente, pero los que lo tengan que hacer lo harán con más libertad y más dignidad. Fin de la polémica.