"He votado en el Congreso de los Diputados a favor del matrimonio gay; no soy creyente, soy atea, no comulgo con nada de lo que defienden", decía. También añadió dos observaciones sobre su vida sexual: "Uso preservativos y demás anticonceptivos. Tengo relaciones sexuales extramatrimoniales".
Hace 10 meses que espera respuesta. Desconoce si la Iglesia ha borrado sus datos.
Lo que sí sabe seguro la diputada Navarro es que en los primeros días de junio, la Comisión de Justicia del Congreso debatirá la proposición no de ley que ella presentó en marzo. En el texto se insta al Gobierno a estudiar las reformas legales necesarias y acordar con las confesiones que se cause baja de las religiones de forma rápida y con garantías. También se pide que se haga "la inscripción expresa en sus asientos de la baja y la supresión de los datos personales que obren en sus registros".
Católicos se declaran ocho de cada 10 españoles, un 77% de la población, según el barómetro de enero de 2006 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), mientras que bautizados están prácticamente todos (un 94%), según datos de la Conferencia Episcopal.
La mayoría de los consultados en este reportaje, ciudadanos que han querido abandonar la Iglesia, cuentan una historia similar a la de Isaura: han acudido al arzobispado, han presentado un papel en el que piden causar baja, les han entregado un resguardo o se han llevado una fotocopia de su solicitud. O no han recibido contestación, o les dicen que sus datos no pueden ser borrados.
A Carmen, una periodista de 28 años que vive en Madrid, le llegó devuelta, sin abrir, la carta de renuncia dirigida al arzobispado de Málaga. "No lo he intentado de nuevo", dice, "sí que deseo apostatar, pero no quiero irme a Málaga, perder mi tiempo. Ellos no ayudan de ninguna manera".
Mientras la Conferencia Episcopal proporciona el número de católicos, asegura desconocer el de apóstatas, "eso depende de cada diócesis", alega una portavoz de la Conferencia Episcopal. Desde el arzobispado de Sevilla, por ejemplo, indican que cuando alguien reniega formalmente de su fe, se hace una anotación marginal en su partida de bautismo. "Pero no se puede destruir el documento", aseguran, "porque en la misma hoja del libro constan otros cristianados".
"Yo apostaté como ciudadana, no como política", dice la diputada Navarro. "Estamos afiliados a una organización que obtiene más dinero y privilegios por contarnos entre ellos". La Iglesia niega este extremo: "Los datos sobre el número de bautizados, comuniones, confirmaciones o bodas que se producen cada año se utilizan con fines estadísticos", responde una portavoz de la Conferencia Episcopal, "en ningún caso la financiación de la Iglesia depende del número de bautizados". Para sostener las 20.000 parroquias que hay en España y los 20.000 sacerdotes (datos de 2003) los contribuyentes entregaron 128 millones de euros poniendo una cruz en la casilla correspondiente, para ceder el 0,52% en su última declaración de la Renta. El Estado puso 12 millones más.
Ángel Rubio ha llegado más lejos en su empeño de renegar. Es músico, tiene 50 años y después de estudiar psicología, se especializó en sectas. Considera que la Iglesia Católica es una secta más. Recuerda haber pasado muchas noches en blanco, cuando era niño, obsesionado por el infierno, el mal, el castigo que llegaría en cualquier momento. "A los 40 años seguía quitándome de encima pequeños miedos psicológicos", dice, "que arrastraba de la crueldad de la educación católica". Hace dos años, se propuso renunciar sin entrar en sus creencias, sino pidiendo que desaparecieran sus datos.
La primera vez que fue al arzobispado de Madrid le atendió un conserje. Apenas le dio información. La segunda acudió con dos militantes del colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de Madrid (Cogam). Rellenó un formulario y se marchó con la fotocopia. Contestaron seis meses más tarde: "Alegaban que no podían hacer desaparecer un hecho histórico como es el bautismo. No lo entiendo. De joven me detuvieron por manifestarme y esos antecedentes han sido borrados".
Cogam ya tenía una campaña en marcha en 2004. "Presentamos 1.500 escritos en Madrid", dice Fernando García Pallás. "Los aceptaron, pero nos dieron la callada por respuesta".
Al año siguiente, al colectivo se sumaron, para recoger formularios de cancelación de datos, Izquierda Republicana, Europa Laica, la Asamblea Feminista de Madrid y la agrupación ciudadana 13M.
Días después de la manifestación contra el matrimonio gay, en la que salieron los obispos a la calle, presentaron 1.800 escritos. Juan Gamba, de 29 años, de 13M, estuvo allí. Su solicitud, como el de los otros 1.799, no entraba en las creencias, sino en los datos: "Revoco mi consentimiento para que este arzobispado (…) posea, conserve y use o trate cualquier dato referido a mi persona, y en particular los que puedan figurar en los libros de bautismo". El arzobispado no recogió los documentos. "Dijeron que tenía que ir uno por uno a hacerlo, y en la parroquia en la que habías sido bautizado. Y sé de gente que ha ido a la parroquia y les han mandado al arzobispado", recuerda Juan.
Poco después de aquel intento colectivo, Ángel, con el apoyo jurídico del Cogam y de Izquierda Republicana, presentó una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos, por no tutelar sus derechos. "El arzobispado alegó que, según el Concordato de 1979, los archivos de la Iglesia son inviolables", relata Gerardo Vizmanos, el abogado. "¿Cómo va a estar un Concordato por encima de mis derechos constitucionales y de una ley orgánica que protege mis datos?", se pregunta Ángel.
La Agencia contestó, finalmente, que hay derecho de cancelación de datos, pero como anotación marginal en el documento de bautismo. "O sea, que no sólo sigue constando que eres católico, sino que encima se anota que eres un renegado", protesta Vizmanos, que ha presentado un recurso contra el organismo ante la Audiencia Nacional: un expediente de 26 páginas en el que argumenta que los registros de bautismo son ficheros, no expedientes de hechos históricos, y que, pese a la inviolabilidad de los archivos eclesiásticos, el ciudadano puede cancelar los datos.
También pide una multa para el arzobispado de Madrid de al menos 60.000 euros. El tribunal resolverá.
Sobre católicos y respuestas oficiales
Cada día, la Iglesia Católica tiene 800 nuevos feligreses. Es el dato que se desprende de los 315.513 bautizos que la Conferencia Episcopal Española registró en 2004. Bautizados estamos casi todos en España. Concretamente, 39.470.000, según el registro de ese año. Es decir, el 94% de la población que se tomó como referencia (casi 42 millones de personas).
Otra cosa es la gente que se declara católica. Según el barómetro de enero de 2006 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sólo ocho de cada diez preguntados (77%) se considera católico, mientras que se confiesa no creyente el 13% y ateo, el 6%. Hace ocho años, en otra encuesta de 1998, había más personas que se definían como católicas (83,5%). De los que se denominan católicos, la mitad (46%) dice que, aparte de bodas, bautizos y comuniones, no va casi nunca a la iglesia. Si hubiese que seleccionar un prototipo de creyente con arreglo al estudio, sería una mujer mayor de 65 años, que se ha jubilado o trabaja en el campo. Vive en un pueblo de menos de 2.000 habitantes, no ha estudiado y se declara de derechas.
La diputada de IU Isaura Navarro, que presentó en marzo una proposición no de ley para que se facilite la apostasía, hizo, paralelamente, tres preguntas al Gobierno sobre la Iglesia. Una de ellas, sobre si el Ejecutivo va a exigir a la Iglesia el cumplimiento de la ley de Protección de Datos. En la respuesta, el Gobierno dice que se exige a todos el cumplimiento de esa ley, y por tanto, el derecho de los ciudadanos a solicitar cambios o anotaciones en los registros. "Pero ello ha de conjugarse con la autonomía organizativa de las confesiones y la inviolabilidad de los archivos eclesiásticos", dice. ¿Apoyará el PSOE la proposición de IU? La diputada Navarro tiene muchas dudas.
