Es decir, el asunto que toca el Gobierno es en extremo sensible, porque va más allá de sólo la materia de Religión en la educación; tiene que ver con los vínculos que sostiene un Estado con la Iglesia, como institución que aporta al d
Era sabido que el Congreso Nacional de la Educación, que se realiza en Sucre, tocaría uno de los temas más sensibles del debate nacional de los últimos meses, como es la enseñanza de la Religión católica en las escuelas y colegios, tanto privados como públicos, de Bolivia. Se trata de una temática que, además, involucra íntimamente la discusión sobre lo que significa el Estado laico y lo que es el laicismo, presuntamente distinto uno del otro.
El Gobierno quiere modificar el alcance de la materia de Religión en la formación educativa, con la intención de que, como ha afirmado el ministro del ramo, Félix Patzi, “no habrá más monopolio en la educación de una religión, sino respeto, derecho y libertad de practicar la fe que nos identifique, desde las religiones orientales hasta las que son practicadas por nuestros pueblos originarios, sin exclusión sino de mutuo respeto”. Y es en esto último que menciona el ministro Patzi donde probablemente radica el meollo del asunto.
La Constitución Política del Estado vigente dice en su artículo 3: “El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con la Iglesia Católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado Boliviano y la Santa Sede”. Este artículo, donde se reconoce la libertad de cultos pero sin mencionar a las religiones originarias, es lo que se quiere cambiar en busca de un Estado laico, donde no se prescinda de la instrucción religiosa pero sí se la adecúe al tipo de creencia que profesan los estudiantes.
Sobre el particular, la Iglesia Católica se ha conducido cuidadosamente, con serenidad, a través de su jerarquía y del cardenal Julio Terrazas, quien ha manifestado que se defenderá “el gran principio de que es el derecho universal para profesar una religión”, como algo irrenunciable, que no se puede negociar. Pero, además, el Cardenal ha pedido al Presidente que no se confunda un Estado laico, que es el que se anuncia hoy, con el laicismo, que va más allá todavía. El laicismo “defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, de toda influencia eclesiástica o religiosa”. Eso, como se ve, es una ruptura con las religiones en general.
Para poner las cosas claras. Aparentemente entre el Gobierno y la Iglesia Católica existe un punto de coincidencia que es el principio de respeto hacia la religión que profesa la población y, en el caso de la educación, el estudiante. Entonces, ¿dónde está la contradicción y la polémica? Está en que el Gobierno no termina de aclarar hasta dónde es el límite de su propuesta, porque si ésta atraviesa al laicismo, el riesgo es muy alto debido a que se podría perder la religiosidad o el sentido religioso.
No se puede negar que el aporte de la Iglesia Católica a la educación ha sido y es fundamental, tanto en occidente como en oriente. Por tener una población cuya mayoría se declara católica, muchas familias bregan porque sus hijos, sea en la educación privada o pública, tengan formación religiosa, de fe.
Es decir, el asunto que toca el Gobierno es en extremo sensible, porque va más allá de sólo la materia de Religión en la educación; tiene que ver con los vínculos que sostiene un Estado con la Iglesia, como institución que aporta al desarrollo.
