Comentarios del Observatorio
La cesión de este espacio público, construido por mano de presos de conciencia, políticos y de guerra, es un privilegio a una confesión religiosa que no se justifica históricamente en términos democráticos ya que tiene su origen en un contexto antidemocrático de dictadura militar confesional. Son muchas las opciones que se han barajado para este espacio, pero cualquier escenario que mantenga este privilegio será contrario al principio democrático de laicidad e irrespetuoso de la memoria democrática. Su mantenimiento es un acto injusto ya que, si se contempla la cesión de este bien público a una entidad privada, debería ser objeto de licitación.
Tras la visita de Pedro Sánchez al Vaticano, el cardenal Cobo se ha convertido en el interlocutor principal por parte de la Iglesia
El prior de la Comunidad Benedictina del Valle de los Caídos, Fray Santiago Cantera Montenegro, se ha convertido en una obsesión para el Gobierno de Pedro Sánchez. También ha pasado a ser el centro de la diana de su pretensión sobre el Valle de los Caídos, ahora denominado Cuelgamuros.
Según fuentes conocedoras de las negociaciones que está llevando el Gobierno con la Iglesia Católica en España, a través del Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sobre el futuro de la Comunidad Benedictina del Valle de los Caídos, el Gobierno estaría dispuesto incluso a que la comunidad religiosa de los benedictinos permaneciera, siempre y cuando desapareciera de esa comunidad el prior, Fray Santiago Cantera Montenegro.
El cardenal Cobo, interlocutor
Las negociaciones, dentro de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, se estaban llevando hasta a través de la Nunciatura Apostólica y del arzobispado de Madrid, con el aval de la Conferencia Episcopal Española.
Sin embargo, después de la visita del Presidente del Gobierno a Roma, el pasado 11 de octubre, y la posterior de Félix Bolaños, la Nunciatura Apostólica ha sido preterida a favor del arzobispo de Madrid, cardenal José Cobo, que es quien está ejerciendo de hombre del Papa en España.
Esto está suponiendo que el papel regulador que ejercía el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, haya pasado a un segundo plano.
Información en la Conferencia Episcopal
El hecho de que el presidente de la Conferencia Episcopal no tenga un papel destacado en estas negociaciones afecta a la información que se tiene en la Conferencia Episcopal y que se transmite al resto de los obispos españoles.
Y también a las posibles repercusiones, no sólo de imagen, ante una decisión radical que pudiera tomar el Gobierno y que provocaría un conflicto entre la Iglesia y el Estado. Conflicto que se quiere evitar a toda costa.
Dentro de las posibles soluciones que se pueden dar al supuesto de que se siga manteniendo la presencia de una comunidad religiosa en la Basílica, una vez que el Gobierno ha aceptado la dificultad que supondría desacralizar ese templo por ser la causa de un conflicto internacional, se encontraba la de que se sustituyera la actual comunidad benedictina por otra institución religiosa, como la comunidad de San Egidio. Propuesta que no era vista con malos ojos por el actual interlocutor por parte de la Iglesia.
Salida del prior Santiago Cantera
Sin embargo, el apoyo que inicialmente, tanto desde la Nunciatura como desde la Conferencia Episcopal, dieron a la permanencia de la comunidad benedictina hizo que el Gobierno plantee, como nueva posibilidad, que continúe los benedictinos pero con la condición de que desaparezca de escena el actual prior, Fray Santiago Cantera Montenegro.
Con todo, ese plan no evitaría que se destinara parte del espacio a un Memorial de la Memoria Democrática.
Tanto Félix Bolaños como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acusan al actual Prior de lo que consideran radicalización política de la Comunidad, y de ser el responsable de las trabas puestas a la exhumación de los restos de Franco, así como de una serie de actuaciones judiciales posteriores sobre la exhumación de los restos de quienes están enterrados en la Basílica.
Las negociaciones siguen en curso. El Gobierno pretende tener resuelta esta cuestión antes de final de año.
