ArgAtea criticó también al ministro de Educación de Salta, Leopoldo Van Cauwlaert, por haberse referido a los credos no católicos como «otros» cultos.
El texto, dirigido a la Legislatura de Salta, al gobernador Juan Manuel Urtubey, a la presidenta Cristina Fernández, "a los ciudadanos de Salta en pleno ejercicio de su voluntad" y a los medios de comunicación, la Asociación repudió la ley "en tanto va en contra del espíritu de la escuela laica base fundamental de un sistema educativo libre, público, laicista, plural y tolerante, característica y virtud de nuestro sistema educativo".
La entidad destacó que en ninguna de sus partes la ley "hace mención a que estos contenidos religiosos estén sujetos a esos principios imprescindibles para forjar una sociedad democrática, madura y saludable, impulsada hace más de un siglo por Domingo F. Sarmiento y modelo para toda América Latina".
Además, la ley "es una grave violación al derecho de igualdad consagrado en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional", "infringe (…) la ley nacional antidiscriminatoria Nº 23.592", y está en contradicción con el artículo 11 de la Constitución de Salta, que afirma: "Nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa".
La Asociación puso de relieve que la ley "necesita que cada alumno, o familiares, `digan` si creen o no y en qué", lo que "estimula la confección de un registro de los alumnos que no son católicos revelando así información que debe estar reservada al ámbito privado y es confidencial (con lo que choca con la ley de habeas data), además generará discriminación sobre aquellos menores de edad que deberán abandonar el aula cuando difieran en creencia, perdiendo así una hora valiosa de clase y ser estigmatizados -en contra de su voluntad- como diferentes".
Asimismo, señaló ARGATEA, la ley de educación hace referencia a la Iglesia Católica en cuanto responsable de las acciones educativas y se refiere al el resto de los cultos como "otros".
"Las autoridades salteñas debieran reconocer que no hay `otros"` credos. Es decir que no hay uno a partir del cual deba hablar un funcionario y referirse a los demás como `otros` credos, como irresponsablemente afirmó el ministro de Educación de la provincia", sostuvo.
Y finalmente, la ley es contraria al espíritu de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, según a cual "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión".
