En los últimos años de la administración educativa del PP, la consellera María José Catalá se prodigó en todo tipo de trapisondas –algunas de ellas actualmente en investigación judicial– para favorecer a los centros privados católicos en detrimento de la enseñanza pública, a la que abandonó. Pero la medida que tuvo más eco en la comunidad escolar fue la implantación del distrito único para la admisión de alumnos, sustituyendo, en nombre de la igualdad y la libertad, el criterio de proximidad del domicilio al centro por los de antecedentes familiares en el centro y matriculación en estudios de música y danza, lo que aseguraba a los centros concertados la continuidad de las estirpes sociales más pudientes y la inaccesibilidad de los nativos e inmigrantes pobres.
La nueva Administración, atendiendo las reivindicaciones de la comunidad escolar, reestableció los distritos escolares como unidad de planificación escolar. Hace unas semanas reapareció en los medios de comunicación el fantasma del distrito único en un informe elaborado por una comisión de la Dirección Territorial de Valencia que se pronunciaba por una reducción radical de los distritos, regresando a cuatro y siete grandes zonas según los niveles educativos. La propuesta no fue aceptada por la conselleria, pero conociendo a algunos de los autores del informe y su concepción de las relaciones pública/concertada, el debate puede reaparecer más pronto que tarde.
En la etapa de la escolarización extensiva, la preocupación central de las autoridades educativas estribaba en la preparación de los más variados contenedores escolares para colocar al alumnado. Es en la época de la escolarización intensiva donde aparecen los criterios de economía escolar y calidad pedagógica.
El centro de proximidad ofrece a las familias economía en los gastos de escolarización –el coste y tiempo en los desplazamientos, opcionalidad en el comedor escolar…– posibilidad de organización colectiva del envío y recogida de los hijos al centro, arraigo del alumno en su medio, acceso fácil al profesorado, participación a través de la comunidad escolar en la gestión del centro y en las actividades extraescolares…
Los adversarios de la barrera de proximidad, como bautizaron a los centros próximos al domicilio, planteaban la posibilidad de que el centro próximo fuese de baja calidad. Si esta baja calidad se comprueba objetivamente, la comunidad escolar puede y debe sin dilación requerir a la dirección territorial a que tome las medidas adecuadas –comprobación de las debilidades señaladas, asistencia técnica, adjudicación de recursos humanos y materiales, formación del profesorado…– para organizar un centro eficiente. Y claro, dado que el centro de proximidad es un derecho pero no una obligación, siempre cabe el ejercicio de la libertad de elegir centro dentro de los parámetros constitucionales y legales.
En resumen, esa drástica reducción que plantea el informe y cuyas únicas ventajas parece que son las burocráticas, supone en la práctica la desaparición progresiva de los distritos escolares. Ajustes del número de distritos sí, sustitución de los distritos por amplias zonas escolares en las que reaparezca la necesidad del transporte escolar y todo lo que lleva aparejado, no.
