El derecho a la protesta está sometido a una amenaza creciente y sin precedentes en todas las regiones del mundo; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional con motivo del lanzamiento de su campaña global contra las medidas cada vez más amplias y enérgicas que adoptan los Estados para erosionar este derecho humano fundamental.
De Rusia a Sri Lanka, de Francia a Senegal y de Irán a Nicaragua, las autoridades de los Estados están adoptando cada vez más medidas de todo tipo para reprimir la disidencia organizada. Manifestantes en todo el planeta se enfrentan a una potente combinación de reacciones adversas: cada vez más leyes y otras medidas para restringir el derecho a la protesta; uso indebido de la fuerza; expansión de la vigilancia ilegal, tanto masiva como selectiva; apagones y censura de Internet, y abusos y estigmatización. Mientras, se están levantando aún más barreras para los grupos marginados y discriminados.
La campaña “Protejamos la Protesta” de Amnistía Internacional desafiará los ataques a la protesta pacífica, defenderá a quienes los sufren y apoyará las causas de los movimientos sociales que presionan en favor de un cambio en materia de derechos humanos.
“En los últimos años han tenido lugar algunas de las mayores movilizaciones de protesta que hemos visto en varias décadas. Los movimientos Black Lives Matter, MeToo y contra el cambio climático han llevado a millones de personas en todo el mundo a salir a la calle y actuar en Internet para exigir justicia racial y climática, equidad y medios de vida, y el fin de la violencia y la discriminación basadas en el género. En otros lugares, miles de personas han alzado la voz contra la violencia y los homicidios de la policía y la opresión y represión del Estado”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Casi sin excepción, esta ola de protestas multitudinarias se ha encontrado con respuestas obstructivas, represivas y frecuentemente violentas de las autoridades estatales”
Agnès Callamard, Amnistía Internacional
“En lugar de facilitar el derecho a la protesta, los gobiernos están yendo cada vez más lejos para reprimirlo. Por eso, como la mayor organización de derechos humanos del mundo que somos, hemos elegido este momento para lanzar esta campaña. Es hora de alzar la voz para recordar a quienes ejercen el poder que tenemos el derecho inalienable a protestar, expresar quejas y exigir cambios libre, colectiva y públicamente”.
Legislación restrictiva, prohibiciones generales y poderes excepcionales
No son pocos los problemas —entre ellos la crisis ambiental, la desigualdad creciente, las amenazas para los medios de vida, el racismo sistémico y la violencia de género— que hacen que la acción colectiva sea más necesaria que nunca. Los gobiernos han reaccionado aprobando legislación que impone restricciones ilegítimas sobre el derecho a la protesta. Por ejemplo, hemos visto prohibiciones generales de las protestas en Grecia y Chipre durante la pandemia de COVID-19. En Reino Unido se ha aprobado una ley con disposiciones que otorgan amplios poderes a los agentes de policía, incluida la capacidad de prohibir “protestas ruidosas”, mientras que en Senegal están prohibidas las manifestaciones políticas en el centro de Dakar desde 2011 para evitar las protestas cerca de edificios gubernamentales.
Toda clase de gobiernos están incrementando también el uso de los poderes excepcionales como excusa para reprimir la disidencia. Así se vio en los peores momentos de la pandemia de COVID-19 en algunos países, como Tailandia, mientras que en República Democrática del Congo, en virtud de un “estado de sitio” impuesto por el gobierno, los agentes de la policía y el ejército tienen amplios poderes para restringir las protestas en las provincias de Ituri y Kivu Septentrional desde mayo de 2021.
Demonización de la gente que se manifiesta
Gobiernos de todo el mundo justifican las restricciones afirmando que la protesta constituye una amenaza para el orden público y estigmatizando a los manifestantes al calificarlos de “problemáticos”, “alborotadores” e incluso “terroristas”. Definiendo de este modo a las personas que se manifiestan, las autoridades justifican sus medidas de tolerancia cero: introducción y uso indebido de leyes de seguridad ambiguas y draconianas, actuación policial de mano dura y medidas disuasorias con carácter preventivo.
Este enfoque se observó en Hong Kong, donde la Ley de Seguridad Nacional y su amplia definición de “seguridad nacional” se ha utilizado arbitrariamente para restringir las protestas, entre otras cosas.
Y en India, la Ley de Prevención de Actividades Ilegales contra el terrorismo y el delito de “sedición” se han utilizado repetidamente contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y personas que se manifestaban pacíficamente.
Militarización de la función policial
Si bien los gobiernos llevan tiempo apoyándose en tácticas agresivas para controlar policialmente las protestas, en los últimos años ha aumentado la cantidad de fuerza empleada por las fuerzas de seguridad en el desempeño de sus funciones.
Las llamadas “armas menos letales”—como porras, pulverizadores de pimienta, gas lacrimógeno, granadas paralizantes, cañones de agua y balas de goma— son utilizadas indebidamente por las fuerzas de seguridad de forma sistemática. Y, desde principios de la década de 2000, Amnistía Internacional ha documentado una tendencia a la militarización de la respuesta estatal a las protestas, incluido el despliegue de fuerzas armadas y uso de equipo militar. En países como Chile y Francia, las fuerzas de seguridad van bien equipadas con material antidisturbios y suelen estar respaldadas por vehículos acorazados, aeronaves de uso militar, drones de vigilancia, fusiles y armas de asalto, granadas aturdidoras y cañones de sonido.
Durante la sublevación masiva que siguió al golpe de Estado de 2021 en Myanmar, las fuerzas armadas usaron ilegalmente medios letales contra manifestantes pacíficos. Según observadores, más de 2.000 personas han sido asesinadas y más de 13.000 han sido detenidas desde que los militares tomaron el poder.
Desigualdad y discriminación
Las personas que sufren desigualdad y discriminación, ya sea por motivo de su raza, género, orientación sexual, identidad de género, religión, edad, discapacidad, ocupación o situación social, económica o migratoria, también resultan más afectadas por las restricciones del derecho a protestar y sufren mayor represión.
Por ejemplo, las mujeres, la comunidad LGBTI y las personas que no se ajustan a las convenciones de género sufren distintas formas de violencia de género, marginación e imposiciones sociales y legales. En países como Sudán, Colombia y Bielorrusia se han cometido agresiones sexuales contra mujeres por participar en protestas, mientras que en Turquía, por ejemplo, las marchas del Orgullo llevan años prohibidas.
“Nuestra campaña llega en un momento crítico. El valioso derecho a la protesta se está erosionando a una velocidad de vértigo y debemos hacer todo lo posible para evitarlo”, ha afirmado Agnès Callamard.
“Incontables manifestantes han perdido la vida en los últimos años y ahora, también en su nombre, debemos alzar nuestra propia voz y defender nuestro derecho a decir la verdad al poder a través de protestas en la calle y en Internet.”
Información complementaria
El documento Protect the Protest!: Why we must save our right to protest está disponible aquí.
El derecho internacional de los derechos humanos protege el derecho a la protesta en una serie de disposiciones separadas que figuran en varios tratados regionales e internacionales y que, tomadas en conjunto, protegen íntegramente las protestas. Aunque el derecho a la protesta no figure como un derecho diferenciado en los tratados de derechos humanos, las personas que participan en una protesta, ya sea individual o colectivamente, están ejerciendo múltiples derechos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.