La plataforma que reclama la titularidad pública eleva su petición a la Unesco «Si la Iglesia ha inmatriculado un bien no significa que sea suyo»
Ni desamortización, ni expropiación. Nada de esto es lo que pretende la plataforma que desde hace un par de semanas puso en marcha una campaña online de recogida de firmas para conseguir la titularidad pública del principal monumento de Córdoba, su Mezquita-Catedral. No es el objetivo, explica el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba (UCO) e impulsor de dicha plataforma, Antonio Manuel Rodríguez, porque este bien nunca fue de la Iglesia. Ésta solo ha generado una "apariencia" de que es suyo por el mero hecho de registrarlo en marzo de 2006 por 30 euros, sin publicidad y sin pagar impuestos.
Rodríguez, no obstante, reconoce que la Mezquita de Córdoba no estaba inventariada como un bien de dominio público, pero advierte que tampoco estaba registrada por la Iglesia como una de sus propiedades. A juicio del profesor de la UCO, esto es algo importantísimo, pues el monumento se encontraba en una especie de vacío jurídico por el simple hecho de que una parte de él estaba, y está, destinado a un uso confesional, "aunque su verdadero uso sea el turístico".
El Obispado de Córdoba cobra por entrar a la Mezquita-Catedral ocho euros, pero lo hace en concepto de "donativo" para evitar que este dinero tribute al no reconocer la actividad económica que se desarrolla por sus visitas al principal templo de la ciudad.
La revocación de la propiedad es posible durante los diez primeros años desde la inmatriculación del bien, como explica Antonio Manuel Rodríguez, y han de solicitarla las administraciones, que tienen hasta 2016 para hacerlo. El reloj juega en su contra. Rodríguez ofrece a EL MUNDO de Andalucía tres pasos a seguir para conseguir 'arrebatar' la Mezquita-Catedral a la Iglesia.
1-. Desde un punto de vista social, los ciudadanos lo único que pueden hacer es movilizarse. Y en ésas andan. La plataforma ha puesto en marcha una recogida de firmas a través de change.org. Como reto se han propuesto llegar a un mínimo de 150.000 de las que ya han recogido 100.000, entre ellas las de destacadas personalidades del mundo de la cultura y las letras, como Antonio Gala, José Manuel Caballero Bonald o el guitarrista flamenco Manolo Sanlúcar. Se trata de una medida de presión para hacer reflexionar en torno a esta polémica y propiciar el debate. En cualquier caso, las rúbricas se adjuntarán al documento que se presentará a la Unesco y a la propia Junta de Andalucía.
2-. Desde un punto de vista institucional, pedirán a la Unesco que intervenga en el asunto en la reunión que se celebrará a principios del próximo verano de su comisión de Patrimonio. A este órgano la plataforma quiere trasladar su "preocupación" por la gestión del monumento al entender que pone en peligro su simbología como paradigma universal de concordia entre culturas. "La Mezquita es mucho más que una Catedral o que su uso excepcionalmente confesional", apunta Rodríguez.
En cualquier caso, este colectivo tiene claro que la Unesco únicamente intervendrá en comprobar cómo se está gestionando este bien, declarado Patrimonio Mundial, y también si la eliminación de la palabra 'Mezquita' de la información promocional y "la manipulación que se está haciendo con relación a la memoria andalusí se está poniendo en peligro".
A la Unesco, por tanto, solo se le exigirá que elabore un Código de Buenas Prácticas para que la gestión del monumento se acomode a criterios estrictamente científicos.
3-. Desde la perspectiva jurídica, solo la Junta de Andalucía como administración puede intervenir. El objetivo de la plataforma es dejar claro al Gobierno autonómico que la Mezquita de Córdoba se registró de forma "ilegal" utilizando dos normas franquistas y preconstituiconales. "Inmatricular no significa que pertenezca a la Iglesia católica", apunta Antonio Manuel Rodríguez.
Éste explica que la Junta ha de intervenir en el fondo y la forma de la cuestión. Según Rodríguez, nada de esto habría ocurrido si la Iglesia católica no registra en 2006 el monumento como suyo. Para hacerlo utilizó dos normas "anticonstitucionales burdamente". Una de ellas equipara a la Iglesia con una administración y la otra, a los diocesanos con funcionarios públicos. Por tanto, que el monumento fuese propiedad del estamento eclesiástico "tendría sentido durante la dictadura, pero no en democracia y con una Constitución que dice que España es un Estado aconfesional".
Nulidad de la inmatriculación
En este sentido, la "obligación" de las administraciones públicas es conseguir que se declaren nulas las inmatriculaciones y, por tanto, nulos también todos los efectos que éstas hubiesen provocado. La única solución es conseguir que la Junta de Andalucía "ataque" la inscripción del bien para que todo vuelva a la situación previa a 2006. Y es que, a juicio, de este profesor, está "clarísimo que es a partir de entonces cuando la gestión del monumento es más confesional". La razón, según entiende éste, es que es en esa fecha cuando crean la apariencia de que es suyo. "Entonces lo llaman como quieren aún a costa de manipular la Historia".
Por otro lado, la Junta tendrá que actuar respecto al fondo consiguiendo la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba. La administración autonómica, explica Antonio Manuel Rodríguez, está "legitimada" para solicitarla, aunque tendrá que elaborar un informe -que ya ha encargado- para ver a quien corresponde esa titularidad. En el caso de que sea del Estado, la Junta puede "exigir" al Gobierno que declare esa titularidad pública. Y es pública "porque ningún argumento confesional se puede utilizar con valor jurídico después de 1978". A esto se une que ningún bien que son de dominio público, como la Alhambra de Granada o el acueducto de Segovia, no puede adquirir por la posesión en el tiempo, que es una de los argumentos que da la Iglesia para justificar que la Mezquita-Catedral es de su propiedad.
Antonio Manuel Rodríguez, uno de los propulsores de la plataforma 'Por una Mezquita de todos'. MADERO CUBERO