El futuro de la Fundación Abogados Cristianos es incierto porque sus demandas se sustentan, en la mayoría de los casos, en la “vulneración de los sentimientos religiosos”. Y el gobierno tiene la intención de despenalizar esta figura delictiva
La última ha sido la decisión de suspender cautelarmente las exhumaciones de la basílica del Valle de Cuelgamuros. A los jueces no les bastó con anular la licencia municipal otorgada por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Ahora, el juzgado número 11 de Lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional va a decidir, en las próximas horas, si mantiene la medida cautelar que dictaminó a principios de esta semana a instancias de la asociación Abogados Cristianos que se ha convertido, a falta de la legitimación de la Fundación Francisco Franco, en el verdadero caballo de batalla judicial contra las decisiones del Gobierno. La ley de Memoria Democrática está siendo combatida por todos los medios por los jueces que se ponen, de esta manera, al lado de la extrema derecha franquista. Así no habrá manera de reparar el daño que el dictador hizo al sepultar allí, en contra de las familias, a republicanos represaliados.
La decisión de la Audiencia Nacional se ha llevado a cabo atendiendo a la demanda de la nieta de una mujer sepultada allí que argumenta que, con la exhumación del cadáver de su abuela, se está vulnerando el derecho a la libertad religiosa. Uno de los argumentos más utilizados por Abogados Cristianos para recurrir las decisiones del gobierno. Esta organización, fundada en 2008, dice defender “la cultura de la vida y la familia” pero, en realidad, lo que está haciendo es convertir en un infierno judicial todo aquello que ose ofender el sentimiento religioso. Presentó una querella criminal contra la exdirectora general de la guardia Civil, María Gámez, por la publicación en Twitter, hoy X, de la bandera LGTBI junto a la enseña del cuerpo durante la celebración del Día del Orgullo Gay. Pidió medidas cautelares que no fueron aceptadas. Al mismo tiempo, presentó una denuncia contra el Ayuntamiento de Cádiz, entonces gobernado por José María González “Kichi”, por poner una bandera LGTBI en el balcón principal del consistorio. En esta ocasión, el juzgado de Lo contencioso Administrativo número 1 si adoptó medidas cautelares y la bandera tuvo que ser retirada.
Desde que empezaron a escrutar actos y opiniones ajenas, en 2008, Abogados Cristianos se ha querellado contra la exministra de Educación Isabel Celaá, contra el colectivo Femen, contra el vicepresidente de Madrid en el primer gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, contra el actor, Willy Toledo, por llamarles fundamentalistas y trogloditas, contra el periodista Arcadi Espada, por lo que ellos dicen fueron declaraciones “contra las personas con síndrome de Down”, contra el exrector de la Universidad Complutense José Carrillo, por haber expulsado a estudiantes de una de las capillas del centro, y contra la Drag Queen, Borja Casillas, por haber utilizado símbolos religiosos durante un festival en Las Palmas de Gran Canaria. Son sólo algunos de los nombres más sonados. La lista es mucho más larga.
Aunque oficialmente dicen ser “apolíticos”, en sus filas encontramos a Juan José Liarte, diputado de la asamblea de Murcia por Vox, que es uno de los patronos de la Fundación. El marido de la presidenta, Polonia Castellanos, el economista Alfonso González Rodríguez-Vilariño, fue candidato de Vox al Senado, y el responsable de promoción y márketing, Norberto Domínguez, también fue en las listas municipales de Vox a la alcaldía del municipio madrileño de Villanueva del Pardillo. A otros cualificados miembros se les ha relacionado con la secta El Yunque.
Es una asociación que cuenta con muy buenas relaciones en sectores judiciales. Aún así, no todas sus demandas prosperan. La gran mayoría de las querellas que presentan acaban por ser archivadas pero las que tienen mas relevancia política como las emprendidas contra el colectivo LGTBI o esta última de las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros, acaban por ser tenidas en consideración por jueces y magistrados.
Lo que nadie entiende es como una asociación que dice no contar con subvenciones y que funciona gracias a las “aportaciones privadas” se puede permitir el lujo de presentar querellas en los tribunales teniendo en cuenta que la ley exige un depósito que en muchos casos alcanza los 3.000 euros para poder personarse en este tipo de demandas. En el supuesto de que se ganen, esa fianza se devuelve pero, en caso contrario, se quedan en el juzgado. Según datos de la asociación progresista Juezas y Jueces para la democracia, la mayoría de las querellas presentadas por Abogados Cristianos o se archivan o se pierden por lo que se quedan sin los fondos. Así pues, el quebranto es considerable.
Una de sus acciones más sonadas fue la recogida de 50.000 firmas, según sus cálculos, que presentaron a la vicepresidenta del gobierno de la época, Carmen Calvo exigiendo que no se tocase la cruz de la basílica del Valle de Cuelgamuros. “¡La cruz y los monjes del Valle están en peligro!” fue su grito de guerra. Presentaron acciones judiciales que todavía están por resolver. Algún juez ha llegado a manifestar su acuerdo con esta reivindicación.
Porque a pesar de que algunas de las demandas tienen escaso recorrido judicial lo cierto es que los jueces sí las admiten a trámite, aunque, al final, acaben por archivarlas. Las últimas, en las que arremeten contra las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, sí están siendo tenidas en cuenta por un sector de jueces conservadores. En juezas y Jueces para la Democracia creen que la Fundación Abogados Cristianos está influenciando, cada vez más, en la carrera, tanto la judicial como la fiscal. De ahí que iniciativas tan fundamentales para el gobierno como es la aplicación de la ley de memoria democrática se esté encontrando con serios obstáculos.
El futuro de la Fundación Abogados Cristianos es incierto porque sus demandas se sustentan, en la mayoría de los casos, en la “vulneración de los sentimientos religiosos”. Y el gobierno tiene la intención de despenalizar esta figura delictiva. Si, al final, se suprime el artículo 525 del Código Penal que hace referencia a este tipo de ofensas, a AAC le quedarán escasas posibilidades de seguir ejerciendo sus acciones, aunque seguirá siendo un lobby ultracatólico de notable influencia en la judicatura
