Ante las declaraciones de Ayuso y Martínez-Almeida, cabe recordar que el aborto es un derecho y se debe garantizar el acceso a todas las mujeres.
El aborto vuelve a ser tema de debate o, más bien, de denostación. De nuevo, datos falsos y falacias circulan por los telediarios. El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido volver a la ley del aborto de 1985 y considera que su partido ha perdido muchos votos por no cumplir esa promesa. Aquella norma prohibía el aborto en todos los casos, excepto en caso de riesgo grave para la salud de la mujer, violación y malformación del feto. Y en varias ocasiones su partido se ha manifestado a favor de volver a penalizar el supuesto de la malformación. Hay que recordar que la actual ley del aborto permite interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 —hasta la 22 en caso de malformación o riesgo para la salud de la madre—.
En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado sin tapujos que «las feministas de PSOE y Podemos celebran el aborto como una fiesta». La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no ha tardado en calificar esas palabras de «muy graves» y pedir que se disculpe con las mujeres que se han visto obligadas a interrumpir su embarazo.
Pero Ayuso no se ha conformado con eso. Ha criticado duramente a las mujeres que abortan «hasta cuatro veces», aunque los datos del ministerio de Sanidad reflejan que son una minoría. En 2020, unas 90.000 mujeres interrumpieron su embarazo en España. De ellas, apenas 2.400, el 3%, pasaba por su cuarto aborto. De hecho, para la mayoría, alrededor del 65%, era la primera vez y la mitad de ellas eran menores de 24 años. El uso político y demagógico de unas cifras tan minoritarias es una constante en el PP y ha sido duramente criticado por organizaciones feministas y clínicas especializadas.
Finalmente, ha dicho que el aborto «tiene que ser legal, seguro, pero poco frecuente». Sin embargo, las organizaciones continúan pidiéndole que destine recursos públicos a la educación sexual y a la prevención de embarazos no deseados, así como al acceso a los anticonceptivos.
Acoso y objeción de conciencia
Estas declaraciones llegan casi un mes después de que el Congreso apoyara ampliamente —con la excepción de PP y Vox— la penalización del acoso a las mujeres que van a abortar. Y es que un informe de 2018 de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) revelaba que el 89% de las mujeres que acudieron a abortar se habían sentido acosadas y un 66%, amenazadas.
Durante esos acosos, grupos ultracatólicos y de extrema derecha abordan a las mujeres con fotografías, fetos de juguete y proclamas contra el aborto cuando se disponen a entrar a la clínica. Su intención es que cambien de decisión, pero no a través de argumentos, sino de coacciones, intimidación y hostigamiento, como refleja el texto legislativo.
Igualmente, últimamente se han conocido casos de comunidades autónomas donde el aborto, a pesar de ser un derecho, está siendo obstaculizado por una red de sanitarios que alegan «objeción de conciencia», algo que Almeida también ha aplaudido. Por su parte, los tribunales han admitido que pueden abstenerse de practicarlo, pero deben garantizar la atención previa y posterior al procedimiento. El problema está cuando se coacciona a otros sanitarios para que también objeten o directamente no hay nadie en la comunidad que lo realice.
Así, esta objeción entra en conflicto con el derecho cuando no se ofrecen alternativas y una mujer debe pasar esas semanas de cuenta atrás buscando desesperadamente un lugar, en ocasiones cruzando de comunidad autónoma, con el retraso que esto conlleva. Porque sí, a los grupos ultracatólicos y a la extrema derecha se les llena la boca con que un feto es una persona y debe vivir, pero, una vez que ha nacido, desaparecen del mapa y nadie ofrece ayudas reales y eficaces a una mujer cuyas circunstancias pueden ser muy variadas.
Hay que recordar que el aborto es un derecho, no una obligación. Restringiéndolo o prohibiéndolo simplemente se facilita el acceso a quienes tienen recursos para pagar uno en el extranjero y se condena a quienes no a pasar por penalidades y procesos que suponen un riesgo para la salud. El aborto no se acaba por prohibirlo, simplemente se les prohíbe a las mujeres pobres y se garantiza a las ricas. Es una herramienta legítima que debe ir acompañada de una sólida educación sexual y concienciación de las distintas posibilidades y alternativas, así como un acceso absoluto a métodos anticonceptivos. Y, a diferencia de lo que desde la extrema derecha pretenden comunicar, el aborto es un proceso traumático para todas las mujeres.
