La Comunidad de Madrid ha cedido una parcela pública de 15.000 metros cuadrados para el colegio Arenales, gestionado por una fundación del Opus Dei, que separará a los alumnos según el sexo. Las razones que alega el centro de estudios es que "las chicas maduran biológica y psíquicamente antes que los varones, que resultan perjudicados en las aulas coeducativas" y, además, que "suelen presentarse mayores problemas de falta de motivación, frustración, ansiedad e incluso agresividad".
El Gobierno de Esperanza Aguirre cedió hace un año otra parcela en Alcalá de Henares para un centro que aplica la misma política de aislamiento por sexos, y que contó con el apoyo de ese Ayuntamiento. En el caso de Arroyomolinos, la administración local no comparte esa idea. "No me parece bien que se separe a niños y niñas", admitió este viernes el concejal de Educación, el popular Francisco Ferrero, según El País.
"Escuelas segregadoras"
La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, rechazó "este tipo de escuelas segregadoras" y acusó al Gobierno regional de buscar "una escuela pública subsidiaria". Por su parte, el diputado del PSM Mario Salvatierra intervino en el pleno del jueves contra "este modelo de educación asocial" y aseguró que el PSOE "no va a concertar con centros que discriminen a sus alumnos por sexo, religión, orientación sexual o de etnia".
Cobrará 170 euros mensuales
El colegio Arenales cobrará 170 euros mensuales, que justifica con "servicios complementarios", como el bilingüismo, la tutoría o el gabinete de orientación, que los públicos ofrecen de forma gratuita. La Ley Orgánica de Educación (LOE) señala que los colegios concertados, como los públicos, deben ofertar educación sin coste alguno, pero hay centros que disfrazan los cobros como "cuotas voluntarias".
Pagos voluntarios
Alfonso Aguiló, promotor del proyecto en Arroyomolinos, explicó que el coste justifica servicios voluntarios que se prestan "fuera del horario lectivo", como más horas de inglés o más tiempo para las tutorías, y, además, sirve para afrontar gastos corrientes como luz, agua o calefacción que la administración sólo cubre a los centros públicos.
