LA ASOCIACIÓN CULTURAL ESCUELA LAICA DE VALLADOLID VALORA MUY NEGATIVAMENTE EL ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN CON LOS OBISPOS SOBRE LOS “PROFESORES” DE RELIGIÓN
La Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid (ACEL) quiere salir al paso de la noticia aparecida en los medios de comunicación según la cual la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha firmado un convenio con las diócesis y archidiócesis de la comunidad para formar y seleccionar a los profesores de religión católica y darles los mismos derechos y obligaciones que el resto de docentes, que pasarán a formar parte del claustro a todos los efectos en los centros dependientes de esta administración pública.
Sin conocer aún el contenido exacto de dicho convenio, ACEL considera grave que se destinen fondos públicos (y más en época de crisis) para fines que favorecen creencias particulares en vez de gobernar para todos los ciudadanos. Con ello la Junta de Castilla y León demuestra una vez más estar al servicio de unas creencias particulares y no de los ciudadanos de esta comunidad, recordando el nacional- catolicismo de otras épocas que se resisten a abandonar.
Del contenido de la noticia surgen de forma inmediata innumerable dudas cuya respuesta mucho nos tememos que vayan en sentido contrario a lo que la legislación vigente establece, incluidos principios constitucionales como el de igualdad.
Así, cuando se afirma que estos “profesores” (en realidad catequistas) tendrán “los mismos derechos y obligaciones que el resto de docentes” surge de forma inmediata la pregunta ¿su selección se regirá entonces por los criterios de capacidad, méritos e igualdad, mediante oposición de oferta pública de empleo, como ocurre con los profesores funcionarios de carrera?
Independientemente de la respuesta, que parece obvia, la intención de este convenio parece clara en este sentido: tratar de legitimar la presencia del adoctrinamiento religioso en la enseñanza pública otorgando mayor protagonismo a la administración, para ocultar así el poder de decisión absoluto de la jerarquía eclesiástica en el nombramiento discrecional de estos catequistas, que es visto por la sociedad como algo impropio de un Estado de Derecho. Por ello este convenio no es sino una estratagema que pretende presentar como un avance lo que no es sino un burdo intento de afianzar la presencia del adoctrinamiento religioso en la enseñanza pública.
Otra pregunta que surge, dentro de esa pretendida igualdad con el resto de profesores en los claustros de los centros: ¿podrán estos catequistas sustituir a cualquier profesor, incluido el que se encargue de la atención educativa de los alumnos que no hayan elegido religión? Es obvio que podría producirse un disparate que vulnere gravemente los derechos de dichos alumnos.
Las palabras del Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Juan José Mateos, a propósito de la firma de este convenio contienen expresiones y conceptos que ACEL califica de graves y que precisarían una explicación. Así, indica que este acuerdo se basa en “el respeto a la Constitución” y posibilita que “los alumnos puedan educarse en libertad”. Si se refiere a que los padres tienen el derecho de elegir la educación que quieren para sus hijos, en virtud del principio constitucional básico de igualdad quien desee para sus hijos una formación acorde con cualquier otra ideología o creencia, de tipo religioso o no religioso ¿va a contar también con profesores pagados y formados para impartir marxismo, ateismo, humanismo, anarcosindicalismo y una lista infinita de creencias ya que cada ciudadano tiene la suya? Lo contrario sería un atentado al principio de igualdad (los derechos de las personas o son universales o no son derechos sino privilegios). Por ello está claro que ese derecho de elegir el tipo de educación que se desee para sus hijos no significa en modo alguno que tenga que ser a gastos pagados, en la escuela y en horario lectivo mientras se priva al resto de alumnos de poder aprovechar todas las horas lectivas para materias curriculares, como sería exigible desde le punto de vista cultural y pedagógico, sino que significa que cualquier ciudadano tenga garantizada la libertad de llevar a sus hijos en su tiempo libre a recibir el tipo de enseñanza que le parezca oportuna, pero sin interferir en el desarrollo y horario de la enseñanza reglada. Como cualquier ciudadano que tiene el derecho reconocido de ir al cine, al teatro, al fútbol…, pero no a que se lo pague la administración ni a que se desarrolle el la escuela y en horario lectivo.
También alude Juan José Mateos a la “finalidad de dar un mejor servicio a la sociedad” y a la “necesidad de que la enseñanza religiosa se desarrolle en las mismas condiciones que el resto de las materias”. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI pueda pretenderse la equiparación de los conocimientos con las creencias y además presentarlo como un servicio a la sociedad? Porque de lo que se está hablando es de clases de religión desde el punto de vista confesional y misionero, no de una asignatura que aborde el papel de las religiones en la historia, la cultura, la filosofía…, que tratado desde un punto de vista neutral y sin omitir los aspectos los negativos de las religiones, sí sería una asignatura.
ACEL se pregunta así mismo el coste que va a tener para las arcas públicas la “formación”, las “ayudas” y las “subvenciones” de las que habla en convenio, y si tales gastos se van a multiplicar haciéndolas extensivas también a otras confesiones, por lo que exige conocer el montante económico y los términos exactos del convenio, que como acto administrativo que es debe facilitarse su contenido a los ciudadanos.
Si alguien dudaba del carácter de este convenio y el papel de la Junta de Castilla y León en él, las manifestaciones del Obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, disipan la duda. Martínez Sacristán se ha felicitado por este acuerdo que “no supone un punto final, sino un punto y seguido en la leal colaboración entre la Iglesia y la Junta ya que tras esta firma la iglesia se siente reconocida y valorada en su presencia en la escuela” (lo cual supone reconocer que los profesores de religión son en realidad catequistas), al tiempo que asegura que este acuerdo evita “condenar la religión al ostracismo del laicismo radical y excluyente”, expresión que parece el tótem al que recurrir cada vez que se pretende perpetuar sus privilegios. Añade el obispo de Zamora que “el Estado español está sujeto a un acuerdo con la Santa Sede de carácter internacional para la enseñanza de la Religión Católica”.
Este convenio añade nuevas obligaciones a los poderes públicos, al hacerse cargo de la preparación y selección de un personal cuyo cometido (adoctrinar en determinadas creencias) resulta ajeno a la función educativa que les corresponde.
Por todo lo anterior ACEL exige la anulación del citado convenio suscrito entre la Junta de Castilla y León y la máxima jerarquía eclesiástica en esta comunidad autónoma por vulnerar gravemente el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado. El camino para cumplir dicho principio no es destinar más recursos (económicos, materiales, de horario…) a las religiones en los centros de enseñanza sino todo lo contrario: sacar de las aulas la “enseñanza” confesional de las religiones y con ello a quienes ejercen de transmisores de tales creencias, que en ningún caso pueden equipararse al profesorado que imparte conocimientos.
Ello solamente es posible en el marco de una educación pública y laica, que haga realidad el lema “la educación en las escuelas y la religión en las iglesias”, para la que a su vez es imprescindible la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede.
Archivos relacionados
