La oenegé denuncia que la legislación actual irlandesa pone en riesgo la vida de las mujeres embarazadas
Amnistía Internacional (AI) ha pedido este martes al Gobierno de Irlanda que reforme la ley del aborto porque considera que la normativa vigente «viola a diario» los derechos humanos de las mujeres embarazadas en este país. La petición se ha realizado durante la presentación de un informe titulado ‘Ella no es una delincuente: El impacto de la ley del aborto en Irlanda’, en el que AI recuerda que al menos 4.000 embarazadas aún se ven obligadas a viajar cada año al extranjero para someterse a un aborto.
El Ejecutivo de Dublín, de coalición entre conservadores y laboristas, promulgó en diciembre del 2013 la primera ley sobre el aborto de la historia de la República de Irlanda, una legislación que permite la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro. Sin embargo, según ha insistido AI, esta ley continúa siendo una de las más restrictivas de Europa y prohíbe, por ejemplo, el aborto en casos de violaciones, incestos y malformación del feto.
«A las mujeres y chicas que necesitan un aborto se las trata como delincuentes, se las estigmatiza y se las obliga a viajar al extranjero, lo cual tiene graves consecuencias para su salud mental», ha asegurado Salil Shetty, secretario general de Amnistía. Shetty ha recalcado que el «Estado irlandés no puede ignorar más esta realidad», y ha reclamado al Ejecutivo que modifique la legislación para que se puedan interrumpir embarazos en casos de violaciones o de malformaciones del feto, supuestos, ha dicho, que están además protegidos por el derecho internacional.
El dirigente de Amnistía ha subrayado que las mujeres que no pueden viajar al extranjero para someterse a un aborto corren el riesgo de ser procesadas penalmente si recurren a prácticas ilegales en este país, que pueden ser castigadas con hasta 14 años de cárcel.
TESTIMONIOS DE MUJERES Y MÉDICOS
El informe de AI presenta numerosos testimonios de mujeres que para evitar correr riesgos en su salud han tenido que salir de Irlanda para que se les pueda practicar un aborto seguro. Es el caso de Lupe, nombre ficticio de una española que después de llevar un feto sin latido durante 14 semanas, tuvo que viajar a España para ser intervenida. «No me sentía segura en absoluto. […] Me sentía realmente asustada porque tenía claro que, si surgía alguna complicación, esa gente me dejaría morir».
Otra mujer, Róisín, se vio obligada a llevar un feto muerto durante semanas porque los médicos querían estar absolutamente seguros de que el corazón del feto no latía. «No me inclinaría a confiar en los servicios para mujeres de este país en este momento», declaró a Amnistía.
Pero la atención preferente al feto implica que no sea solo a las mujeres que intentan someterse a un aborto a las que se niega la atención de la salud. Profesionales de la salud negaron a Rebecca H., que estaba gravemente enferma, una cesárea por miedo a que perjudicara al feto. En cambio, la obligaron a soportar 36 horas de parto diciendo que su trabajo era “velar por el bebé, el bebé es lo primero”, explicó la propia Rebecca a AI. “Temería por mi vida en caso de tener otro hijo en Irlanda”, añadió.
El doctor Peter Boylan, tocólogo, ginecólogo y exdirector y director clínico del National Maternity Hospital de Irlanda, expuso a Amnistía Internacional la situación de «cuerda floja legal y ética» por la que se ve obligado a caminar el personal médico: “En virtud de la [ley actual] debemos esperar hasta que las mujeres están lo bastante enfermas para poder intervenir. ¿Hasta qué punto hemos de acercarnos a la muerte? No hay respuesta para eso”, argumentó.
UNA DE LAS LEYES MÁS RESTRICTIVAS
Irlanda es el único país de Europa –aparte de Andorra, Malta y San Marino— que prohíbe que las mujeres se sometan a un aborto incluso en caso de violación, malformación grave o fatal del feto o riesgo para su propia salud, algo considerado como derecho humano en virtud del derecho internacional.
La legislación irlandesa incluso tipifica como delito que médicos y orientadores den a las mujeres información completa sobre qué tratamiento necesitan y cómo acceder a un aborto sin riesgos. En estos casos, la multa potencial al personal médico puede llegar a los 4.000 euros.
Shetty ha hecho referencia a la victoria del ‘sí’ a la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo en el referéndum celebrado en Irlanda el pasado mes, lo que demostró, según él, que esta es una sociedad «abierta y tolerante». «Sin embargo, no parece que sea así completamente. Los derechos de las mujeres y chicas son violados a diario porque la Constitución las trata como meros vehículos de procreación», ha agregado.
