El acuerdo de Gobierno prevé la derogación de la Ley para la Mejora de la Ley Educativa —conocida como ley Wert— que sacó a la calle a cientos de miles de personas. La ley Celaá ya está registrada en el Congreso para empezar su tramitación. Supone terminar con los itinerarios que separan a los niños con 3 años o que Religión siga siendo voluntaria –sin tocar los acuerdos con el Vaticano– pero sin asignatura alternativa (materia espejo) y que no sirva para hacer media en las notas, lo que condiciona el acceso a la Universidad o la obtención de una beca. En la actualidad muchos alumnos optan por esta materia, aunque no tengan fe, porque suele subir la puntuación, mientras asignaturas como Francés o Tecnología Industrial no lo hacen. Presumiblemente va a suponer que, sin rédito académico, bajen las matriculaciones en esta materia cuyo profesor paga el Estado, pero designa la Iglesia. Durante los gobiernos socialistas Religión era una optativa —en vez de Ética— que se evaluaba pero que no computaba para la media.
Aunque el pacto de estos partidos propone que los centros no puedan segregar por sexos, en realidad, el Tribunal Constitucional dictaminó en 2018 que esta práctica «no causa discriminación». Plantean también «informar a las familias de que las aportaciones son voluntarias».
Los partidos se comprometen asimismo a que los libros, el comedor y el material sean gratuitos para todos los niños desfavorecidos en primaria y ESO, pero no se cita bachillerato y FP Superior. En ese caso, como con los universitarios, se pretende mejorar las becas. Además, se quiere diseñar un plan especial contra el fracaso escolar y el abandono temprano de las aulas –el dinero se ha multiplicado por cuatro este curso-, ya que España tiene el peor dato de toda la Unión Europea (17,9% frente al 10,6% de media en la UE). Inciden en la carrera de los docentes, cuyo estatuto lleva años sin aprobarse y en terminar con la temporalidad de los interinos —que crecieron hasta el 30% con la crisis—, pero la convocatoria de oposiciones es asunto de los Gobiernos regionales que están haciendo un esfuerzo estos años.
El plan más ambicioso es extender la educación infantil gratuita de cero a tres años, muy recomendada por la Unesco. Pero no cifra el gasto que sería muy alto. Sin embargo, sí que detalla una subida del gasto en educación hasta el 5% del PIB paulatinamente hasta 2025. En 2016 invirtió un 4,2%, lejos del 4,9% (máximo histórico) que alcanzó en 2009 también con los socialistas.
Los partidos se comprometen a aligerar la acreditación de nuevos títulos, un proceso que se eterniza un mínimo de año y medio; a que las universidades dejen de estar infrafinanciadas –un hecho que reconocen todos los partidos– y a que las becas se reciban al principio de curso y no casi a finales. Lograrlo supone una reforma enorme que implique a la Agencia Tributaria. A la partida para becas y ayudas al estudio en 2018, que alcanzó este año los 1.575 millones de euros, en el acuerdo fracasado de Presupuestos 2019 se sumaron 536 millones. En esta ocasión no se especifica. Abogan también porque se bajen las tasas de matrícula, pero mientras no se destine más fondos a las autonomías no van a dar el paso.